AFIRMA EL FRAYBA
MISAEL AUTE
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), alertó sobre el riesgo que corren decenas de chiapanecos que están recluidos en las diferentes cárceles del estado, ante la pandemia de Covid-19 que se registra y pidió a las autoridades penitenciarias y de salud cumolir con las medidas dictadas por el Juzgado IV de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas.
El organismo reveló que la Secretaria de Salud y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tienen una orden con fecha 20 de mayo de 2020, dictada por el Juez IV de Distrito, para implementar medidas que garanticen la vida e integridad física de personas privadas de su libertad, específicamente en el Centro de Readaptación Social para Sentenciados 05 en San Cristóbal de Las Casas y en el CERSS 10, en Comitán.
«Tenemos información sobre la situación de riesgo a la salud en la que se encuentran los presos indígenas: Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo, Abraham López Montejo, así como Osman Alberto Espinales Rodríguez, Pedro Trinidad Cano Sánchez, Alexander Hernández Roblero, Alexander Hernández Zalazar y Bacner Maldonado García internos en el CERSS No. 5 de San Cristóbal, así como Marcelino Ruiz Gómez recluso en el CERSS No. 10 de Comitán, quienes continúan sin recibir atención adecuada a su salud», detalla.
Recordó que el día antes citado el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha presentó un amparo para reclamar la omisión en la atención a la salud de los presos mencionados y en esa misma fecha el Juez Federal otorgó la suspensión, para que las autoridades comprueben de qué manera llevan a cabo las medidas y acciones sanitarias de contención, para evitar el contagio en las prisiones.
Informó que es prioritario garantizar la vida e integridad física de los reclusos tal como lo establece el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación para la mitigación y control de riesgos a la salud frente al Covid-19. Las autoridades deben proporcionar inmediatamente la atención médica especializada necesaria, incluyendo estudios, valoraciones y medicamentos que resulten pertinentes para poder preservar la salud de los presos.
El Centro anota que la Organización de las Naciones Unidas señala en las directrices esenciales que las personas de Pueblos
Originarios privadas de la libertad son las más vulnerables, por ello, son merecedoras de una especial atención, traducida en el deber amplio y directo de protección respecto de su salud por parte de las autoridades “a nadie se le debe negar la atención médica por un estigma o por pertenecer a un grupo marginado”.
