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Profepa clausura 11 y desmantela 2 aserraderos ilegales; uno en SCLC

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MANUEL MONROY

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) coordinó y participó en operativos de inspección en 27 centros de almacenamiento y transformación de productos forestales, logrando la clausura de 11 y el desmantelamiento de dos aserraderos, además del aseguramiento de casi tres mil metros cúbicos de madera y cuatro maquinarias de aserrío.

Dio a conocer que las acciones de inspección y vigilancia se llevaron a cabo en:  Zona del Bosque se Agua; Morelos (Huitzilac), y Edomex (Ocuilan), Michoacán (Zona aguacatera: Acuitzio, Madero y Morelia), Hidalgo (Zona Agua Blanca), Campeche (Escárcega y Palizada), Tlaxcala (Área de influencia PN La Malinche, Tlaxco y Chiautempan).

Asimismo, se actuó en Chihuahua (Sierra Tarahumara Bocoyna), Oaxaca (Valles Centrales), Quintana Roo (Felipe Carrillo Puerto), Chiapas (San Cristóbal de las Casas), Puebla (San Martin Texmelucan y Lafragua), Veracruz (Zona de influencia del PN Pico de Orizaba), Guerrero (Técpan de Galeana) y Jalisco (Gómez Farías).

Reveló que entre las irregularidades encontradas están: incumplimiento a medidas de seguridad impuestas anteriormente; no presentar la autorización de funcionamiento, no acreditar la legal procedencia de materias primas forestales, no exhibir libro de registro de entradas y salidas, alterar y hacen mal uso de la documentación para acreditar la legal procedencia, almacenar volúmenes de productos forestales superiores a los autorizados, entre otros.

Informó también que estos operativos fueron coordinados por la Profepa y contaron con la participación de integrantes de instituciones de medio ambiente y de seguridad estatales, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Sedena.

“Con estas acciones buscamos frenar la extracción ilegal de los recursos forestales y revertir los procesos de deterioro de los bosques. La tala ilegal no solo amenaza a los ecosistemas forestales, sino que además debilita la organización de los dueños de los territorios y representa una competencia desleal para los emprendimientos forestales comunitarios legales y sustentables», afirmó.

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