·La Plataforma Nacional de Transparencia, del INAI, arroja que de 2018 a la fecha varias obras han sido asignadas directamente al esposo de la actual alcaldesa y amigos de la familia
Eduardo Torres
Durante su gestión con síndica del Ayuntamiento de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda benefició con obras púbicas a familiares y allegados propietarios de constructoras, para beneficiarlos con montos millonarios que pudieran quedar en el mismo circular social de la alcaldesa impuesta tras la muerte de Óscar Gurría Penagos, el pasado 20 de febrero.
Según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el ejercicio de 2018 en la administración municipal, se entregó por adjudicación directa una obra pública a la empresa denominada “Asturias Construcciones y Proyectos S.A. DE C.V., por un monto total del contrato con impuestos incluidos de 2,829, 498.10 pesos mexicanos, para la construcción del sistema de agua potable en la localidad de Nuevo Pumpuapa.
La obra, según la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, del Gobierno de Chiapas, inició el 15 de octubre de 2018 y concluyó el 15 de noviembre de este mismo año, justo 14 días después de que la administración de Morena iniciara en la presidencia de Tapachula, con el extinto Gurría Penagos al mando y Rosa Urbina como síndica.
La misma plataforma nacional, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), arroja que esta obra se adjudicó a dicha empresa representada por Tomás Gerardo Rubiera Espadas, esposo de la actual alcaldesa Urbina Penagos.
Es decir que para la ejecución de esta obra cercana a los tres millones, no hubo oportunidad para que otras constructoras concursaran en la adquisición de la misma, sino que se otorgó de menara directa a la familia de Rosa Urbina.
Se creó un monopolio
Y aún hay más. Desde octubre de 2018, un monopolio se ha creado en el Ayuntamiento de Tapachula en la designación de obra pública, que también ha beneficiado directamente a Constructora Grupo Tapachula S.A. DE C.V., donde según el INAI, figuran dos nombres en la dirección de, al menos, 16 obras en el municipio: Eduardo Pérez Sandoval y Gilberto González Medina, este último relacionado directamente con empresas de la familia Gurría y ahora allegado a Urbina Castañeda y sus familiares.
Figuran en obras para esta empresa y este adjudicado, el mejoramiento del parque central Puerto Madero, con una inversión de 4,838,670.56, con número de contrato MTC/SIM/PIM/CO/0015/2019, en la que la Secretaría de Infraestructura Municipal fungió como área solicitante y área responsable de la ejecución del contrato.
También bajo este mismo contratista, se realizó la construcción o rehabilitación de la 4a avenida sur no.48 A. colonia centro, durante 2019.
Apenas el pasado 21 de julio, Rosa Urbina y parte de su cuerpo edilicio, acudieron al fraccionamiento Bonanza para dar el banderazo de inicio de obra en el Circuito Reforma, donde según el mismo Ayuntamiento se invertirán más de tres millones de pesos. La obra que ya inició, está bajo supervisión de Grupo Empresarial de Servicios del Sureste, donde aparece como adjudicado Luis Alberto Rojas Lagunas, amigo cercano a la familia Rubiera Urbina, según confirma una fuente confidencial al interior del gremio constructor en Tapachula.
Esta misma empresa tuvo a su cargo la rehabilitación de alcantarillado y descargas sanitarias en la colonia 1º de Mayo, así como la rehabilitación del sistema de agua potable en la mancha urbana de la ciudad.
Empero, aún hay muchas obras de las cuales ni el propio gremio de ingenieros y constructores en la localidad conoce quién lleva la tutela, por lo que existe una alta sospecha que sean las empresas de la familia de Urbina Castañeda las que intervienen directamente, incluso que hacen uso de “prestanombres” para poder ejecutar los recursos de la federación y el estado, y así beneficiarse directamente.
Rosa Urbina infringe la ley
Según la Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores público, en su título segundo, capítulo1, sobre los principios que rigen la función pública , sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público, subraya en su artículo 8, capítulo XI, queda prohibida la asignación de este u otros beneficios a cercanos del funcionario público o beneficios directos que también conlleven a su beneficio familiar o personal.
“Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”, señala dicho capítulo.
En caso de cometer estas acciones, son calificadas como delito y sancionadas por las leyes mexicanas.
