* Adelantaron que analizan la posibilidad de echar abajo el acuerdo para nombrar a Molano y mejor tomar las decisiones de forma colegiada
* Aseguraron que el Municipio “conejo” está en crisis y revelaron que actualmente está sujeto a dos auditorías
MISAEL ZEÑAY
“No hay voluntad política para designar al alcalde suplente en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez lo cual provoca una seria crisis que afecta no sólo el desenvolvimiento de sus funciones, sino a la ciudadanía que busca realizar diversos trámites”, denunciaron este martes en conferencia un grupo de ocho regidores del Ayuntamiento.
Cuatro de dichos integrantes del cabildo, entre ellos, María Paulina Mota Conde, Ada Luisa Velázquez Hernández, Felipe de Jesús Granda y José Javier Morán Aramoni, coincidieron que al faltar alguien que dirija la administración ha repercutido en la no firma de contratos para surtir medicinas a la Secretaría de Salud Municipal.
“Aparentemente hay intereses muy poderosos de más arriba para seguir manipulando este cargo, aunado a que hay muchos Secretarios que hacen falta, pues aparentemente pidieron licencia en busca de algún puesto de elección popular. La situación es caótica, pues no hay quien atienda a la población y se teme que los recursos que se mueven en el ayuntamiento se estén usando para otros fines”, acusaron.
Dijeron que la situación ha provocado que analicen “echar abajo el acuerdo de cabildo en el cual se aprobó la figura de Carlos Molano como alcalde suplente, para poder así dar gobernabilidad y entre todos los regidores tomen las decisiones colegiadas y el Ayuntamiento tenga una dirección definida”, resaltaron.
Aseveraron que al no haber un Presidente Municipal, todos los funcionarios reciben órdenes de otro lado. “Debemos tomar el control ya o se vendrá abajo la administración”, subrayaron y aclararon que en cuanto a la licencia que pidió el anterior alcalde para separarse del cargo, ésta se hizo sólo 90 días antes.
“Inicialmente Castellanos Cal y Mayor tenía intención de buscar una Diputación Federal o una Senaduría y por ello pide permiso por 90 días, es decir, no contemplada participar por la gubernatura y prueba de lo anterior es que la sesión de cabildo 101, el 27 de febrero pasado, de la cual se tiene el acta respectiva, sólo la regidora María Mandiola Totoricagüena es la que solicita licencia 120 días antes, la cual se le otorga y es firmada por el propio alcalde”, informaron los regidores.
Explicaron que las acusaciones que hace el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), respecto a que la presunta licencia por 120 días si existe, los quejosos se desmarcaron y aclararon que de existir una responsabilidad es de la Secretaría General del Municipio. “Es esta instancia a la que se señala como poseedora de dicho documento, pues a nosotros como regidores nunca nos llegó”.
Denunciaron también que “curiosamente” las actas de cabildo y videos de las sesiones que deberían estar en la página web del municipio fueron eliminadas de la misma desde precisamente el 27 de febrero. “Esto debería ser motivo de sanción por parte de las autoridades de transparencia por haber eliminado estos datos ya que son públicos.
Al ser abordados sobre si antes de que termine la administración, solicitarán se realice una auditoría, adelantaron que en este momento se realizan una por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado (OFSCE) y otro de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”.
