Tras exponer que solo el 1% de los delitos se persigue en México, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que si realmente el país quiere gozar de un Estado de Derecho, se debe fortalecer al Poder Judicial y no debilitar su presupuesto anual.
«Asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial es un despropósito y de manera indirecta una forma de revictimizar a quienes hoy más requieren respaldo», resaltó y ejemplificó que igual que para un enfermo no es negociable si es recibido o no en un hospital, una víctima tampoco puede estar sometida a saber si hay o no presupuesto para que su caso sea llevado ante un juez.
Recordó que La Cámara de Diputados pretende realizar un recorte de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos al Poder Judicial, una disminución que podría representar el 31% del presupuesto que tuvo en 2023. Esto resulta inaceptable en un contexto donde año tras año crecen el número de casos y de personas que recurren a instancias legales para hacer valer sus derechos.
Advirtió que el Poder Judicial desde el 2019 ha sido severamente golpeado en materia presupuestal. De haber tenido un presupuesto en 2018 de 95 mil 677 millones de pesos, para 2019 ese monto se redujo a 82 mil 994 millones, un recorte del 15%. Para 2023, el presupuesto aprobado bajó aún más, llegando a 80 mil 646 millones.
IMPACTOS
Destacó que el presupuesto propuesto por el propio Poder Judicial representaba un incremento del 4% en términos reales para 2024. «Cabe decir que como en toda la administración pública hay áreas de mejora en el gasto. Debe hacerse un análisis profundo de rubros donde el Poder Judicial podría generar economías o reorientar el gasto de manera más eficiente como lo mandata el artículo 134 constitucional».
El organismo patronal consideró que esta situación podría generar tres impactos negativos: Abrir a puerta al deterioro en la calidad de perfiles y a la impunidad, poner riesgo la certidumbre jurídica de la elección en 2024 y, según algunos expertos, se ahuyentarían inversiones.
Insistió en su exigencia de tener un Presupuesto responsable y demandó no más deuda. «Apostar por recortar recursos y asfixiar al Poder Judicial es un paso más en el desmantelamiento de los pilares democráticos de México. Sí, debe haber mayor eficiencia en el gasto, deben evitarse gastos superfluos; sí, hay áreas de mejora en el presupuesto del Poder Judicial, pero eso no justifica pretender dejarlo inoperante».09