Las autoridades educativas atenderán de manera prioritaria las escuelas que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en comunidades indígenas, estableciendo condiciones físicas y de equipamiento, garantizando el acceso a las tecnologías de las información e internet, que permitan proporcionar educación con equidad e inclusión en dichas localidades.
Lo anterior pertenece a una iniciativa para reformar el artículo 102 de la Ley General de Educación, presentada por la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez y el diputado, Luis Edgardo Palacios Díaz, del Partido Verde Ecologista de México, tomando en cuenta que la educación es la base para mejorar el entorno y para el desarrollo sostenible.
La propuesta destaca que además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar a abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes de la actualidad.
«El acceso a la educación es considerado un derecho esencial para el desarrollo de todos los seres humanos ya que les permite recibir información, instrucción y enseñanza, así como las herramientas necesarias para el desarrollo armónico de todas las capacidades cognoscitivas, intelectuales, físicas y humanas», coinciden los legisladores.
Recordaron que durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Nueva York en 2015, los Estados miembros aprobaron oficialmente la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, el cual está integrado por 17 objetivos, entre los que destaca el relacionado con la educación.
«En este orden de ideas, contar con un sistema educativo de calidad debe ser prioridad para cualquier gobierno, ya que será a través de ésta que se superen las barreras de desigualdad y pobreza y se potencialice el crecimiento y desarrollo económico de las naciones», destacaron los militantes del Verde.
Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos emprendidos una de las demandas más sentidas de la ciudadanía sigue siendo una cobertura suficiente y de calidad de los servicios educativos, de manera tal que persiste hacia las autoridades la exigencia de garantizar el acceso de todos de manera equitativa a este rubro.
