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Proceso de Lozoya podría efectuarse sin cumplir principio de máxima publicidad

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ALERTA TRANSPARENCIA MEXICANA

* Poder Judicial de la Federación debe asegurar transparencia en el caso ante la “nueva normalidad”
* A diferencia de procesos penales públicos seguidos por el caso Odebrecht en América Latina, México corre riesgo de llevarlo en opacidad

MISAEL AUTE

Ante el anuncio de la aceptación de Emilio Lozoya Austin para ser extraditado y juzgado por la justicia mexicana por hechos relacionados con el caso Odebrecht, se corre el riesgo de que su procedimiento penal se lleve a cabo sin cumplir con el principio constitucional de máxima publicidad.

La consideración la hizo Transparencia Mexicana, organismo el cual argumenta que lo anterior se podría dar a causa de las limitaciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación a las audiencias penales con motivo de la contingencia por Covid-19.

Resaltó que el exdirector de PEMEX tiene pendientes cargos por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho ante la justicia mexicana, por lo que de llegar a territorio mexicano será presentado ante un Juez Federal para la celebración de una audiencia.

Destacó que en dicho encuentro se le informará al acusado de los delitos que se le imputan y se determinará si lleva el proceso en libertad o en prisión y agregó que de acuerdo con la Constitución, esta audiencia debe ser pública y puede ser presenciada por cualquier persona.

«No obstante, las disposiciones establecidas por el Acuerdo 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal podrían hacer que el proceso no sea abierto a la sociedad en tiempo real», lamentó.

En una breve explicación, TM señala que lo anterior es muy distinto a lo que ocurrió en otros países de América Latina, principalmente en Perú y Brasil, donde los procedimientos contra Odebrecht se llevan de manera pública y son transmitidos por medios digitales en tiempo real a toda la población.

«La falta de mecanismos para garantizar la publicidad de las audiencias penales abre la puerta a la desconfianza y escepticismo sobre un proceso que por sus implicaciones sociales y políticas debe ser impecable» urgió Transparencia Mexicana.

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