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GUATEMALA.- Era el mediodía del 29 de septiembre de 2016. Un grupo de niñas y adolescentes albergadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción escaparon de las instalaciones. Al salir se dispersaron y parte del grupo siguió a una adolescente que las llevó a una casa en la Colonia El Limón, en la zona 18, uno de los lugares más peligrosos de Ciudad de Guatemala.
Caminaron desde la una de la tarde hasta alrededor de las ocho de la noche. Cuando llegaron al inmueble, las recibió una mujer apodada La China. La casa era de dos niveles, construida de block sin pintar, y adentro había un grupo de hombres que se identificaron como integrantes del Barrio 18.
“Cuando llegamos nos dijeron que íbamos a estar bien, que nos iban a dar ropa, dinero, teléfono y lo que teníamos que hacer es estar vigilando los camiones”, relató al Ministerio Público una de las adolescentes que escapó esa tarde del hogar. “No sé de qué eran los camiones, ellos son de la mara 18 y (nos dijeron) que si nosotras mirábamos que los de la mara 13 (Salvatrucha) hacían algo, ellos les iban a quebrar el culo”.
También les dijeron que serían tatuadas y rapadas para que fueran parte de la organización. Ellas se negaron pero fueron obligadas a pasar la noche en el lugar.
“Más noche sentí que querían abrir la puerta del cuarto donde estábamos durmiendo, pero no pudieron (…). De esa casa nos escapamos al día siguiente, que fue el 30 de septiembre. Nos escapamos porque no estábamos seguras y nos dio miedo estar allí”, declaró la adolescente ante la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP), el 13 de octubre de 2016.
Se escaparon tres adolescentes, pero cuatro más se quedaron en esa vivienda. La que contó esto al Ministerio Público regresó a su casa, ubicada en Quetzaltenango. Ahí la visitó una trabajadora social de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) para entrevistarla y llevarla de vuelta al hogar Virgen de la Asunción, donde había estado internada porque sufría de maltrato intrafamiliar.
“Ellas corren peligro, yo tengo miedo de que las puedan matar porque ellos, los de la mara 18, nos dijeron que no les gustaban los chismosos y que a los chismosos les pasaba algo”, enfatizó ante los fiscales.
Como contexto, el 10 de octubre de 2016, tres días antes de que la joven contara su experiencia a los fiscales, un abogado de la SBS había denunciado algo similar. Ante la Unidad de Gestión de la Sala de Apelaciones de Niñez y Adolescencia acusó a una joven interna de “dedicarse a la captación de otras adolescentes abrigadas, obligándoles a abandonar el proceso a cambio de ofrecerles dinero, ropa, vivienda y estudio”. Abandonar el proceso significa escapar de las instituciones públicas a las que llegaron por orden de un juez y donde deberían recibir abrigo y protección, dada su situación de vulnerabilidad. Incluso, dijo el abogado de la Secretaría de Bienestar Social, personal encargado de la seguridad perimetral del Hogar Virgen de la Asunción reportó haber visto que cuando salían las niñas había vehículos esperando transportarlas. ¿A dónde? “Desconocemos el paradero”, respondió en su denuncia. Se desconoce el rumbo que tomó este relato.
Este hecho, la fuga de las niñas, fue consignado como posible reclutamiento de menores de edad en grupos delictivos organizados.
¿Qué hizo el Ministerio Público con estas denuncias que hablaban de posible trata de personas y de abusos contra las niñas y adolescentes?
Cerró el caso.
Desde el año 2016 hasta marzo del 2017, cuando se clausuró el Hogar Seguro, la Fiscalía contra la Trata de Personas recibió cuatro denuncias relacionadas con trata dentro del Hogar Seguro: una de ellas, la presentada por la adolescente que escapó de la institución y luego de la casa de pandilleros en la zona 18; otra por el Organismo Judicial sobre una niña llamada “K” por el MP, posible víctima de trata; una tercera fue presentada por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) sobre una posible violación sexual dentro de las instalaciones; y una más por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
Estas cuatro denuncias fueron investigadas por un mismo fiscal, por tratarse de situaciones que ocurrieron en la misma institución. A cinco años de que se presentaron, tres de estas denuncias fueron cerradas por la Fiscalía y una de ellas se mantiene abierta. Denuncia 1: sin delito que perseguir.
Carlos Alfredo Figueroa Alvarado, fiscal de la unidad contra la trata de personas del Ministerio Público, estuvo a cargo de esas cuatro investigaciones. Sobre la denuncia de las jóvenes que escaparon aquel 29 de septiembre, explica a Ocote en entrevista que la pregunta generadora de la investigación fue “¿cómo una niña convenció a las otras?”.
