Rafael López y redacción/Milenio
En lo que va de este año, 18 gobiernos estatales inscribieron financiamientos con bancos privados y públicos por 63 mil 865 millones de pesos, cifra que representa un aumento de 70 por ciento respecto a la cantidad de dinero solicitado en el mismo periodo de 2018, de acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las entidades que han firmado los montos más grandes son Chihuahua y Jalisco, pues entre ambas concentran 75 por ciento del total nacional entre el periodo del 1 de enero al 1 de agosto de 2019.
Entre los bancos que más recursos han repartido para apoyar las finanzas de los gobiernos estatales están el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con 20 mil 335 millones de pesos, seguido por BBVA Bancomer, con 14 mil 979 mdp, y Banorte, que ha firmado contratos por 11 mil 318 mdp este año.
El Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente de la SHCP muestra que el gobierno de Chihuahua ha solicitado este año 28 mil 854 millones de pesos mediante 15 financiamientos que se inscribieron ante la dependencia. La administración del panista Javier Corral se ha apoyado en gran medida de Banobras, al que pidió 14 mil 416 millones de pesos el 31 de julio pasado, divididos en tres créditos simples a un plazo 240 meses.
La mitad de los financiamientos firmados en la entidad en lo que va del año pertenece a Banobras, mientras que el resto de los fondos se divide entre Santander (5 mil mdp), Bancomer (4 mil 952 mdp) y otras cuatro instituciones, que se reparten 4 mil 486 millones de pesos más solicitados.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), al cierre de 2018 Chihuahua contaba con la segunda deuda pública per cápita más alta del país, solo detrás de Nuevo León. Los cálculos de la institución señalan que el adeudo público representa una carga de 13 mil 174.2 pesos por persona en la entidad, mientras que el promedio nacional se ubicó en los 4 mil 426.4 pesos. En los informes de la SHCP destaca que de los 15 financiamientos contratados por el gobierno de Chihuahua, 12 se celebraron en julio pasado con un monto de 27 mil 354 millones de pesos.
Caso Jalisco
La entidad gobernada por el abanderado de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, muestra una tendencia similar a la del estado fronterizo, ya que en este año la administración estatal ha solicitado nueve financiamientos por un monto global de 19 mil 434 millones de pesos a cuatro bancos.
Entre las instituciones financieras destaca Banorte, con dos créditos simples por 7 mil 415 millones de pesos a pagar en 20 años; además hay cuatro contratos con Banobras por una suma de 6 mil 19 mdp con el mismo plazo de pago. Los 6 mil millones restantes se lo dividen Santander y BVA Bancomer, 3 mil millones de pesos para cada uno.
La situación económica de Jalisco muestra números estables, ya que su deuda pública per cápita se ubica en 2 mil 216.4 pesos, muy por debajo de la media nacional al cierre de 2018.
Sin embargo, el panorama puede cambiar para el próximo año, ya que de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, Jalisco será de los estados menos beneficiados con el reparto del gasto federalizado (participaciones, previsiones y aportaciones), ya que tendrá el tercer promedio per cápita más bajo del país (12 mil 500 pesos), solo por detrás de Guanajuato y Estado de México, según explica un análisis del CIEP.
Otras 16 entidades han solicitado 15 mil 575 mdp para financiar proyectos o gastos diversos.
En esta lista destaca Michoacán, donde los bancos han aprobado líneas de crédito por 3 mil 200 millones de pesos, seguido por Nuevo León, con mil 840 mdp, y Oaxaca, con mil 700 mdp.
Proyectos en riesgo
Proyectos hospitalarios y carreteros; el fomento al turismo, el combate a la delincuencia, la inversión en agricultura e incluso la reconstrucción de viviendas dañadas por los sismos de 2017 están en riesgo si se aprueba el Presupuesto de Egresos 2020 que envió la Secretaría de Hacienda al Congreso, advirtieron los gobiernos de Durango, Tamaulipas y Oaxaca.
Por los recortes que plantea el proyecto de presupuesto para el próximo año, obras hidráulicas como la presa El Tunal 2 peligran en Durango, entidad que no figura con ninguna obra en el Plan Nacional de Desarrollo.
El panorama tampoco es alentador en Tamaulipas, cuyo gobernador Francisco Cabeza de Vaca amagó con emular a su homólogo en Chihuahua, Javier Corral, y salirse del pacto fiscal fronterizo por calificar del presupuesto de «injusto».
Mientras, el gobierno de Oaxaca busca que la legislatura federal mantenga al menos el tope presupuestal de 103 mil millones de pesos fijado a la entidad en 2019. A la administración de Alejandro Murat también le preocupa la reducción presupuestal en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en perjuicio de acciones de reconstrucción que están pendientes en las zonas del Istmo de Tehuantepec, la Mixteca y la Costa.
En el caso de Ciudad de México, la apuesta de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en obras públicas y movilidad, como las dos líneas de Cablebús, significará «un nuevo recorte de personal» solo en puestos de alto nivel del gobierno.
Entidades como Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Tabasco, Veracruz, Nayarit, Colima y Aguascalientes también han asegurado que la disminución en los recursos menguará áreas como salud, seguridad pública, educación y agricultura; mientras que otros como Puebla y Querétaro confían en que el Congreso «revierta» esta tendencia negativa.
