Sin Embargo
Madres y padres de familia se han horrorizado por la indolencia de las autoridades de la secundaria técnica 54 de Purísima del Rincón, que permitieron a agentes poner pistola y rifle en manos de sus hijos como parte de una “charla de prevención”.
Por Verónica Espinosa
Periodista feminista. Corresponsal del semanario Proceso en el Bajío desde 1997. Integrante de la Red Nacional de Mujeres Periodistas y del Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato.
Guanajuato, 14 de julio (PopLab).- Las imágenes dejan helado a cualquiera.
En el patio de la secundaria Técnica 54 Mariano Matamoros de Purísima del Rincón, policías municipales que llevaban la consigna de impartir pláticas sobre prevención de las adicciones y la violencia como parte del programa Planet Youth importado por el Gobierno del estado desde Islandia, acabaron poniendo en las manos de alumnas y alumnos del turno vespertino varias armas, cortas y de alto poder, y prácticamente adiestrándoles sobre su manejo.
Esto ocurrió con la autorización de la máxima autoridad de la escuela, el coordinador Jaime Ventura, en la tarde del jueves 7 de julio. También estaban presentes personal de Protección Civil y de Tránsito Municipal, quienes observaron estas escenas que han detonado la alarma, preocupación e indignación de madres y padres de familia de los estudiantes de esta escuela, así como de organizaciones defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que ya exigen investigar y sancionar lo ocurrido.
Las fotografías muestran a un nutrido grupo de alumnos y alumnas, con su uniforme escolar, en la cancha de la escuela. Una adolescente empuña una pistola, rodeada de compañeras y compañeros, mientras un policía uniformado levanta el brazo y apunta por arriba del arma, aparentemente haciendo alguna indicación a la persona menor de edad.
En otra imagen hay un adolescente que sostiene un arma larga, también en aparente indagación sobre cómo hacerla funcionar. Vestido con su uniforme escolar como el resto de sus compañeros allí reunidos, el estudiante es observado por agentes de Tránsito Municipal a una corta distancia.
Padres y madres de familia que denunciaron lo ocurrido dijeron no haber sido informados previamente por las autoridades de la escuela sobre la visita de los elementos de estas corporaciones del Gobierno municipal de Purísima, que encabeza el panista Roberto García Urbano, y mucho menos en qué consistirían “las pláticas”.
El Alcalde García Urbano, exdirectivo municipal de su partido, fungió anteriormente como director del Centro de atención contra la violencia intrafamiliar del DIF en Purísima.
Desde el año pasado, un veintena de gobiernos municipales -entre ellos el de Purísima del Rincón- se integraron formalmente a la estrategia denominada Planet Youth, el modelo islandés para prevenir y atender las adicciones en niñas, niños y jóvenes cuya importación fue iniciativa del Secretario de Salud Daniel Díaz Martínez y del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez.
En diciembre, los 46 alcaldes firmaron la adhesión para formar parte, a partir de este año, de la estrategia, que pretende disminuir en cinco años en un 30 por ciento el consumo de drogas en esta población, en un estado que está en los primeros lugares de denuncias por narcomenudeo en el país.
“Esto es un hecho aberrante en todo lo que significa… viola el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia”, dijo Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. “Imponer a un niño armas propias de personas adultas, en un país en violencia, en un estado que los últimos cinco años ha ocupado los primeros sitios de homicidio precisamente por arma de fuego, es absolutamente inaceptable”.
Pérez García sugirió a madres y padres presentar denuncias administrativas y penales por el riesgo en el que se puso a sus hijos.
JUGAR CON FUEGO
La secundaria técnica 54 de Purísima tiene una población escolar de aproximadamente mil 100 estudiantes en total en los turnos matutino y vespertino.
Según lo que algunas madres y padres narraron, el grupo de funcionarios municipales se presentó en la secundaria técnica 54 desde el turno matutino, con la intención de hacer una sesión de prevención “para el cierre del programa Planet Youth”.