“Había una adolescente a quien se le hacía ver la responsabilidad de haber convencido a las demás adolescentes de evadir este proceso (de acogida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción) y de llevarlas a una casa donde se presumía que era un lugar de mareros y pandilleros”, explica el fiscal Figueroa refiriéndose a la adolescente que el 29 de septiembre del 2016 huyó del hogar con otras compañeras.
Figueroa dice que entrevistaron a cinco de las jóvenes que huyeron ese 29 de septiembre de 2016 y todas ellas respondieron igual: nadie las convenció, salieron por voluntad propia. En este expediente el Ministerio Público no indagó en las razones de las niñas para escapar de la institución ni averiguó qué sucedía en el lugar para que quisieran salir de allí.
“Nadie las convenció, lo que sucedió es que en el encierro del hogar un grupo de señoritas empezó a hacer desorden y vieron la posibilidad de escaparse”, dice Figueroa.
La Fiscalía allanó la casa a donde llegaron las adolescentes luego de escapar del Hogar Seguro y determinó que allí vivían pandilleros.
“Estando en esa casa la persona que lidera la residencia les dice: ‘Miren, yo les ofrezco celulares, ropa y hasta novio pero si se unen a nuestra mara’”, señala Figueroa. “Ellas toman la decisión de no hacerlo y ellos les dicen que ‘va, pero que pernoctarán allí esa noche’”, y las amenazan con matar a sus familias si mencionan algo del inmueble.
“Entonces llegamos a la conclusión de que no hubo reclutamiento porque hubo una oferta (de los pandilleros) que no fue aceptada ni un medio coercitivo que las obligara a quedarse”, explica Figueroa.
Según la investigación, allí solo se quedó la adolescente que las llevó, la cual, días después, fue rescatada de la vivienda y retornada al Hogar Seguro a través de un segundo proceso de abrigo y protección. Esta adolescente moriría seis meses después, quemada en el incendio del 8 de marzo de 2017.
El fiscal no mencionó si la adolescente que supuestamente las reclutaba era víctima de trata; tampoco investigó qué pasó con las otras niñas que, según el relato de la joven denunciante, pasaron la noche en esa casa de la zona 18. Menos se reportó la captura de los pandilleros que estaban en la vivienda.
El caso fue cerrado ese mismo 2016.
Denuncia 2: la niña víctima y victimaria
“La adolescente K” es como el Ministerio Público identifica a una joven de 16 años que, en una audiencia en 2016 donde se discutía su proceso para ser protegida por el Estado y ser albergada en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, le dijo al juez que perteneció a una pandilla. Esto provocó que el mismo juzgado de la niñez ordenara que se investigara si ella había sido víctima de reclutamiento para una mara, fuera del Hogar.
La joven estuvo en el Hogar Seguro durante quince días y escapó el 29 de septiembre de 2016, el día que otras jóvenes se fugaron y terminaron en una casa de Barrio 18. Mientras estuvo dentro del albergue, los fiscales indagaron en su historia y encontraron que desde antes de su ingreso a la institución había pertenecido a una estructura criminal dedicada a la extorsión y había sido condenada por un juzgado de adolescentes en conflicto con la ley penal por los delitos de asesinato y asociación ilícita. Pese a eso, no estaba en el centro de detención de menores y tenía activa una alerta Alba-Keneth.
“En ese momento dejó de ser una víctima y se convierte en victimaria”, dice Figueroa.
Aunque un juzgado de la niñez ordenó que fuera protegida por el Estado y enviada al hogar Virgen de la Asunción,cuando los fiscales encontraron sus antecedentes penales, la joven dejó de ser vista como alguien que necesitaba abrigo, a ser considerada una criminal.
El fiscal Figueroa explica que K llegó primero al sistema de protección a la niñez, antes de ser localizada por la Policía Nacional Civil (PNC). Es decir, fue reconocida por el sistema como víctima antes que como victimaria, pero la Fiscalía utilizó los antecedentes de la joven para cerrar el caso. Cuando fue localizada después de haber escapado del hogar, K fue capturada y procesada por extorsión.
Aunque el caso de K no sucedió dentro del Hogar Seguro el Ministerio Público lo vinculó a las otras denuncias de hechos sucedidos en esa institución porque tenía similitudes con la denuncia de la niña que fue llevada a una casa de pandilleros para ser reclutada para el Barrio 18. Sin embargo, el caso fue cerrado porque la joven denunciante fue considerada una victimaria.
