La Jornada
Ciudad de México. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por que el proyecto gubernamental de mil 500 kilómetros del Tren Maya, que se construye en la península de Yucatán, ponga en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, así como los derechos culturales y el de a un medio ambiente sano y sostenible.También, alertaron que las personas defensoras que plantean sus preocupaciones sobre los impactos negativos de esta obra “se enfrentan a amenazas y ataques y a un acceso seguro muy limitado a un tribunal independiente e imparcial”.
En un pronunciamiento, los expertos destacaron que si bien el gobierno federal ha elevado el proyecto a la categoría de seguridad nacional, este cambio de estatus “no permite a México eludir su obligación internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas” por éste y de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales.
Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, expuso que esta decisión “no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que también socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados. En este contexto, la creciente participación del Ejército en la construcción y gestión del proyecto también suscita gran preocupación».
Como proyecto dirigido por el Estado, el gobierno “debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente», dijeron las y los expertos, entre ellos también el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali; la relatora especial sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfarargi, y la de la esfera de los derechos culturales, Alexandra Xanthaki.
Pidieron al gobierno que garantice la participación significativa de las comunidades afectadas y la transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos y del impacto ambiental antes de cualquier decisión futura relacionada con el proyecto, como elementos clave para identificar, prevenir y abordar cualquier otro impacto negativo.
«Debe respetarse el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y deben evaluarse de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales», dijeron los expertos.Igualmente manifestaron su preocupación por la falta de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas implicadas en el proyecto, cuyo coste se estima en 20 mil millones de dólares. «Las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacer la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Maya».
Instaron a las empresas y a las y los inversores a tomar las medidas adecuadas y a ejercer su influencia para garantizar que los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos se llevan a cabo de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
