Eme Equis
El instrumento de consulta popular que, curiosamente, se promulgó con Peña Nieto, se estrenará este 1 de agosto con todas las de la ley, aunque desde hace 30 años se usa. Es la tercera vez que la gente votará sobre Carlos Salinas de Gortari.
Se ha consultado sobre desarme de grupos guerrilleros, sobre abrogación de una reforma energética, sobre instalación de parquímetros, sobre derechos ciudadanos en la Ciudad de México para elegir a sus gobernantes…
También se ha consultado sobre leyes para los derechos y cultura indígenas, sobre responsabilidades a expresidentes por desastres económicos, pero eso sí, nunca se había consultado sobre llevar a juicio a funcionarios del pasado reciente.
Y es que, en casi tres décadas de luchas democráticas en México, las consultas populares sólo habían representado una aspiración de la sociedad civil organizada para ir arrebatando derechos elementales a los grupos de poder en el país, tanto reales como fácticos.
En esos 30 años también se preguntó sobre la posibilidad de que el partido que representa a la izquierda y el que representa a la derecha fueran en alianza electoral en los comicios del Estado de México, en 2015.
Se consultó además sobre la construcción de los segundos pisos en la capital del país. Se consultó recientemente sobre los llamados megaproyectos del actual sexenio: Aeropuerto de la CDMX, Termoeléctrica de La Huexca (en Morelos) y Tren Maya.
Pero las iniciativas salieron, o de organizaciones de la sociedad civil, o de partidos políticos, o de gobiernos. Nunca se había realizado en el marco de la Constitución, de una legislación propia (Ley Federal de Consulta Popular), ni mucho menos organizada por la autoridad electoral, como lo es el Instituto Nacional Electoral (INE).
El próximo domingo 1 de agosto, la sociedad mexicana tiene una nueva cita con las urnas, pero ahora para estrenar un nuevo instrumento de democracia directa que, desde marzo de 2014, forma parte de la Carta Magna: la consulta popular.
EL INICIO EN LA CAPITAL
La inauguración de esta figura participativa no es reciente. Su fecha fundacional se dio el 21 de marzo de 1993. La propuesta surgió de un grupo de miembros de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), con tres preguntas concretas a la ciudadanía en la capital del país:
“1. ¿Está de acuerdo en que los gobernantes del DF sean elegidos mediante el voto directo y secreto de los ciudadanos? 2. ¿Está de acuerdo en que el DF cuente con un poder legislativo propio? 3.- ¿Está de acuerdo en que el Distrito Federal se convierta en un estado de la Federación?”
Aunque la participación en esta consulta popular fue marginal (con 320 mil participantes y un 85% que votó por el “Sí”), la organización, la certeza de los resultados (a cargo de la Fundación Arturo Rosenblueth), pero sobre todo el bono democrático y el empoderamiento ciudadano dieron sus primeros resultados tres años después.
En 1996, las principales fuerzas políticas del país en ese entonces (PRI, PAN y PRD) logran consolidar una reforma electoral de última generación que no sólo le otorgaba a la sociedad civil el control de las elecciones en México, a través de un ente que se denominó Instituto Federal Electoral (INE).
Además, esa histórica reforma sentó las bases para que los capitalinos pudieran elegir a sus propios gobernantes por primera vez en la historia contemporánea: jefe de Gobierno, jefes delegacionales y diputados locales de la ALDF, hecho que se concretó en las históricas elecciones del año siguiente (1997).
SALINAS, EL ETERNO SALINAS
Para esta consulta popular, el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) aparecerá por tercera ocasión en una boleta.
Antes, el llamado “villano favorito” de los mexicanos había figurado en las papeletas electorales de la controvertida elección presidencial de 1988, en la que sus adversarios políticos, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del Frente Democrático Nacional (FDN); Manuel J. Clouthier, del Partido Acción Nacional (PAN), y Rosario Ibarra de Piedra, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), denunciaron un “gran fraude electoral”.
