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Presentan 5 iniciativas para garantizar justicia total para mujeres víctimas de un delito

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* Dentro de las propuestas hay dos que destacan por innovadoras: Una tiene que ver con castigar con una agravante el feminicidio de las mujeres indígenas y embarazadas y la segunda sugiere que para eliminar los estereotipos de género, se prohiban los concursos de belleza.

MISAEL AUTE

La diputada local Olga Luz Espinosa Morales presentó al Congreso del estado cinco iniciativas de reforma que buscan garantizar la justicia total a mujeres que han sido víctimas de un delito.

Las propuestas, mismas que deberán ser analizadas y dictaminadas en Comisiones para después pasar al pleno para su posible aprobación son las siguientes:

– La Ley Ingrid Escamilla. Esta reforma busca sancionar al servidor público qué haciendo uso indebido se sus funciones difunda imágenes de una víctima del delito.

– La segunda está relacionada a la prescripción de los delitos contra la libertad sexual y corrupción de menores. La legisladora perredista propone que la misma empiece a correr cuando la víctima del delito cumpla 30 años de edad.

– Una mas tiene que ver con castigar con una agravante el feminicidio de las mujeres indígenas y embarazadas, reconociendo la interseccionalidad en este rubro.

– Asimismo, la cuarta iniciativa sugiere que el feminicida no pueda gozar del beneficio de la libertad anticipada.

– La quinta reforma, la congresista pide sea en educación básica, para que se eliminen los estereotipos de género y se prohiban los concursos de belleza.

FEMINICIDIOS DE MUJERES INDÍGENAS

En cuanto a los cambios que pretende la Diputada se hagan para castigar a quienes comatwn feminicidio contra indígenas y embarazadas, expone que obedece a la necesidad de brindar respuestas legislativas eficaces a una realidad en la que se ha recrudecido, de manera creciente, la violencia hacia las mujeres y el feminicidio como su versión más extrema.

Recordó que en México las mujeres indígenas suelen enfrentar formas diversas y sucesivas de discriminación histórica que se combinan y se superponen, exponiéndolas a violaciones de derechos humanos en todos los aspectos de su vida cotidiana: desde sus derechos civiles y políticos, sus derechos a acceder a la justicia, hasta sus derechos económicos, sociales y culturales, y su derecho a vivir sin violencia, incluyendo el feminicidio.

Espinosa Morales señaló que las mujeres y niñas indígenas en el país, viven día con día discriminación y violencia social. Las causas: su condición de género, la desigualdad que enfrentan, su situación social e identidad étnica y por la subordinación en un sistema desinteresado en las comunidades indígenas.

«En México, la población indígena asciende a 12 millones 25 mil 947 personas, según el último censo del 2015 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas . Es decir, representa el 10 por ciento de la población del país. Entre ellos, 6 millones 146 mil 479 son mujeres (51.1%) y 5 millones 879 mil 468 son hombres (48.9%)», detalló.

Señaló que un estudio sobre la Violencia de Género contra Mujeres en Regiones Indígenas de México, realizado por el Centro de Investigaciones en Antropología Social y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, refiere que este fenómeno se produce en un sistema de múltiples estructuras de opresión donde se potencian las desventajas, exclusiones y desigualdades de las mujeres indígenas, hasta convertirlas en las más violentadas.

EMBARAZADAS

Por otra parte, señaló que recientemente en las redes sociales y en las noticias se habla de casos de feminicidios cometidos contra mujeres embarazadas, ante la serie de tres homicidios ocurridos entre marzo y abril de 2018; sin embargo, María Salguero, geóloga que registró en un mapa los feminicidios en México, asegura que ha estado sucediendo desde hace años.

Así las cosas, la iniciativa propone reformar el Artículo 164 Bis del Código Penal del Estado de Chiapas en materia feminicidios para que quien prive de la vida a una mujer por razones de género, se le impongan de cuarenta y cinco a sesenta y cinco años de prisión y de quinientos a mil días de multa.

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