Pie de Página
OAXACA. – En el Valle de Oaxaca, México, las autoridades prohibieron por años a los pueblos indígenas explotar nuevas fuentes de agua ante la escasez en la zona. Sin embargo, la veda acuífera –como se conoce a la medida– no evitó que empresas de ultraprocesados que operan en la región extrajeran 103 millones de metros cúbicos anuales para producir gaseosas, snacks, yogures, jugos endulzados, salsas y postres, entre otros.
Pese a las continuas órdenes para restringir el acceso a más acuíferos, en esa región se han expedido unos 3 mil permisos de explotación de agua para uso industrial, sin que la baja disponibilidad parezca llamar la atención de las autoridades.
El actual escenario de crisis hídrica parece no tener consecuencias sobre el agua disponible para las empresas de ultraprocesados que operan en Brasil, Colombia y México, las economías más grandes de la región. Industrias del sector, como Nestlé, Kellogg’s, Danone, Pepsico y Coca-Cola, reconocen que la cuarta parte de las plantas que tienen en el planeta operan en zonas de alto estrés hídrico, según señalan en sus reportes de sustentabilidad.
Para esta investigación pudimos localizar un total de mil 142 concesiones de agua otorgadas a las empresas de ultraprocesados en Argentina, Brasil, Colombia y México y verificamos que un 35% de esos permisos de explotación están situados en zonas que registran niveles críticos de estrés hídrico, de acuerdo con el World Resources Institute, principalmente en México.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que en la región una de cada cuatro personas –un total de 161 millones—- no tiene acceso adecuado al agua potable. Mientras tanto, siete de cada 10 —-alrededor de 431 millones de personas—- no se benefician de sistemas seguros de saneamiento del recurso.
Que las industrias puedan explotar agua en zonas donde no hay suficiente para las comunidades locales es relativamente común en la región. Incluso en zonas habitualmente ricas en el recurso, como la sabana de Bogotá, en Colombia, sus habitantes cuestionan que la planta de agua Manantial, propiedad de Coca-Cola, afecte el acceso al recurso de comunidades que, en su mayoría, se dedican a la pequeña agricultura. La controversia generada por el permiso para consumir los 101 mil 861 metros cúbicos que la empresa embotella al año, llevó a la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) –la autoridad que otorgó la concesión– a investigar si la empresa utiliza más agua de la que tiene permitida. Y todo ocurre mientras esa zona y la ciudad de Bogotá sufren racionamientos desde abril de 2024 debido al bajo nivel de los embalses del sistema Chingaza, que surte de agua potable a la capital y a municipios del área metropolitana, como La Calera, Chía, Cajicá y Soacha. Los racionamientos siguen hasta la fecha.
El problema es que, en general, las autoridades de la región no cuentan con suficientes herramientas legales o judiciales para privilegiar el consumo de la gente por encima de los intereses industriales. Desde México, Elena Burns Stuck, ex subdirectora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advierte que aunque existen zonas en las que teóricamente solo se puede explotar agua para consumo humano, se siguen extrayendo millones de litros para otros usos amparados en complejos argumentos jurídicos. “En este momento, nos faltan instrumentos que realmente protejan las aguas subterráneas y superficiales”, señala la especialista.
Menos agua de calidad
Pero las comunidades no solo enfrentan la baja disponibilidad del agua. A ese impacto se une la contaminación en ríos y otros cuerpos de agua provocada por las industrias de ultraprocesados. Encontramos para esta investigación que en Brasil y México las empresas de ultraprocesados pueden verter al menos 45,3 millones de metros cúbicos de descargas al año en 394 puntos de operaciones.
En México, los datos oficiales revelan que 36% de las aguas superficiales monitoreadas por Conagua están contaminadas, lo que significa menos agua de calidad para la población. En el caso de las empresas de ultraprocesados, las autoridades les permiten descargar 35,3 millones de metros cúbicos de agua de desechos, según los datos del Registro Público de Derechos del Agua. Pero, en ocasiones, las industrias han sobrepasado esos niveles: entre 2011 y 2022 (último año reportado) las autoridades emitieron 161 reportes de exceso de transferencia de contaminantes al agua, suelo y alcantarillado, la mayoría de Coca-Cola, Nestlé, Pilgrims Pride, Pepsico y Big Cola. La Secretaría del Medio Ambiente detectó exceso de níquel, plomo y cromo en los vertidos, y advirtió en esos años que estos contaminantes “pueden estar ocasionando un impacto significativo sobre la salud humana y la de los ecosistemas”. No hay información sobre sanciones por estos hechos y el ministerio no respondió a las solicitudes de entrevista.
