Prensa Latina
La medida que arropa el Plan Control Territorial está en vigor desde marzo de 2022 como la herramienta necesaria para frenar la violencia de las pandillas que, en esa fecha, en un fin de semana asesinaron a más de 80 personas.
De tal manera se suspenden las garantías constitucionales de los pandilleros y a todo el que sea considerado como tal, lo cual permitió el arresto de más de 84 mil delincuentes y presuntos colaboradores.
Con el voto favorable de 57 diputados de 60, de ellos 54 de Nuevas Ideas y tres de pequeñas agrupaciones aliadaz, la iniciativa salió adelante, pese a la oposición de una minoritaria representación de otros dos partidos.
En agosto de 2024, el presidente Nayib Bukele prometió en entrevista a la revista estadounidense Time que «esperamos quitarlo a la brevedad posible que nos permita la realidad en el terreno», al asegurar que la medida es sostenible y que el país «todavía no está listo» para vivir sin régimen.
Según las autoridades aún quedan remanentes de las pandillas, un argumento que usa el gobierno para recurrir al estado de excepción que solo debía durar un mes, según sus críticos.
En diferentes protestas de organizaciones sociales y comunitarias una exigencia central es la eliminación de esta normativa, la liberación de varios miles de presuntos inocentes y el esclarecimiento de su paradero bajo el lema “vivos se lo llevaron, vivos lo queremos de vuelta”.