Nuevamente, la posibilidad de que existiera un grupo organizado para la trata de niñas y adolescentes relacionadas con el albergue estatal fue descartada por el Ministerio Público.
Esta fue la segunda vez que la Fiscalía cerró un caso por estos indicios.
Denuncia 3: ¿no hubo violación?
El 7 de marzo de 2017 un grupo de niñas, niños y adolescentes escapó del Hogar Seguro Virgen de la Asunción luego de protestar por las malas condiciones en las que vivían, situaciones que ya habían sido denunciadas por las chicas albergadas, por la PDH y por el Organismo Judicial.
Esa misma tarde las y los jóvenes fueron detenidos por la Policía Nacional Civil y encerrados en lugares diferentes del hogar. Un total de 56 niñas fueron dejadas bajo llave en una habitación de 47 metros cuadrados. Ese 8 de marzo una de las niñas prendió fuego a un colchón como forma de llamar la atención de la policía para que les abriera la puerta, ya que necesitaban salir al baño. El fuego se expandió y ardió por nueve minutos. 41 niñas murieron y 15 sobrevivieron con quemaduras graves.
En marzo del 2017, después del incendio, el MP recibió una denuncia por hechos que habrían sucedido en octubre de 2016. Se trata del caso de una adolescente que se escapó del hogar y cinco días después fue localizada por la Policía Nacional Civil. En ese momento el MP la entrevistó y ella declaró haberse ido de la institución por “la desesperación del encierro”. Meses después la adolescente reveló más datos. Tras el incendio la joven aseguró que dentro de las instalaciones del albergue estatal había sido explotada sexualmente.
“Ella nos cuenta que cuando estuvo en el hogar un día le dijeron que tenía que ir con el dentista. Ella menciona que una mascarilla de gas la adormece y que al día siguiente tenía dolor vaginal”, señala el fiscal.
Según el relato de la adolescente esto ocurrió dos veces. En su testimonio también reveló que un fin de semana había recibido instrucciones de ir a la lavandería y que al llegar fue encerrada por un hombre que utilizaba un gorro pasamontañas. Logró identificar que era un hombre de cabello rubio, ojos azules y de estatura alta, lo que daba a entender, según la menor, que era una persona extranjera. Ella denunció que, sin mediar palabra, la violó.
También aseguró que, debido a la agresión sexual, había quedado embarazada y que había tenido un aborto espontáneo después de caerse de un muro cuando escapaba del hogar, en octubre de 2016.
La investigación del Ministerio Público descartó lo dicho por la joven.
Cuando salió de la institución, la joven regresó a vivir con su madre. Después de recibir la ampliación de la denuncia, el MP pidió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que le realizara un exámen médico y psicológico.
El informe médico reveló, según el fiscal, que ella tenía el himen íntegro, que no tenía signos de gestación, de aborto o de “desfloración” -aunque, según publicó el Journal of Forensic and Legal Medicine, el himen puede mantenerse íntegro después de la penetración por su elasticidad-. “Con esto descartamos todo lo que ella había declarado”, asegura Figueroa.
El reporte psicológico arrojó que la joven “estaba fabulando” y que esto le provocaba síntomas físicos. El psiquiatra del Inacif recomendó que recibiera fármacos.
“Con esto el caso no tuvo ningún fundamento científico”, enfatiza el investigador, en relación a las declaraciones de la menor.
Ocote le preguntó a Figueroa si además de prescindir del testimonio de la adolescente, la Fiscalía había realizado otras diligencias de investigación.
El fiscal aseguró que entrevistaron a compañeras de módulo del Hogar Seguro, a educadoras, monitores, encargados de seguridad de la entidad y de empresas privadas contratadas para vigilancia perimetral, quienes hicieron una inspección ocular y documentaron con fotografías la clínica dental y la lavandería “para determinar si era posible que los lugares se prestaran para estar a solas con una persona y que, aunque gritara, no se pudieran escuchar gritos de auxilio”. Pero, asegura, no encontraron indicios.
“La parte de las clínicas médicas está una frente de la otra por lo que podríamos pensar que si alguien está encerrado gritando por auxilio fácilmente se hubiera escuchado. El lugar de la lavandería tenía ventanas muy amplias por lo que era muy difícil que las personas no pudieran observar un acto de violación”, dijo el fiscal a Ocote.
Una vez más, otro caso fue archivado.
Esta fue la tercera vez que el MP le dio carpetazo a las denuncias por posible trata de niñas y adolescentes.
En noviembre de 2016, la PDH llevó el caso de la menor por violación sexual dentro de la clínica dental del Hogar Seguro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y además aseguró que, en 2016, 43 niñas y adolescentes internas en la institución se fugaron.
