La Jornada
Ciudad de México. Las personas que durante una manifestación sean sorprendidas en flagrancia en la comisión de un delito o una falta cívica serán detenidas, establece el nuevo protocolo para la atención de marchas y protestas en la Ciudad de México.
El documento, que fue presentado formalmente ayer en una videoconferencia encabezada por el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, señala que una de las acciones fundamentales será detectar a personas con objetos que puedan causar daño a personas o mobiliario, a quienes se les «conducirá a una zona de menor riesgo para entablar un diálogo y, mediante persuasión, pedirles que entreguen dichos objetos, sin impedirle continuar en la protesta».
En caso de que se nieguen y se identifique una situación de riesgo, precisó el funcionario, se realizará un proceso de encauzamiento, que consiste en hacer un acompañamiento permanente de esas personas para garantizar su derecho a la manifestación, pero al mismo tiempo prevenir eventuales actos de violencia. «Si alguien, durante la marcha, comete una falta cívica o un delito, se le atenderá de conformidad a lo que marca el protocolo y la ley», advirtió.
Suárez del Real destacó que el documento, denominado Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones, reconoce explícitamente los derechos humanos de los policías, quienes podrán negarse a realizar actos que violen la Constitución o las garantías individuales.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina Padilla, manifestó que el encauzamiento tiene el propósito de no detener la movilización, sino actuar en caso de una conducta que puede atentar contra los propios manifestantes, terceros y la propiedad privada.
El protocolo también establece que los policías que participen en los operativos deberán llevar en sus cascos y chalecos su número de identificación, y en la atención de las manifestaciones tendrán el acompañamiento de personal de la Secretaría de Gobierno y de la Comisión de Derechos Humanos local, que se encargarán de mantener el diálogo con los participantes, así como la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Asimismo, privilegia la protección de la labor periodística, los derechos y responsabilidades del personal policial y la transparencia y rendición de cuentas, todo ello con el propósito de salvaguardar la integridad de los participantes y terceros, prevenir actos violentos, la comisión de delitos y abusos de autoridad.
La presidenta de la CDH local, Nashieli Ramírez Hernández, manifestó que el protocolo regula el uso legítimo de la fuerza pública con base en los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas.
También se establece tolerancia cero a cualquier acto de brutalidad policial y señala la obligación de que la policía reciba la capacitación correspondiente para la atención de actos de protesta social.
