Excelsior
CIUDAD DE MÉXICO.-La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, señaló que durante la pasada administración hubo irregularidades de todo tipo, “monumentales e inmorales” en el ejercicio del presupuesto.
Ante miembros del gabinete legal y ampliado, la secretaria Sandoval Ballesteros presentó el Primer Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019, en donde informó que se detectaron presuntas irregularidades por más de 544 mil millones de pesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En este sentido, reveló que recientemente se encontró el desvío del trazado de la carretera Puerto Vallarta-Manzanillo para liberar terrenos en favor de un desarrollador turístico, lo que ocasionó un daño al patrimonio.
Derivado de esta investigación se procederá a anular el convenio sin derecho a indemnización.
Adicional a ello, la carretera Amozoc-Perote tuvo un sobrecosto de mil 442 millones en beneficio de la empresa española OHL.
Así como el desfalco en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin) con la cesión indebida de 2.42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos.
Refirió que, en otros casos, como el del aeropuerto que se construía en Texcoco, la Función Pública identificó irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos que incluyen más de 6 mil millones de pesos en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse y otros 6 mil millones de pesos usados para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos no justificados.
Con auditorías a la operación regional, la Función Pública fiscalizó, además, ocho programas de salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes y cultura física y deporte financiados con recursos federales transferidos a los estados mediante convenios de reasignación, y que en 2018 alcanzaron 236 mil 430 millones de pesos destinados a 53 programas en total.
En materia de obra pública llevó a cabo 127 actos de fiscalización: 36 auditorías, 50 visitas de supervisión y 41 verificaciones de calidad, que derivaron en 674 observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 20 mil 598 millones de pesos.
Como resultado de la fiscalización e investigación, la Función Pública abrió más de 400 procedimientos de responsabilidad administrativa o informes de irregularidades.
En materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, específicamente, en 2019 solventó 81 expedientes, 63 de ellos con resoluciones sancionatorias que le permitieron imponer multas por casi 23 mil millones de pesos.
La secretaria precisó que, hasta el 30 de noviembre del ejercicio fiscal de 2019, se contó con los registros de 60 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que involucran a 7 mil 562 contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, con un importe contractual de 444 mil 339 millones de pesos y 2.9 millones de dólares.
Con información de Enrique Sánchez
