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«Hay gente que se ha suicidado (…), gente que no ha recompuesto su vida jamás», dijo en rueda de prensa el Defensor del Pueblo (ombudsman), Ángel Gabilondo, quien entregó el reporte de más de 700 páginas, titulado «Una respuesta necesaria», al Congreso español, que se lo había encomendado en marzo de 2022.
El informe no ofrece una cifra exacta, pero recoge una encuesta realizada con una muestra de 8.000 personas, según la cual un 0,6% de la población adulta española (unos 39 millones de personas en total) afirma haber sufrido abusos sexuales por miembros de la Iglesia católica cuando eran menores.
La cifra aumenta a 1,13% de la población adulta (equivalente a más de 400.000 víctimas) si se cuentan los abusos cometidos por laicos en ámbitos religiosos, especificó Gabilondo, quien coordinó la comisión independiente que trabajó por año y medio. Gabilondo, un exministro de Educación socialista, señaló que hay casos que remontan a la década del 1940, pero que la gran mayoría ocurrió entre 1970 y 1990.
Abusos sexuales desde la dictadura hasta la democracia
Una época que abarca desde el inicio de la dictadura franquista (1939-75), que tenía en la Iglesia uno de sus pilares, hasta un periodo con la transición democrática ya bien asentada. Además, la comisión de expertos entrevistó a 487 víctimas, quienes subrayaron «los problemas emocionales» que sufrieron a lo largo de sus vidas, expuso Gabilondo.
«Jamás voy a ser una persona normal. Jamás voy a dejar de hacer terapia ni de medicarme», dijo a la AFP una víctima, Teresa Conde, para quien el informe es una «luz» que debe conducir a las autoridades civiles a garantizar «que por lo menos esto no se repita».
Hoy profesora de Filosofía de 57 años, Conde fue abusada por años por un fraile amigo cercano de su familia, a partir de sus 14 años, en un colegio religioso en Salamanca (noroeste) al que acudía como voluntaria, a principios de la década de 1980.
La primera investigación sobre abusos sexuales por curas en España
A diferencia de Francia, Alemania, Irlanda, Estados Unidos o Australia, España, país de arraigada tradición católica, nunca había llevado a cabo una investigación sobre la pederastia en el clero.
En Francia se contabilizaron 216.000 menores víctimas desde 1950, en Alemania 3.677 casos entre 1946 y 2014 y en Irlanda más de 14.500 personas recibieron compensación financiera. En la Iglesia católica española «durante muchos años ha predominado cierta voluntad de negación de los abusos (…), de ocultamiento o de protección de los abusadores», denunció Gabilondo, quien criticó el traslado de religiosos denunciados a otras parroquias o países.
Entre sus recomendaciones, el informe pide «la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones» a las víctimas y garantizar que se les preste atención psicológica el tiempo que sea necesario.
La Iglesia católica, que por años se negó en redondo a cualquier pesquisa exhaustiva, declinó participar en la comisión, aunque finalmente facilitó documentos. Consultada por la AFP, la Conferencia Episcopal Española (CEE) indicó que sentará posición el lunes en una asamblea extraordinaria. Ante el aumento de la presión política, la Iglesia anunció en febrero de 2022 una auditoría propia, que un despacho de abogados tiene previsto finalizar antes de que termine el año.
La Iglesia afirma haber implementado protocolos de actuación ante abusos e instalado oficinas «de protección de menores» en sus diócesis. «Hoy somos un país un poco mejor porque se ha dado a conocer una realidad que todo el mundo sabía desde hace muchos años, pero de la cual nadie hablaba», se congratuló desde Bruselas el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.
Informe «responde a reivindicación de las víctimas»
La publicación del informe fue saludado por muchas víctimas. «Es un informe serio, que responde a la reivindicación de las víctimas», que tuvieron «voz» en su elaboración, dijo a la AFP Juan Cuatrecasas, miembro fundador de la asociación Infancia Robada.
Padre de un joven abusado por un profesor en un colegio católico entre 2008 y 2010 en la ciudad vasca de Bilbao, Cuatrecasas indicó que el reporte no debe marcar «un fin» sino «el inicio» de un proceso en el cual el Congreso legisle para brindar reparaciones a las víctimas.
Las «víctimas no piden limosna, piden que en un Estado de derecho se les contemple como víctimas y que tengan derecho a todos los recursos y las reivindicaciones que solicitan», destacó.
