Tras confirmar que todo aquel servidor público que ejerza violencia política en razón de género en la entidad podrá ser destituido del cargo, Ernesto López Hernández, Fiscal Electoral de Chiapas, aceptó que en la entidad falta mucho por hacer para erradicar esta problemática.
Abordado durante un encuentro sobre el tema organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el funcionario señaló que las agresiones en el ámbito político contra las mujeres siempre han existido, “sólo que hoy afortunadamente son visibilizadas”.
En este tenor, comentó que la problemática debe ser atacada y castigar a quienes la ejercen. “Por eso se insiste que quien sufra este tipo de vejaciones no deben tener miedo, señalar a quien la agredió, presentar las pruebas y pedir las sanciones a que haya lugar”.
Abordado sobre cuántos casos maneja actualmente la Fiscalía por violencia política en razón de género, reveló que en los municipios de Tapachula, Chiapa de Corzo y Pichucalco, se tiene levantadas siete denuncias, cuyos castigos podrían darse de manera anticipada.
En este sentido, agregó que los presuntos culpables gozan de un beneficio por medio de suspenderle el derecho, lo cual redunda en que no se emita una sentencia, empero, digo que en muchos casos hay resoluciones en favor de las víctimas y en este sentido el IEPC ha emitido sanciones, recordó.
“Existe varios casos de servidores que ante estas faltas han sido inscritos en el Catálogo Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género”, subrayó, aunque lamentó que al momento no haya muchas resoluciones en materia penal.
López Hernández lamentó que sureste mexicano sea un referente en materia de este tipo de violencia y recordó que en 2018 debido a que en varios municipios hubo sustitución ilegal de candidaturas de mujeres, se establecieron las normas para hacer cambio de cargos de representación proporcional.
