La ampliación hasta junio de 2023 del decreto para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, significa un nuevo golpe al sector automotriz nacional, consideró la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) recordaron que hace poco más de un año que esta ordenanza convalida la ilegalidad y pone en total desventaja al mercado mexicano de autos de segunda mano, cuya vida útil, componentes y funcionamiento están certificados para evitar daños al medio ambiente, cuidar la inversión y la seguridad de los compradores.
Señalaron que a partir de marzo del 2022 y hasta febrero de 2023, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se regularizaron en México un millón 319 mil 438 automóviles que ingresaron de manera ilegal a nuestro territorio, con un costo por trámite para legalización de dos mil 500 pesos.
Recriminaron que el número de automotores legitimados es superior por 186 mil 687 unidades, al millón 132 mil 751 vehículos nuevos vendidos en el mismo periodo de tiempo, lo que significa que carros en óptimas condiciones se dejaron de comercializar debido a la competencia desleal que genera este mandato.
Es importante mencionar que la disposición tampoco ha contribuido a frenar el problema que representa para los mexicanos el ingreso de estas unidades al país, pues los fraudes a la población por parte de organizaciones que prometen la legalización del bien ante la obsolescencia del Registro Público Vehicular (REPUVE) para atender la demanda, se han incrementado, informaron los empresarios.
Enfatizaron que el decreto opera en la opacidad pues no existen reglas claras sobre qué pasará con los vehículos de contrabando que siguen llegando a México y que no se regularicen cuando concluyan las ampliaciones dadas a conocer, pues de acuerdo con datos del sector automotriz, aún hay más de un millón de unidades esperando ser regularizadas y las fronteras continúan abiertas.
A esto hay que sumar que existe una nueva preocupación, ya que con la ampliación de la vigencia del decreto, también se analiza incluir la regularización de miles de vehículos que no están contemplados en el acuerdo original por no haber sido manufacturados en la zona que comprende el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
