La constructora brasileña no solo sobornó a Emilio Lozoya con 10.5 mdd entre 2012 y 2014; ya había hecho al menos 25 pagos ilegales entre 2006 y 2011, según la contabilidad secreta de Odebrecht
Los sobornos que dio Odebrecht a Emilio Lozoya Austin no fueron los únicos pagos ilegales que la constructora brasileña hizo en México. Al menos 9.2 millones de dólares fueron transferidos por la firma entre 2006 y 2011 para corromper a diversas personas relacionadas con proyectos en el país.
La información, que hasta hoy era desconocida, proviene del sistema contable del Departamento de Operaciones Estructuradas, la oficina secreta de Odebrecht que distribuía los sobornos a funcionarios de toda América Latina y África. En los formatos quedaron registradas 25 transacciones de pagos ilegales realizadas en favor de personas en México en esos años.
Estas operaciones ocurrieron antes de los pagos que Odebrecht hizo al exdirector de Pemex, a quien le transfirió 10.5 millones de dólares entre 2012 y 2014 a cambio de ayudarle a obtener contratos como la refinería en Tula. Revelan además que el alcance de las prácticas corruptas fue mucho más extenso que el reconocido originalmente por los exdirectivos cuando confesaron haber sobornado a Lozoya y cuando más tarde admitieron pagos ilegales a campañas políticas en Veracruz y Tamaulipas.
La contabilidad secreta de Odebrecht evita mencionar el nombre de las personas o funcionarios que fueron sobornados y, en vez de eso, utiliza ‘codinomes’, que son seudónimos para referirse a quienes recibieron los pagos indebidos. Un alias puede referirse a una sola persona o a varias y una misma persona puede llegar a tener varios ‘codinomes’, según explicaron fuentes al interior de Odebrecht.
En los registros aparecen cinco nuevos ‘codinomes’ vinculados a proyectos mexicanos, según los documentos a los que tuvo acceso Quinto Elemento Lab, como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas integrada por periodistas de diversos países latinoamericanos.
En abril y mayo de 2006 el departamento de sobornos registró tres pagos ilegales a favor de “Pérsico” por 590 mil dólares para una obra identificada como “225101-Supervisao México”, aunque no se precisa a qué obra corresponde este proyecto.
En 2011 la división de pagos ilegales reportó 22 sobornos por un total de 8.6 millones de dólares vinculados a la obra “PH Michoacán”, los cuales fueron canalizados a personajes bajo los alias de “Océano”, “Xavier”, “Xavier 2” y “Meninos”.
“PH Michoacán” se refiere a la presa Francisco J. Múgica, de acuerdo con una investigación publicada en 2017 por Mexicanos contra la Corrupción (MCCI) que había revelado pagos ilegales por solo 383 mil dólares. El contrato para la construcción de la presa fue asignado en 2006 a Odebrecht por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según la nueva información, la persona que se benefició con el mayor monto de sobornos correspondientes a la obra en Michoacán se esconde tras el alias “Océano”. Tan solo entre enero y junio de 2011 este seudónimo recibió 19 aportaciones por un total de 8.1 millones de dólares; mientras que “Xavier 2” recibió 250 mil dólares, “Xavier” obtuvo 215 mil dólares y “Meninos” consiguió 15 mil.
En los registros que contienen los pagos realizados figuran las siglas LW de Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, como responsable de las transacciones vinculadas al proyecto en Michoacán.
Meneses Weyll ya había revelado en 2017 otros dos ‘codinomes’, cuando dijo que la constructora realizó una aportación de 500 mil dólares a la campaña de Javier Duarte en Veracruz. Los pagos fueron vinculados en la plataforma de sobornos a los alias “Batman” y “Robin”.
Los nuevos codinomes también son distintos a los dos que reveló MCCI en marzo de 2020 cuando publicó que el código “Latino” recibió sobornos relacionados con las obras de la refinería de Tula, Hidalgo, y que “Salvador” es una de las claves que tenía asignada Emilio Lozoya cuando estaba en curso la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
La nueva información contable de Odebrecht, los registros y fechas de los pagos ilegales y los seudónimos de los beneficiarios, fueron obtenidos por la organización peruana IDL-Reporteros y compartidos con Quinto Elemento Lab.