Pero en febrero de 1995, a unos meses de haber dejado el poder y en medio de un país convulso, Carlos Salinas de Gortari volvió a aparecer en una boleta.
Fue en la primera consulta popular a nivel nacional que organizaron las organizaciones civiles Alianza Cívica, Fundación Arturo Rosenblueth, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Movimiento Ciudadano por la Democracia y ACUDE. En aquella ocasión las preguntas fueron:
“1. ¿Debe investigarse y en su caso sancionarse a Carlos Salinas de Gortari por su responsabilidad en la crisis económica (el llamado “error de diciembre”)? 2. Debe rechazarse el crédito ofrecido por el gobierno de Estados Unidos? 3. ¿Debe retomarse la vía del diálogo y la paz y desecharse la vía militar para resolver el conflicto en Chiapas?”
La participación en esta consulta fue más significativa (600 mil personas votantes, la mitad de la Ciudad de México), aunque no la esperada por los organizadores, ni mucho menos en lo que alcances a mediano y largo plazo se refiere.
Uno. El expresidente priísta nunca ha sido tocado ni con el pétalo de una investigación.
Dos. El rescate financiero por 50 mil millones de dólares del gobierno del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, a la economía mexicana, se concretó semanas después de la consulta.
Tres. La escalada militar en Chiapas siguió su marcha. El gobierno de Ernesto Zedillo simuló un plan de paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados en febrero de 1996 y desconocidos semanas más tarde por el gobierno federal.
Ya para el 22 de diciembre de 1997 se llegó al clímax de la militarización y paramilitarización en la entidad con la masacre de Acteal, donde fueron asesinados 45 indígenas tzotziles de la organización “Las Abejas”, afines a la insurrección zapatista.
LA TERCERA DE CSG
Pero este domingo 1 de agosto será la tercera ocasión en que Carlos Salinas de Gortari salga a escena en una boleta, a pesar de que en la pregunta que se formulará no aparezca explícitamente su nombre.
En el imaginario colectivo y en la campaña de difusión de la consulta popular, imperó el hecho de que los últimos cinco expresidentes emanados del PRI y del PAN (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña), serán llevados ante la justicia.
Y sí. La pregunta que aparecerá en la papeleta, que fue modificada y adecuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a propuesta del Ejecutivo federal, sigue siendo una fuente de intensos debates a unas horas de ese ejercicio de democracia directa.
Entre los que aseguran que este ejercicio ciudadano representa una oportunidad única para castigar ejemplarmente los excesos cometidos en sexenios anteriores, y entre los que reiteran que “la ley no se consulta, se aplica”, este domingo la sociedad tiene la opción de acudir o no a los centros de escrutinio para responder la siguiente pregunta:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
ZAPATISTAS SE SUBEN AL BARCO
El siguiente paso en la historia de las consultas populares en México (no vinculantes) se da en 1995, luego de que el EZLN convocó a la ciudadanía a acudir a un referéndum para opinar si esa organización guerrillera, mayoritariamente indígena, debería dejar las armas y convertirse en una fuerza política.
Alianza Cívica fue el organismo de la sociedad civil que se hizo cargo –a petición de los zapatistas—de la organización de la llamada “Consulta por la Paz”, que se realizó en agosto de ese año y que tuvo una participación de aproximadamente un millón de personas.
Actualmente, esa organización rebelde mantiene una seria confrontación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el tema de la construcción de los megaproyectos de infraestructura en el país, pero principalmente el del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Termoeléctrica de La Huexca y el Aeropuerto de Santa Lucía.
De hecho, el EZLN y organizaciones afines, como el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala, se declararon en “alerta máxima” ante la militarización en sus comunidades por la construcción de estas obras insignes del gobierno de AMLO.
Pero a pesar de ello, el domingo 25 de junio el vocero del EZLN, el subcomandante Galeano (antes subcomandante Marcos), anunció que esa organización armada se sumaba a la consulta popular del próximo domingo 1 de agosto.
