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Prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla para Rosario Robles

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Rosario Robles Berlanga.

El juez de control vinculó a proceso a la exsecretaria de Desarrollo Social, por ejercicio indebido del servicio público

 

CIUDAD DE MÉXICO

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo vinculó a proceso a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público y le impuso prisión preventiva justificada que deberá cumplir en el penal de Santa Marta Acatitla.

El juzgador concedió a la Fiscalía General de la República dos meses para realizar la investigación complementaria por las presuntas omisiones cometidas por Robles Berlanga ante un supuesto desvío de recursos por más de 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y sistemas de radio y televisión estatales.

Antes de escuchar la resolución del juez de control, Rosario Robles pidió «humildemente» enfrentar el proceso en libertad tras asegurar que no cuenta con millones de pesos cómo para evadir a la justicia.

«Ni tengo millones de pesos como para irme a Canadá a vivir y regresar impunemente, no quiero evadir a la justicia, mis tarjetas y mi cuenta están bloqueadas, yo me he presentado de manera absolutamente voluntaria, siempre he dado la cara», externó Robles.

La prisión preventiva deberá ejecutarse en el penal de Santa Martha Acatitla, durante los dos meses que durará la investigación complementaria.

Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, tomó la medida y desestimó el hecho de que Robles hay aclamado seguir su proceso en libertad.

La exfuncionaria, al borde del llanto, pidió al magistrado tomar en cuenta su disposición de comparecer a la audiencia de vinculación del proceso que se celebró el jueves y su continuación el lunes, la cual se prolongó por 11 horas.

Anteriormente, el Ministerio Público argumentó ante el juez que sí existía riesgo de que Robles se diera a la fuga, entre otras cosas, porque la exfuncionaria podría alcanzar una pena de hasta 23 años de prisión y reparación del daño hasta por 5 mil millones de pesos, monto del quebranto que se le atribuye.

«Eso no solo compromete su patrimonio personal, sino el de su tercera, cuarta, y hasta quinta generación. No hay posibilidad de que los pueda pagar», puntualizó.

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