Pie de Página
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideró preocupante el avance de la militarización del país, que incluye la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de promover una reforma constitucional para asegurar que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Una de sus principales preocupaciones es que “en el presente subsiste el riesgo de que ocurran violaciones a derechos humanos, además de que la violencia continúa. Pero a esto hoy se añade otra preocupación: el trastocamiento de la relación cívico-militar por la preeminencia castrense. La posibilidad, real y tangible en el presente, de que no estemos ante medidas transitorias, sino que éstas generen tal dependencia del estamento castrense que después no sea reversible”.
Por ello el Centro Prodh afirma que hay contradicciones jurídicas derivadas de la conformación de ese cuerpo de seguridad pública y que se han ido ampliando hasta la fecha: “en la creación de la Guardia Nacional y en el diseño de las leyes que la acompañaron es posible encontrar una nítida línea de continuidad entre lo que las Fuerzas Armadas exigían en el pasado y lo que se les ha otorgado en el presente”.
En un informe lanzado este día, también señala que una de las primeras propuestas esbozadas por el presidente López Obrador una vez iniciada su administración en diciembre de 2018 fue revisar el modelo fallido de seguridad, pero en vez de fortalecer al cuerpo policial como se esperaba, se introdujo la propuesta de la creación de una guardia nacional de carácter “civil”.
Desde sus inicios, dicha propuesta fue rechazada por organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil y organismos internacionales, entre los que destaca la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que invitó al Ejecutivo a reevaluar la propuesta, recuerda el reporte.
No obstante, a finales de febrero de 2019 se anunció la creación de la Guardia Nacional y, además, que sería necesario y la reforma de los artículos constitucionales 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89. Para mayo de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, donde se explicitaban un diagnóstico, ocho objetivos y nueve estrategias específicas.
En su informe, el Centro Prodh apunta las inconsistencias en la modificación de estos artículos, así como el cambio gradual y tácito del carácter civil al carácter militar de la Guardia Nacional, que deriva en lo que considera es una confusión de los ámbitos de prevención y de investigación, que la Constitución distinguía y diferenciaba con nitidez en el modificado artículo 21, al darle facultades a la Guardia Nacional para actuar por sí y ante sí en la investigación de los delitos y no bajo la conducción del Ministerio Público.
Otras críticas que hace es a la no incorporación plena de los principios reconocidos a nivel internacional; la deficiente regulación del uso de la fuerza letal, puesto que el uso de esta queda autorizada en caso de se pueda “requerir y autorizar desde la planeación”; y la inobservancia de lo ordenado por la Corte Interamericana en la sentencia del caso Atenco.
También acusa que el 11 de mayo de 2020, en plena pandemia de Covid-19 se publicó un acuerdo en el que se permite disponer de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” en todo el país y hasta el 2024, funciones de naturaleza civil para las que no está capacitada, como la detención de personas, la prevención del delito y el resguardo de escenas criminales, entre muchas otras.
El informe del Centro Prodh expone el juicio de amparo que promovió el 30 de octubre de 2020, en contra de la decisión de que la coordinación operativa de la Guardia Nacional en cada entidad dependiera de las comandancias de las respectivas regiones militares del país, argumentando que esto atenta contra la garantía dispuesta en el artículo 21 constitucional en la que se dispone que la Guardia Nacional deberá ser de carácter civil.
El informe contiene también un registro de la intromisión de las Fuerzas Armadas en aspectos de seguridad civil en la historia reciente, comenzando en el sexenio de Ernesto Zedillo y continuando con Vicente Fox con la entrega de la titularidad de la PGR a un servidor público de origen militar, “iniciando un proceso de presencia castrense en el órgano federal de procuración de justicia que se ha extendido hasta el presente”.
Al respecto apunta que, con más claridad, el avance de este proceso pudo verse en el sexenio de Felipe Calderón en el que, a partir de la figura de “afectación a la seguridad interior”, se permitió la intervención de la Fuerza Armada Permanente para labores de seguridad que continuaría en la administración de Peña Nieto con las reformas a la ley de Seguridad hechas en el año 2017.