En un comunicado titulado “Por qué Sí a la consulta y Sí a la pregunta”, el líder insurgente anotó que participarán en esta consulta porque “trata de los derechos de las víctimas, de su derecho a la justicia y a la verdad”.
“Su derecho a saber por qué se decidieron tales acciones u omisiones, con cuáles leyes se les dio sustento legal. Y quiénes fueron o son los responsables o irresponsables, desde el más alto, hasta el más bajo nivel. Eso sería la verdad y su consecuencia sería la justicia. No están a consulta ni la una ni la otra. Se consulta si estamos de acuerdo en apoyar a las víctimas que reclaman saber qué pasó, por qué, y quién; y demandan justicia”.
ALTAS VOTACIONES, POCOS RESULTADOS
La efervescencia democrática que se dio en el país tras las elecciones federales intermedias de 1997 –en las que por primera vez en 70 años el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la capital del país se elige al perredista Cuauhtémoc Cárdenas– y los comicios presidenciales de 2000 –cuando el partido hegemónico es despojado de la Presidencia de la República por el panista Vicente Fox, y se da la primera alternancia en el poder luego de siete décadas de administraciones priistas–, da paso a nuevas formas de participación ciudadana.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, en 2000, a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, el tabasqueño echa mano de las consultas populares para definir algunas acciones de gobierno que, en distintas ocasiones, lo ponen en confrontación directa con Fox Quesada.
Un ejemplo es la consulta que aplicó el tabasqueño entre el 24 y 25 de febrero de 2001 para preguntar a los capitalinos –vía telefónica– si estaban de acuerdo en que la Ciudad de México no participara en el llamado Horario de Verano, ya que representaba una “medida inconstitucional e ilegal”.
La consulta fue aplicada a 321 mil 933 habitantes de la Ciudad de México y fue organizada por el gobierno capitalino. Los resultados fueron contundentes: 75% se pronunció en contra de la medida y 25% a favor.
El asunto no prosperó, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó dejar en manos del Congreso de la Unión definir si el Distrito Federal se tenía que apegar al decreto del presidente Vicente Fox o al decreto del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
Los legisladores federales desconocieron el decreto del tabasqueño y la consulta popular aplicada, para que la capital del país se alineara al nuevo esquema de husos horarios en el país. Pero eso no quedó ahí.
La decisión abrió una inédita confrontación entre los gobiernos federal y capitalino, que luego escaló hasta el desafuero de López Obrador, la controvertida elección presidencial de 2006 y la polarización social que se vive hasta estos días.
El gobierno de López Obrador en la Ciudad de México dejó un precedente claro sobre la realización de consultas populares, aunque todavía sin la normatividad necesaria para hacer vinculantes estos ejercicios de democracia directa.
Así ocurrió también en otros temas que el tabasqueño puso sobre la mesa para que fueran consultados a los habitantes de la capital del país, como el aumento al precio del Metro (24 y 25 de noviembre de 2001); la construcción del Distribuidor Vial de San Antonio y el segundo piso de Periférico, de Viaducto a San Jerónimo (22 de septiembre de 2002), así como la permanencia en su cargo en dos ocasiones (diciembre de 2002 y el 18 y 19 de diciembre de 2004).
Aunque ese mecanismo de participación ciudadana quedó interrumpido en el periodo de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno (2012-2018), las administraciones de Marcelo Ebrard (2006-2012) y de Claudia Sheinbaum retomaron las consultas populares para definir asuntos como la construcción de polémica Línea 12 del Metro –en el caso del hoy canciller–, o de la colocación de parquímetros en determinadas colonias de la capital del país, así como el trazo y construcción de nuevas líneas del Metrobús.
Como opositor y como candidato presidencial, López Obrador echó mano de ese instrumento y se comprometió a utilizar ese mecanismo de democracia directa en decisiones controvertidas en caso de llegar a la Presidencia de la República, sobre todo en temas como interrupción legal del embarazo, uso medicinal y lúdico de la marihuana, matrimonio gay…
Y sí, juicio a expresidentes de la República.
