La Jornada
Ciudad de México. En los últimos dos años el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reactivado créditos fiscales que se habían cancelado de manera “irregular e indebidamente” por un monto de 400 mil millones de pesos. Esta baja en los adeudos la hacían funcionarios públicos en colusión con despachos contables y legales, explicó Raquel Buenrostro, jefa del organismo.
En ese sentido, no sólo se busca atender la corrupción desde las oficinas del fisco, sino también que los despachos de auditoría tengan algún grado de responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de Interjet, una de las cuatro empresas consultoras más grandes del mundo —Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG, conocidas en conjunto como big four— dictaminó los estados financieros de la aerolínea y no dio aviso de los adeudos que había desde 2013.
Por ello, la propuesta para el próximo año es que se apliquen sanciones para quienes asesoren o auditen a contribuyentes que cometan un delito fiscal. “No estamos pensando en el contador que le hace las declaraciones a sus vecinos (…) estamos por estos big four, por estos señores que tienen un cinismo impresionante, que se siguen presentando para decir ‘¿cómo le hacemos para que me saques a mis clientes?”.
En una reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Buenrostro narró que el socio de una firma de abogados llegó a una de las oficinas del SAT en la que se revisa a grandes contribuyentes y pidió hablar con una serie de funcionarios que ya habían sido separados del cargo por pertenecer a una red de corrupción integrada por 19 personas de todos los niveles.
Al final el socio de la firma habló con el administrador de la oficina del SAT y le exigió que se dejaran de enviar avisos de adeudo a 20 de sus clientes —grandes empresas dedicadas a la minería y al sector de hidrocarburos— a través del buzón tributario, porque a lo largo de una década él ya había pagado cuotas a los ex funcionarios públicos para guardar los adeudos de sus clientes. “¿Cuánto quieren?”, agregó.
Buenrostro subrayó que ese tipo de colusión dio paso a que se cancelaran adeudos multimillonarios, de los cuales se han recuperado 400 mil millones de pesos en los últimos dos años. Agregó que las prácticas de corrupción entre funcionarios del SAT van desde quien cancela los créditos, hasta abogados que perdieron juicios a propósito.
Comentó, sobre la escasez de citas, que ya se está regularizando el servicio y entre tres y cuatro meses se contempla que esté de nuevo al 100 por ciento. Expuso que se dio un mercado ilegal para este trámite, sobre todo por granjas de bots, robots automáticos y funcionarios públicos, de los cuales ya fueron cesados 36. Incluso, «los que más robaban citas eran dos despachos de contadores en Jalisco y dos en Nuevo León”, exhibió.
