Con base en cifras de 2018, México tiene la proporción más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de adultos de entre 25 y 64 años de edad, con un título de educación superior, apenas 17 por ciento, cifra muy inferior al promedio del organismo que se ubica en 37 por ciento.
Lo anterior lo revela un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados federal, el cual describe de manera general, la problemática que enfrenta la Educación Superior y de Posgrado en México en cuanto a varios tópicos.
Señala que de acuerdo con diversos estudios, particularmente de la OCDE, México carece de una visión para la Educación Superior y de Posgrado, así como de mecanismos de dirección eficaces para este nivel de educación, principalmente en lo que respecta a la calidad y la diversidad de los programas educativos, lo que impacta directamente su vinculación con el mercado laboral.
Advierte que dicha problemática deviene de la fragmentación de la estructura de la Educación Superior y de Posgrado que, en el país se encuentra organizada en diversos subsistemas, lo que afecta directamente sus formas de gobernanza, de financiamiento y, por ende, en la influencia del gobierno sobre estos, lo que dificulta la instrumentación de políticas públicas encaminadas a garantizar su calidad.
Al respecto señala que solo dentro de la Educación Superior y de Posgrado con financiamiento federal, se ubican subsistemas como: Universidades Públicas Federales, Universidades Públicas Estatales, Institutos Tecnológicos, Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas, entre otros.
«Esta fragmentación también contribuye a la falta de información sobre la educación superior y de posgrado con relación a su calidad y vinculación con el mercado laboral, dificultando la instrumentación de políticas en este ámbito, y por ende el desarrollo del país», advierte el documento.
Dio a conocer la existencia de la concentración de la matriculación en áreas administrativas y sociales, en detrimento de áreas vinculadas al desarrollo científico y tecnológico, pues en 2018, las preferencias se concentraron en administración de empresas y derecho (37.8 por ciento), mientras que solo 8.1% se matriculó en programas de ingeniería y 4.5 por ciento en ciencias naturales, matemáticas y estadística.
Considera que en México no existe una política pública de gasto encaminada a mejorar la calidad de la Educación Superior y de Posgrado, ni una visión estratégica que instrumente acciones que conduzcan a promover áreas de estudio, particularmente relacionadas con la innovación en ciencia y tecnología, que promuevan el desarrollo económico del país.
Por el contrario, el Gobierno Federal ofrece financiamiento ordinario a las instituciones públicas de educación superior y de posgrado, con base en el número de estudiantes y de personal, en las tendencias históricas y en las negociaciones con instituciones individuales, no con base en su calidad, programas de estudio, nivel de contribución al desarrollo económico del país, ni por la vinculación con el mercado laboral.
