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CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace casi cuatro años la iniciativa Ixchel, una Organización Civil, empezó a llevar intérpretes de tseltal y tsotsil a los hospitales públicos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Así subsanaron una deuda histórica de discriminación y olvido. Su servicio ha sido tan eficaz, que el diputado federal Joaquín Zebadúa analiza cómo tomar su experiencia y llevarla a la Ley General de Salud para dotar de más intérpretes en todo el país.
Por absurdo que parezca en una nación que se considera pluricultural, encontrar hospitales que den servicio en lenguas indígenas en México es casi una tarea imposible. En 2020, durante plena pandemia de Covid-19, la situación en varios hospitales de San Cristóbal de las Casas era crítica, sobre todo por la barrera del lenguaje que mantenía a miles de personas hablantes de tseltal y tsotsil. Fue cuando se creó Ixchel, que con un financiamiento internacional logró llevar intérpretes a los hospitales públicos de esa región.
La experiencia de trabajo de Ixchel es la base a partir de la que se desarrolló una iniciativa de ley que podría garantizar que el Estado sea el encargado de mantener intérpretes de lenguas indígenas trabajando en este hospital y en otros de la república.
“Ya hay una iniciativa presentada, la diseñamos desde Ixchel en diálogo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, que nos ha dado mucha retroalimentación, con el IMSS Bienestar y distintas instituciones”, comenta al respecto Fermín Reygadas, cofundador de Ixchel. “En ley general de salud, en donde se nombran los servicios básicos de salud viene que se deben dar estos servicios en las lenguas originarias, pero al final tiene una serie de párrafos o frases que es donde se modula y es donde está el vacío.
“La propuesta de reforma lo que hace es hacer explícito que las personas que hablan lenguas originarias puedan ser atendidas por personal que conozca su lengua y su contexto general. La idea es que en los hospitales que atienden a personas indígenas en los que por mes sus usuarios totales sean 10 por ciento o más de hablantes de alguna lengua, esa atención se tenga que dar junto con un intérprete”.
Este jueves primero de Febrero integrantes de Ixchel contaron sus experiencias a diputadas y diputados en una sesión a la que asistieron representantes de las comisiones de Salud y Pueblos Originarios. En ella se pudo esbozar un acuerdo con el IMSS-Bienestar para generar plazas, de forma escalonada, empezando en hospitales de Chiapas, Campeche y el Estado de México, cuyos gobiernos estatales han demostrado interés.
La reunión fue convocada por el diputado chiapaneco Joaquín Zebadúa, quien ya conocía los esfuerzos de Ixchel. “Después de que consiguieron sus fondos y empezaron a trabajar, el resultado fue inmediato”, reconoce sobre el programa en una entrevista. “En medida que se entiende la lengua, la cosmovisión y el contexto de la persona, la atención cambia. Como nos decía hoy Araceli, una de las intérpretes, desde el momento en que una persona sale de una comunidad ya va en una sensación de temor y sabe que se va poner en manos de doctores, que tal vez por la carga de trabajo, no van a tener la paciencia de tener una comunicación efectiva, y además, le van a decir cosas que no van a entender. A veces los médicos tienen tantos términos que ni en español les entendemos, a eso súmale la barrera del lenguaje y nada funciona,
Esfuerzos anteriores
La necesidad de tener intérpretes ha existido desde la construcción del Estado Mexicano y es muy claro que no existe una solución agrega Fermin Reygadas de Ixchel, Los problemas que ha generado se dan sobre todo en la ruptura de la confianza. Esto ha llevado a crear varias iniciativas muy puntuales, incluso en algún momento hubo intérpretes (al menos en Chiapas) pero trabajaban bajo honorarios y no funcionó, porque las personas intérpretes no tenían una plaza adscrita y los ponían a hacer otro tipo de trabajo más administrativo en lugar de atender a la población.
Normalmente, cuando se presenta una iniciativa de este tipo en la palestra legislativa, suelen enfrentar dos tipos de retos. El primero es si toca algún interés particular, pero este no es el caso. El segundo es cuando implica un impacto presupuestal, mismo que se crea al necesitar contratar a intérpretes. Incluso, el diputado Zebadúa infiere que la Secretaría de Hacienda vaya a tener una opinión contradictoria del proyecto, pues implica un mayor gasto.
Según un análisis ya realizado por el legislador y por la gente de Ixchel, la medida podría costar entre 100 y 200 millones de pesos al año para operar en todo el país. En muchos hospitales el gasto representa menos del 1 por ciento del presupuesto destinado a la nómina de sus trabajadores. Incluso, si se revisa el capítulo mil del presupuesto Federal, donde viene la nómina de los trabajadores del estado, se podrían encontrar formas de conseguir los recursos.
“Queremos identificar las economías que hay en nómina, en el capítulo mil del presupuesto, Como esa economía se calcula año con año, hay gente que renuncia, que se jubila, que no trabajan un mes o dos, si juntamos con eso, tpodría salir el gasto”.
Una primera reunión
“Ya estamos muy cerca de poder lograr una transformación positiva de la realidad”, aseguró en entrevista Fermín Reygadas de Ixchel después de la reunión de comisiones. “Faltan estos pequeños pasos, lograr que las instituciones lo acepten y que quede en las leyes, para que no sea solo una voluntad efímera. No hemos llegado al punto de celebrar y cantar victoria, pero sí se dieron unos pasos”.
A la reunión asistieron representantes del IMSS-Bienestar, el ente federalizado que se encarga de otorgar el servicio de salud gratuito en el país, también personal del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación.
Según se dijo, tanto la comisión de Salud como la de Pueblos Originarios se comprometieron a dictaminar la propuesta durante su primera sesión del mes de febrero. Sin embargo, es probable que el dictamen deba ir acompañado por una consulta pública.
“Existe un principio que se debería aplicar, que señala que cuando la norma que se está modificando va en sentido de una acción afirmativa o es un mecanismo para garantizar un derecho, la consulta se da por sentada. No se pedía”, explica el diputado Zebadúa.
“Pero la Suprema Corte ha echado abajo dos o tres reformas proderechos en esta legislatura argumentando que no se consultaron, lo que podría retrasar la definición del mecanismo que permitiría garantizar derechos a pueblos originarios, es un absurdo”.
Si no se tienen ningún contratiempo, se espera que la iniciativa pueda llegar al pleno de la Cámara de Diputados para marzo de este 2024.