Pero antes, en julio de 2008, el entonces autodenominado “presidente legítimo” solicitó a Alianza Cívica y a Propuesta Cívica la organización de una consulta popular a nivel nacional, con dos preguntas, para hacer frente a la reforma petrolera del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La participación fue de un millón de ciudadanos y, aunque se aprobó dicho ordenamiento en el Congreso de la Unión, su alcance al planteado originalmente por el Ejecutivo federal fue mucho menor, sobre todo en el tema de la apertura a privados, nacionales y extranjeros, de ciertos sectores de Pemex.
LA CONSULTA SE HACE LEY CON… PEÑA NIETO
Es 6 de marzo de 2014. Corrían los tiempos desenfrenados de las llamadas reformas estructurales del Pacto por México. A mediados de diciembre el Senado de la República y la Cámara de Diputados habían aprobado la legislación más polémica de ese acuerdo: la energética. Pero faltaban las leyes secundarias de ese ordenamiento.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cedía a todo con tal de que las fuerzas políticas se sumaran a la legislación secundaria de la reforma energética. En diciembre los panistas pusieron como condición, para avalar la reforma constitucional, una reforma político-electoral. Se cumplió su deseo.
Faltaba aún la propuesta del PRD en la firma del Pacto por México: ir por una legislación que llevara a la Carta Magna la figura de democracia directa conocida como consulta popular.
Ese 6 de marzo, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, el priísta Raúl Cervantes, turna al Ejecutivo este ordenamiento, aprobado por ambas Cámaras, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El presidente Enrique Peña Nieto decreta la Ley de Consulta Popular el 14 de marzo de 2014.
Ahora encabezando el “Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo” y a cuatro meses de haber sufrido un infarto al miocardio, Andrés Manuel López Obrador aprovecha la promulgación de esa ley para solicitar al Senado de la República, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la realización de una consulta popular, para las elecciones federales intermedias de 2015, a fin de echar abajo la reforma energética de Peña Nieto.
Para ello, entrega a la Cámara alta 2 millones 712 mil 285 firmas de ciudadanos, como marca el Artículo 12, Párrafo III, de la Ley Federal de Consulta Popular, que establece que podrán solicitar una consulta popular:
“Las ciudadanas y los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, para el caso de temas de trascendencia nacional, y el mismo porcentaje de las personas inscritas en la lista nominal de electores correspondiente a la entidad o a las entidades federativas que correspondan, en el supuesto de los temas relacionados con la trascendencia regional competencia de la Federación”.
El Partido Revolucionario Institucional no se queda atrás y también solicita una petición de consulta popular para preguntarle a la ciudadanía si está o no de acuerdo con desaparecer a senadores y diputados federales plurinominales, para que quede la integración de la Cámara de Diputados en 300 legisladores y la del Senado de la República en 128.
También el Partido Acción Nacional (PAN) levanta la mano. En su caso, solicita una consulta popular para que “en la Ley Federal del Trabajo se establezca que las Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social”.
Entre octubre y noviembre de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) batea las tres solicitudes de consulta popular y declara la “improcedencia” de ese mecanismo de democracia directa. Con ello, se echa por tierra el primer intento de realizar consultas populares desde el marco constitucional y la legislación secundaria.
¿CONSULTA? O VAN PORQUE VAN
Andrés Manuel López Obrador llega a Palacio Nacional, el 1 de diciembre de 2018, con la bandera de someter a consulta popular todos los temas polémicos, pero sin el tratamiento constitucional que marca la norma.
Son plebiscitos, todavía, sin un sustento jurídico, sólo moral. No sólo eso. Son consultas altamente cuestionadas por la baja participación, por el escaso rigor y certeza en el cómputo de los resultados, por una organización deficiente y a veces hasta fraudulenta.
Empieza por el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco. ¿Va o no va?
Entre el 25 y el 28 de octubre de 2018, semanas antes de rendir protesta como presidente de la República, pone a consulta este controvertido asunto.
