El Sindicato de Directivos del Colegio de Bachilleres de Chiapas denunció que al interior del instituto educativo hay malas prácticas de contratación indebida y los movimientos del personal directivo, las cuales son un atentado contra la dignidad de las personas trabajadoras del Cobach y un menoscabo a la transparencia y equidad en el ámbito educativo.
En un comunicado, señala que, en los últimos meses, han denunciado y hecho público testimonios que indican que el Director General del Colegio de Bachilleres de Chiapas Jorge Luis Escandón Hernández, ha realizado contrataciones de directores de plantel y Responsables del CEMSaD de manera inapropiada.
«No sigue procesos legales y transparentes. Estas acciones, además de socavar la confianza en la institución, afectan directamente la integridad de las personas que aspiran a un empleo en dicha institución y atentan contra su derecho a una igualdad de oportunidades, pues designa a quien se le da la gana, sin que ninguna autoridad superior haga algo al respecto», señala.
Destaca que se han evidenciado una serie de movimientos en el personal directivo del colegio, que han sido objeto de críticas debido a la falta de claridad en los criterios y procesos utilizados para su designación.
«La falta de transparencia en estos movimientos genera incertidumbre y descontento entre los miembros de la comunidad educativa, así como entre los padres de familia y los propios estudiantes», advierte.
Asegura que la dignidad de las personas debe ser salvaguardada en todas las instancias, especialmente en el ámbito educativo, donde la formación y el desarrollo de los jóvenes son fundamentales para el futuro del estado de Chiapas.
Ante esta situación, exhorta a las autoridades gubernamentales a realizar una investigación exhaustiva y transparente sobre las prácticas de contratación y los movimientos del personal directivo en la institución y tomar medidas inmediatas para corregir cualquier irregularidad detectada en los procesos de contratación y designación de personal.
Igualmente, llama a establecer mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana que permitan una mayor supervisión y transparencia en los procedimientos de contratación y movimientos del personal directivo.
«La comunidad educativa y la sociedad en general demandan un cambio positivo en el manejo de la institución educativa y confían en que se tomarán las acciones necesarias para garantizar una gestión ética y transparente que respete la dignidad de todas las personas involucradas en el proceso educativo», enfatiza.
