La Jornada
Sin ningún tipo de prestación social y con ingresos de 2 mil 242 pesos en promedio por semana, con una jornada laboral diaria de nueve horas de lunes a domingo, los trabajadores de plataformas digitales –que reparten a pie, en bicicleta, motocicleta o en automóvil todo tipo de mercancías, sobre todo alimentos preparados– sobreviven en distintos puntos de la capital del país.
De acuerdo con un diagnóstico realizado por el Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México no son sólo jóvenes, sino en su mayoría adultos de entre 26 y 40 años, la mitad de ellos con un nivel de escolaridad de bachillerato completo y más.
El 26 por ciento concluyó la preparatoria y 13 por ciento cuenta con una carrera universitaria terminada, según la encuesta levantada entre más de un millar de repartidores de todas las plataformas digitales como UberEats, Rappi, Didi y, cuando había, la aplicación Sin Delantal. Un 47 por ciento de ellos son atraídos a este tipo de trabajo por la flexibilidad del horario, mientras tres de cada 10 lo hacen al considerar que obtienen más ingresos que en un empleo formal.
En este grupo se encuentra Paola Ángel, mamá soltera que dejó su anterior trabajo en el que se desempeñaba como ayudante general de un restaurante en el que realizaba labores de mesera y lavadora de loza por 950 pesos a la semana, con horario de 10 de la mañana a las 5 de la tarde, bajo la esperanza de tener un mejor sueldo.
Las ganancias eran más, triplicaba mi salario, pero eso fue al principio, hace cuatro años, cuando iba empezando, contó tras señalar que después de ser atropellada por un automovilista y sin seguridad social se dio cuenta de la precariedad laboral en la que se encontraba. Fue un lío para que me pagara y me las tuve que arreglar sola.
Como ella, de acuerdo con el estudio realizado, 42 por ciento de sus compañeros han sufrido algún accidente, de los cuales, en 27 por ciento de los casos requirieron hospitalización, pero sólo 30 por ciento tiene acceso a la seguridad social por una actividad diferente al reparto en plataformas.
Un caso extremo es el de Víctor, a quien le amputaron una pierna tras sufrir un accidente cuando entregaba un pedido en su motocicleta. Él y su familia se hicieron cargo de todos los gastos, pues ni los tripulantes de la ambulancia privada que lo atropelló ni la plataforma para la que trabajaba se hicieron responsables. Tuve que vender todas mis pertenencias.
En agosto, a siete meses del percance, Víctor volvió al reparto de alimentos a domicilio, pero ahora a pie y con una prótesis. Cada día hace 15 pedidos y camina alrededor de 50 kilómetros por la mitad de los ingresos que antes percibía, porque son viajes cortos y pagan menos.
Antes intentó encontrar otro empleo, pero sin éxito, por lo que regresó a las plataformas digitales, consciente de que no hay de por medio la firma de un contrato. Envié muchas solicitudes, pero nunca recibí respuesta y no tuve otra opción; relató que comenzó a hacer tazas para complementar sus gastos, pues cada media que usa cuesta 900 pesos.
Los accidentes de tránsito no son el único problema que enfrentan los repartidores de plataformas digitales. A eso, se suman los robos, pues al menos 23 por ciento de ellos han sido asaltados y en el caso de las mujeres, 12 por ciento dijo que han sufrido acoso sexual.
Fundadora de la organización Ni un Repartidor Menos, Paola Ángel detalló que hasta hace poco se logró que apareciera la fotografía de los repartidores en la aplicación, pues antes divulgaban sus datos personales, incluido el número de celular por medio del cual los clientes las acosaban, además de los trabajadores de establecimientos a los que prestan el servicio.
La cifra de repartidores se ha incrementado cada año, desde 2010, según el diagnóstico realizado, pero entre 2019 y 2020 fue cuando se registró el mayor auge al ingresar 70 por ciento de ellos, procedentes principalmente de las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coyoacán y el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México.
A manera de conclusión, el consejo recomendó incluir el tema en la agenda pública e impulsar iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo para su regulación, así como construir alternativas de protección a los repartidores, como acceso a la seguridad social y al sistema de pensiones, pues a pesar de la precariedad en la que laboran, cinco de cada 10 lo ven como una opción de empleo indefinido.