El 69.95% de los participantes en este ejercicio (1 millón 067 mil 859 personas, menos del 1 por ciento del padrón electoral) rechazó construir la terminal aérea en Texcoco y por ampliar las capacidades del Aeropuerto de Toluca para solucionar el problema de la saturación del actual aeropuerto de la CDMX, así como construir dos pistas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.
Para las consultas populares sobre la Termoeléctrica de La Huexca, en Morelos, Puebla y Tlaxcala, y la construcción del Tren Maya, estos ejercicios de democracia directa quedaron en entredicho por el afán del presidente Andrés Manuel López Obrador de advertir, antes, durante y después de esos ejercicios, que esas obras “van porque van”.
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Lo que ocurrió en la consulta popular para determinar si avanzaba o se cancelaba la construcción del Proyecto Integral Morelos y la Termoeléctrica de La Huexca fue altamente cuestionado. El presidente y los organizadores se comprometieron a entregar los resultados del referéndum una vez concluido ese ejercicio.
La noche del domingo 24 de febrero de 2019, al cierre de los centros de votación en aquellas entidades, se informó que no se darían los resultados finales por instrucciones de López Obrador. Que el jefe del Ejecutivo federal los daría a conocer al día siguiente en su conferencia “mañanera”. Nadie supo, nadie sabe qué pasó con las urnas durante casi siete u ocho horas.
El lunes 25 de febrero, en Palacio Nacional, el primer mandatario dio a conocer unos resultados que quedaron en entredicho: 59.5% a favor de continuar con las obras, contra el 40.1% por el “No”. La participación fue de 55 mil 715 personas.
La historia se repitió el 15 de diciembre de 2019. López Obrador se dio vuelo con el anuncio sobre los resultados de la consulta popular para la construcción del Tren Maya, que se realizó en los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco: 92.3% de los participantes votó por el “Sí” y sólo el 7.4 por ciento se pronunció por el “No”.
Para la consulta popular prometida sobre la construcción del Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, el presidente de la República optó, el 28 de abril de ese año, en un evento oficial en Juchitán, Oaxaca, por una de sus tradicionales consultas “a mano alzada”.
SE REQUIERE PARTICIPACIÓN DE 47 MILLONES
El Artículo 64 de la Ley Federal de Consulta Popular dice que “cuando el informe del INE indique que la participación total de la consulta popular corresponda al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes”.
De acuerdo con la página del Instituto Nacional Electoral, la lista nominal de electores, con un último corte al 16 de julio de 2021, se compone de 93 millones 597 mil 559 ciudadanos registrados, 48 millones 479 mil 663 mujeres y 45 millones 117 mil 896 hombres.
Ese es el primer gran dilema de la consulta del próximo domingo. Para que cuente con un carácter vinculatorio se requiere una participación de al menos 47 millones de ciudadanos.
Es decir que la consulta popular de este 1 de agosto requiere de un poco menos de la participación total de los comicios federales intermedios del pasado 6 de junio, que fue de 49 millones 107 mil 009 ciudadanos, o de 17 millones de votos más de los que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales de 2018.
Por lo pronto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, ya dio una luz respecto hacia dónde podría encaminarse el futuro de este ejercicio democrático:
“Muchos de los delitos que hubieran cometido los expresidentes se encuentran prescritos. Por ello, la consulta busca esclarecer los hechos del pasado. Un mandato claro para una ‘Comisión de la Verdad’ en temas de corrupción en México”.
Es así que este domingo los mexicanos tienen una nueva cita con las urnas, pero esta vez para estrenar un instrumento de democracia directa que dio sus primeros pasos hace casi 30 años por iniciativas de la sociedad civil organizada y de movimientos sociales, aunque en esta ocasión estará amparado con todo un andamiaje constitucional y reglamentario que determinará su procedencia o su improcedencia.
Y sí. La cita democrática también se dará en medio de una polarización profunda entre la sociedad, sobre todo por lo espinoso del tema que se aborda: llevar o no a rendir cuentas a los últimos cinco expresidentes de México. Ni más, ni menos.
