La Crónica
“En el caso de ex funcionarios o funcionarios de altísimo nivel, cabe una excepción a la regla de la confidencialidad porque se antepone el bien principal, que es el de la rendición de cuentas, y se trata de situaciones que, de ser ciertas y estar evidentemente comprobadas, sí tendrían que ser reveladas»: Comisionado Francisco Javier Acuña
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informar si existen denuncias contra los ex presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador por posibles delitos de corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo, entre otros que se hayan presentado ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y ahora Fiscalía General de la República (FGR) entre 2005 y agosto de 2021,
El INAI le enmendó la plana a la Secretaria de Hacienda de la cual depende la UIF, quien se negó a entregar esta información bajo el pretexto de la confidencialidad de los casos.
Sin embargo el pleno del INAI a través del comisionado Francisco Javier Acuña, echó por tierra ese argumento al considerar que al tratarse de quienes han ejercido la máxima responsabilidad pública, política y administrativa del país, que es la jefatura del Estado y del gobierno federal, se debe hacer una excepción a los parámetros de la confidencialidad y la privacidad porque esos funcionarios de alto nivel deben rendir cuentas a la nación de su actuación al frente del país.
“En el caso de ex funcionarios o funcionarios de altísimo nivel, cabe una excepción a la regla de la confidencialidad porque se antepone el bien principal, que es el de la rendición de cuentas, y se trata de situaciones que, de ser ciertas y estar evidentemente comprobadas, sí tendrían que ser reveladas en las modalidades que ya dijimos: cuidando los puntos que se pudieran exponer y para esto se debe hacer y se hace una prueba de interés público que determina que en estos casos es viable hacerlo”, estableció
La resolución fue aprobada por el pleno del INAI y en ella también se le ordena a la SHCP que asuma competencia e informe los datos del seguimiento que se le han dado a esas denuncias.
En su oportunidad, la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, respaldó esta resolución al explicar que esta información es de interés público y la sociedad tiene derecho a conocerla en virtud de que se ha pugnado por la apertura de información relacionada con investigaciones abiertas en contra de personas servidoras públicas de alto nivel y representantes de elección popular.