Los formatos con la contabilidad secreta llegaron el mes pasado a la fiscalía de Perú a raíz de una solicitud hecha por el fiscal José Domingo Pérez en abril de 2018 a las autoridades brasileñas sobre el registro de pagos de sobornos y el financiamiento de campañas políticas que Odebrecht hizo en el país andino.
Los documentos, que contienen más de 250 páginas de información, fueron enviados por los fiscales de Brasil y han abierto nuevas líneas de investigación en Perú. “Forman parte de la división de Operaciones Estructuradas, de la caja 2, que es la contabilidad paralela que tenía la empresa como destino de los pagos ilícitos referidos a obras públicas y campañas políticas”, dijo el fiscal peruano en entrevista con Quinto Elemento Lab.
El paquete de información no solo contiene los registros vinculados al caso de Perú, también incluye cientos de órdenes de pagos y transacciones ilegales que tuvieron lugar entre 2004 y 2011 en otros países de América Latina, como México, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Ecuador y Panamá.
En Perú, donde las pesquisas alcanzaron a cuatro expresidentes, los documentos filtrados incluyen 112 nuevos ‘codinomes’, por lo que el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, adelantó que viajará el próximo mes a Brasil para que exdirectivos de Odebrecht revelen la identidad de los funcionarios que recibieron los sobornos.
“La empresa está obligada a proceder a la identificación de todos los funcionarios que han intervenido en la trama de corrupción”, confió el fiscal.
En contraste con Perú, México no ha sido tan activo para solicitar ayuda de sus contrapartes brasileñas. La justicia peruana ha enviado más de 170 solicitudes de información al Ministerio de Justicia de Brasil en tanto que los fiscales mexicanos apenas han formulado 16 peticiones de colaboración a Brasil. La última solicitud fue girada hace un año, y nueve de las peticiones siguen en trámite.
Además de enviar solicitudes a Brasil y otros países, José Domingo Pérez explicó que a principios de 2019 la Fiscalía peruana firmó un acuerdo de colaboración con Odebrecht que le permitió acceder a información crucial para integrar los casos en contra de los últimos cuatro mandatarios: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
La justicia peruana optó por este mecanismo de colaboración con la compañía para tener acceso a información detallada sobre el pago de sobornos. Además de Perú, al menos otras siete naciones han firmado convenios con Odebrecht para avanzar con mayor velocidad en sus investigaciones.
“Hemos ido avanzando porque la propia empresa ha ido entregando información y ha develado ‘codinomes’ que se fueron conociendo en el transcurso de estos años. Al llegar un paquete de información, de ‘codinomes’, de pagos, de rutas de dinero, la empresa va a tener que convocar a los funcionarios que participaron en esos actos de corrupción y brindar información de quiénes son los funcionarios que han intervenido en esos pagos, proyectos y obras”, dijo el fiscal.
La nueva información que aportaron las autoridades brasileñas “confirma lo que ya había entregado e informado la empresa Odebrecht, pero también abre nuevos escenarios de investigación que de acuerdo al proceso de colaboración a la que está sometida la empresa está obligada a informar sobre esos nuevos pagos ilícitos”, añadió.
En México, la Fiscalía sólo ha señalado a Lozoya como receptor de los sobornos de Odebrecht, aunque el exdirector de Pemex ha implicado a más exfuncionarios. Sin un acuerdo de colaboración firmado con la firma brasileña, para los fiscales mexicanos resulta más difícil conocer quiénes fueron los beneficiarios de los sobornos. Odebrecht ha ofrecido su colaboración, pero las autoridades mexicanas se han negado.
Uno de los abogados de Odebrecht confirmó que la constructora no ha sido requerida por la Fiscalía mexicana. “En otras jurisdicciones latinoamericanas sí han habido diligencias y cooperación, pero con las autoridades mexicanas ninguna relación”, dijo el ejecutivo.