Sin embargo, el subdirector de la secundaria se negó a autorizarles el ingreso.
Entonces esperaron al turno vespertino que inicia a las 2 de la tarde, y ahí sí tuvieron la autorización del coordinador del plantel, Jaime Ventura.
“Dijeron que es un programa para la prevención de las adicciones y que también iban para algo de protección civil. Que era el cierre del programa, pero nunca antes habían ido. ¿Pero cómo es posible que estén los alumnos portando las armas?”, señaló un padre de familia.
El coordinador permitió que sacaran de clases a los grupos de tercer año, que fueron llevados a la cancha.
Ahí, además de la charla sobre prevención, al menos un policía se ocupó también de poner en manos de estudiantes las armas y mostrarles el manejo de las mismas.
Molestos y asustados, algunos padres notificaron a principios de la semana sobre lo ocurrido al supervisor de zona, David García Bastida. Pero nada ha pasado, su queja no prosperó, señalaron.
“Estamos preocupados, asustados, más porque hay mucha violencia en Purísima del Rincón, muchas muertes en San Pancho y Purísima, asesinatos a jóvenes… aunque les hayan dicho que estaba vacía el arma, que no tenía balas, de todas maneras es un mensaje, y sin permiso y autorización de los padres”, señalaron.
APOLOGÍA CRIMINAL QUE VIOLA DERECHOS
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, le puso nombre a lo sucedido:
“Este es un hecho aberrante en todo lo que significa, porque en un país con altos niveles de violencia y con una condición de riesgo para niñas, niños y adolescentes, con más de 16 millones de armas ilegales circulando en el territorio, es aberrante y violatorio a sus derechos que en un establecimiento escolar, un establecimiento educativo, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, autoridades educativas, permitieran que hicieran contacto con armas, tuvieran acceso pero además, aparentemente entrenados”.
Además de violar el derecho de esta población de personas menores de edad a una vida libre de violencia, se viola la normativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que no permite que niñas, niños y adolescentes (NNA) tengan contacto con armas, expuso.
Por ello, lo sucedido amerita “una investigación inmediata y sanción a las autoridades responsables, policías específicos que estuvieron haciendo esto, autoridades educativas y de seguridad que lo hicieron”.
Para el activista, este hecho configuraría además una apología del delito e, incluso, el delito de corrupción de menores, de acuerdo con la definición de este tipo penal.
“(El tipo penal) establece que son todas aquellas acciones o prácticas propias de la edad adulta, que pueden ser de carácter delictivo y que una persona adulta impone bajo su dominio y control a un niño o una niña”.
Y exponer a niñas, niños y adolescentes a las armas en un país en violencia y mientras Guanajuato ha encabezado durante los últimos cinco años la estadística nacional de homicidios dolosos, precisamente cometidos con armas de fuego, “es inaceptable”.
Juan Martín Pérez insistió en exhortar a madres y padres de familia a interponer denuncias por las vías penal y administrativa, pues esto “debe traducirse en sanciones”, ante el muy negativo mensaje que se da de que niñas, niños y adolescentes pueden tener contacto con armas en las escuelas.
“De por sí ya es cuestionable que ingrese personal armado a las escuelas, es inaceptable que ese personal armado permita que niños y adolescentes maniobren armas que para portar y usar requieren de un entrenamiento”, remarcó.
Es por eso, dijo, que la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos está obligada a iniciar un expediente de oficio, investigar y emitir las recomendaciones que esto amerite.
En tanto, la Secretaría de Seguridad está obligada a suspender a los elementos involucrados temporalmente, mientras la Contraloría municipal realiza también una investigación para fincar responsabilidades.
Pero además, aun sin conocer por ahora claramente cuál fue el manejo, toca a la Secretaría de Educación del estado (SEG) informar públicamente qué sucedió y qué sanciones aplicará por esto a los responsables de esta secundaria técnica, en cuya fachada se ocuparon de pintar estos letreros:
“Aquí respetamos las reglas” y “acuérdate, no agredas a nadie”.
