MANUEL MONROY
Plantea se den facultades a la Policía Estatal, bajo el mando del Ministerio Público, de coadyuvar en las investigaciones, además de que el delito de extorsión sea considerado como grave, entre otros
El diputado local de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, tramitó para su estudio y dictamen cuatro diferentes iniciativas de reforma en materia Seguridad Pública, Justicia, Fiscalización y Rendición de Cuentas y Auditoría Superior del Estado.
En entrevista, detalló que en cuanto a la referente a Seguridad Pública, en ella plantea se den facultades a la Policía Estatal, bajo el mando del Ministerio Público, de coadyuvar en las investigaciones. «Se trata de homologar a lo que en este sentido se hace en el ámbito federal», dijo.
Respecto a la propuesta en materia de Justicia, dio a conocer que se trata de cambios en el Código Penal, para que el delito de extorsión sea considerado como grave (tal y como se aprobó también a nivel federal recientemente) y se incluya en el catalogo de delitos de prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, añadió que su iniciativa también incluye se incremente la pena de 10 a 20 años ante la comisión de este ilícito, o sea que se penalice con mayor severidad.
En cuanto a la reforma en Fiscalización y Rendición de Cuentas, adelantó que propone, en un Artículo Transitorio, que la responsabilidad de la solventación de los recursos públicos sea individual, es decir, a cada uno de los Secretarios de estado, pues son quienes manejan los recursos de cada uno de sus ramos.
«Si algún funcionario hace mal uso de los recursos o de manera indebida los ejecuta, tendría responsabilidades administrativas o penales, según sea el caso», comentó.
Sobre la referente a la Auditoría Superior del Estado (ASE), el legislador del partido Verde informó que propone se analice la designación del titular de dicha dependencia bajo ciertos requisitos.
Al respecto, comentó que se hablaba inicialmente que hay conflicto de intereses políticos, pero en el caso de Diputados y Senadores hay discriminación, pues ellos no manejan recursos públicos.
«En teoría lo que impide ser Auditor es porque un Gobernador o Secretarios de estado no pueden ser juez y parte, pero en el caso de los legisladores no manejan recursos públicos, ante lo que nos estamos discriminando al no poder acceder a este puesto», señaló.