La PDH indicó que no se podía descartar que las fugas tuvieran vínculos con trata de personas en la modalidad sexual y reclutamiento forzoso. La CIDH dijo que la información era consistente con la posibilidad de que en la institución existiera una red criminal que se dedicara a la trata de personas.
Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), también reportó en un informe que, entre septiembre y noviembre de 2016, 53 niñas, niños y adolescentes desaparecieron de este albergue estatal.
Denuncia 4: agresión, abusos y fugas
La cuarta denuncia, que fue interpuesta por la Procuraduría de Derechos Humanos, describe que dentro del hogar había abusos sexuales, maltratos físicos, abuso de institucionalización, mala alimentación, riesgos de la salud, falta de seguridad en el edificio y mala infraestructura.
Este caso no avanzó, pero no está cerrado, porque en el 2020 la PDH y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) pidieron a los fiscales que no se desestimara y se dejara abierta la posibilidad de proponer diligencias de investigación. Aunque ya pasó más de un año desde esta solicitud, el expediente no ha tenido movimiento.
Después del incendio de marzo del 2017 la Fiscalía de Derechos Humanos abrió un quinto caso por posibles hechos de tortura y explotación sexual. Esta investigación nació en agosto de 2017 por una denuncia de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), que se constituyó como querellante adhesiva en el caso penal contra 11 personas ligadas a proceso a raíz del incendio de marzo de 2017.
No se conoce el avance de la investigación porque el expediente está bajo reserva judicial.
Las otras violencias
En dos ocasiones, antes del incendio del 8 de marzo de 2017, el Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue declarado por la Procuraduría de Derechos Humanos como un lugar donde se violaban los derechos humanos de las y los niños y adolescentes albergados.
La primera vez fue en 2013 y la segunda en 2014, luego de que la PDH investigara las condiciones del lugar y constatara que eran víctimas de abusos psicológicos, físicos y sexuales de parte de sus mismos compañeros, trabajadores de la institución e incluso de personas ajenas, extremo que las mismas niñas denunciaron.
La crisis dentro de la institución no se podía esconder, aunque no se escuchó. El 19 de octubre de 2013 una adolescente fue encontrada muerta en las instalaciones del hogar. Según los reportes oficiales había sido estrangulada con una bufanda por dos de sus compañeras, que en 2016 fueron condenadas a seis años de prisión.
Ese asesinato ocurrió en área del hogar llamada La Bartocha, que según una investigación de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público era un cuarto que medía 2.8 por 2 metros y era utilizado para encerrar a adolescentes como castigo. Las niñas podían pasar allí horas o días en condiciones infrahumanas. En 2018 fueron capturadas 16 personas que estaban de turno la noche que la adolescente fue estrangulada en esa área.
Pocos días después de la muerte de la joven, la Defensoría de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos dijo en una resolución que la Secretaría de Bienestar Social no contaba con planes de abordaje para situaciones de crisis, que mezclaba a las y los jóvenes de diferentes perfiles (víctimas de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, que habían participado en pandillas, que habían sido abandonados…) y que no contaba con procesos sistemáticos y psicoterapéuticos para atenderlos.
La PDH declaró que había “negligencia institucional” e hizo recomendaciones que la SBS nunca implementó, entre ellas que se elaborara un manual de convivencia en el que participaran niñas, niños y adolescentes y que se capacitara al personal del hogar sobre las medidas de seguridad que deben tomar para que prevaleciera el orden si vulnerar los derechos de los internos. Además la Procuraduría envió una copia de sus hallazgos al Ministerio Público para que iniciara una investigación.
Fue a partir de esta falta de acción que la PDH declaró violado el derecho humano a la dignidad, seguridad e integridad de la niñez y adolescencia interna en dicho hogar. Sin embargo, al tratarse de recomendaciones no vinculantes, la SBS las ignoró.
Otro de los ejemplos de los círculos de violencia dentro de este albergue estatal quedó registrado en una denuncia que ingresó al Ministerio Público el 1 de octubre de 2016 por “golpes entre internas del hogar seguro”. Ese día una maestra del hogar acompañó a una adolescente de 15 años a denunciar que había sido agredida por otras 20 niñas albergadas en la misma área. Según el relato de la trabajadora, la joven tenía moretones en el rostro y el cuerpo y había sido atendida en la clínica del Hogar Seguro.
