José Cancino
La Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala, exigió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, la destitución inmediata del delegado de dicha dependencia en Chiapas, Ignacio Alejandro Vila Chávez, por supuestamente violar derechos humanos de mujeres indígenas y hacer uso de influencias para beneficiar a terceros en casos evidentes de crímenes en contra de líderes sociales.
A través de su vocero oficial, Jesús Gutiérrez Valencia, también se solicitó
al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, no simular el procedimiento administrativo iniciado Ignacio Alejandro Vila Chávez, pues debe ser castigado ejemplarmente.
La CNPA- MN demandó al Congreso del estado de Chiapas, no designe a este funcionario como Fiscal del estado, pues ha quedado demostrado que a todas luces no garantiza el acceso a la justicia para los chiapanecos.
“El 28 de septiembre pasado, a través de Gladys Escobar Jiménez, se interpuso una denuncia contra actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de Ignacio Alejandro Vila Chávez, Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chiapas”, puntualizó.
“Después de ciertas resistencias y objeciones basadas en consideraciones erróneas y no en argumentos legales, el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, notificó a los asesores legales de la viuda del defensor de derechos humanos, Noé Jiménez Pablo, el inicio del procedimiento administrativo instaurado en contra de Ignacio Alejandro Vila Chávez ,por haber incurrido en conflicto de interés al encontrarse impedido para resolver sobre la petición de ejercicio de la facultad de atracción, que en su momento solicitó Francisco Jiménez Pablo, líder de la CNPA MN”, agregó el declarante.
Gutiérrez Valencia afirmó que el conflicto de interés se suscitó porque el Delegado Estatal de la FGR es hermano de Rafael Arturo Vila Chávez, quien fungió como defensor particular de Manuel de Jesús Carpio Mayorga, uno de los responsables de la desaparición, tortura y asesinato de los defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, perpetrado el 17 de enero de 2019, en el municipio de Amatán.