Además, esta investigación revela la presencia de contaminantes producidos por la extracción intensiva de los cuerpos de agua, como el arsénico y el flúor. De acuerdo con los datos obtenidos, esta situación se presenta especialmente en Colima, Jalisco y Durango.
Paulina Farías Serra, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, explica que el 40% de la población en México se abastece de aguas subterráneas no siempre tratadas, lo que puede provocar “una intoxicación crónica”. El arsénico es un carcinógeno y el flúor un neurotóxico que impacta en el desarrollo y también se le relaciona con la enfermedad renal crónica. “Vas recibiendo dosis relativamente bajas, pero tóxicas a lo largo de varios años, de toda la vida y, entonces, se desarrollan condiciones que no son fácilmente asociadas al consumo de agua contaminada”, apunta la experta.
En Colombia las industrias también deben cumplir ciertos requisitos para obtener un permiso de vertimientos, en este caso expedido por las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible (CAR). Pero para las comunidades de Funza, Mosquera y Tenjo, en el departamento de Cundinamarca, se ha convertido en un problema la contaminación de los humedales Gualí, Meandro del Say y Capellanía. La calidad bacteriológica del agua en la zona del parque industrial La Cofradía se ha deteriorado hasta registrar recuentos altos para coliformes totales y enterococcus spp.
En algunas ocasiones, las autoridades han logrado sancionar a las compañías causantes de la contaminación. Así ocurrió en 2007 con la Industria Nacional de Gaseosas S.A., subsidiaria de Coca-Cola Femsa, castigada con una multa superior a los 198 millones de pesos (más de US$ 44 mil 900) por verter una mezcla de aguas residuales industriales, lluvias y desechos sanitarios en varios puntos del humedal Capellanía, en Cundinamarca. Si bien la empresa apeló la sentencia por más de un decenio, en 2020 el Consejo de Estado mantuvo el fallo original. En otro caso, las empresas Big Cola y Urbanos Logísticas S. en C. (antes Compañía Internacional Agropecuaria S. en C) recibieron multas por 889.6 millones de pesos (US$ 201 mil 700) en 2017 tras detectar vertimientos ilegales de aguas residuales en el humedal Gualí.
Más al sur del continente, en la provincia de Mendoza, en Argentina, no hay precisión sobre el tipo de contaminantes que vierte la industria de ultraprocesados. Expertos que prefirieron no ser identificados aseguraron que las autoridades no hacen un seguimiento exhaustivo de la presencia de sustancias en las aguas. Solicitamos esta información a las autoridades y a las propias empresas de ultraprocesados, sin respuesta hasta la publicación de este reportaje.
Según los datos que obtuvimos, la cervecería y maltería Quilmes y La Campagnola, del Grupo Arcor, encabezan las empresas que más desechos industriales descargan en los cuerpos de agua. Fabio Lorenzo, director de gestión ambiental del Departamento General de Irrigación de esa provincia, señala que la legislación local no limita el volumen de efluentes que una empresa puede descargar, pero sí obliga a instalar plantas de tratamiento de aguas.
En todo caso, Quilmes vierte 410 mil 611 metros cúbicos, mientras que La Campagnola alcanza los 921 mil 600 metros cúbicos. Quilmes respondió en un cuestionario que todas sus industrias tienen plantas de tratamiento que remueven “la carga orgánica del efluente proveniente del proceso industrial de la elaboración de la cerveza”, y que se desinfecta con un proceso de cloración, en caso de ser necesario. “Los efluentes tratados son volcados a cloaca, cuerpo superficial (laguna, arroyo) o pozo absorbente, según corresponda para cada locación”, agregó la empresa. Solicitamos la misma información a Grupo Arcor, pero no recibimos una respuesta.
En Mendoza, las sanciones por verter contaminantes en las aguas son tan bajas que no pueden disuadir a las grandes empresas. La multa máxima apenas alcanza un millón de pesos argentinos (US$ mil 050), así que las autoridades han intentado avanzar en reformas normativas para aumentar el monto a 100 millones de pesos (US$ 105 mil), pero hasta ahora sin éxito.