La adolescente, quien también declaró en el MP, dijo que otra niña la había buscado en su módulo para avisarle que alguien quería hablar con ella. Al negarse, fue levantada de su cama y llevada a un salón donde apagaron la luz para golpearla. “Yo no podía decir nada de lo que pasó porque allí estaban las patojas y me dijo una niña que si yo le decía algo a la seño (la educadora), del módulo iba a salir muerta”, relató la joven en su denuncia.
La maestra le dijo al MP que “posiblemente se trató de una rivalidad entre pandillas”.
Otra de las víctimas de violencia entre compañeras fue Mari Carmen Ramírez Melgar. En 2016 fue trasladada a un albergue privado porque cuando estuvo en el hogar dos niñas le introdujeron la cabeza en un sanitario, la agredieron sexualmente y le dieron de comer un pan con heces fecales. En 2017 fue ingresada nuevamente en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción -se desconocen los motivos- y falleció en el incendio del 8 de marzo de 2017.
La falta de protocolos y experiencia en cómo brindar atención a la niñez vulnerable quedó registrada en una denuncia que ingresó al MP en julio de 2017. Verónica Elizabeth Ochoa López de Najarro, una maestra del hogar, fue señalada de agredir con patadas y puñetazos a las cuatro adolescentes que golpearon a Mari Carmen. Según documentos a los que Ocote tuvo acceso, Ochoa López las obligó a permanecer en posición de sentadilla durante largo tiempo y les hizo quitarse el pantalón y la ropa interior para que se introdujeran un dedo en el ano para después lamérselo.
“(Ustedes) no se comparan con la basura”, les gritó, según la denuncia.
El testimonio de las jóvenes agredidas por Ochoa López fue respaldado por la denuncia de otras compañeras que vieron lo ocurrido y lo reportaron a una de las psicólogas del hogar, según consta en un reporte del Departamento de Protección Especial de Maltrato en todas sus formas de la SBS al que Ocote tuvo acceso.
Yemmi Aracely Ramírez Siquin es otra de las víctimas mortales del incendio de 2017 en el Hogar Seguro. Su nombre quedó registrado en documentos legales donde narró la violencia que vivió dentro de las instalaciones. El 21 de octubre de 2016, cuando tenía 15 años, acudió a la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público junto a una asesora legal del Hogar Seguro para denunciar que tres días antes había sido agredida físicamente por otras compañeras y que para alejarla del grupo, una educadora la envió a limpiar los baños, donde nuevamente fue golpeada por otras adolescentes.
La joven declaró que esperaba su audiencia ante un juzgado de la niñez para saber si ya podría salir de la institución. La audiencia estaba programada para enero de 2017, pero se retrasó. Yemmi falleció en el incendio dos meses después.
Lo mismo ocurrió con Sarvia Isel Barrientos Reyes. El mismo día que Yemmi, denunció que había sido acusada por las otras adolescentes de hacer señas vinculadas a la mara Salvatrucha y que por eso la habían golpeado en manada. Sarvia también murió en el incendio el 7 de marzo.
Personal y recursos deficientes
Ante esas situaciones, la SBS no contaba con protocolos de acción ni guías para los trabajadores del hogar. En 2020 la Secretaría presentó cinco guías de atención para la niñez albergada.
En un informe de 2017 la PDH dijo que la institución no tenía personal suficiente y capacitado para controlar las situaciones de riesgo y que en ocasiones había solo seis monitores a cargo de más de 300 niños y niñas. Esto cuando según reportes de Disability Rights International, que el 22 de octubre del 2021 presentó una investigación sobre la situación de las sobrevivientes, en la institución llegó a haber hasta 800 personas albergadas.
La falta de planes de acción para situaciones de crisis provocaba que lejos de contar con un enfoque de prevención, las niñas, niños y adolescentes fueran reprimidos y castigados. Los trabajadores y autoridades de la institución tenían más experiencia con adolescentes en conflicto con la ley penal que en derechos de la niñez. Por ejemplo, Santos Torres, quien fungía como director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en el momento del incendio, inició su carrera en la Policía Nacional Civil y pasó por diferentes puestos hasta llegar a ser subdirector general de personal del ente policial. Es decir, era más un policía que un experto en atención a la infancia.
La PDH también reporta que en septiembre de 2014 la directora de asesoría jurídica de la SBS envió un oficio en el que denunció la existencia de casos de “abuso o violencia sexual, expresados por los residentes del Hogar Virgen de la Asunción cometidos por el personal, personas ajenas o entre los mismos residentes”. Esto también fue denunciado en el MP. La Fiscalía investigó y no encontró indicios, por lo que descartó la existencia de redes de trata de personas en el lugar.
El 1 de febrero de 2016, la PDH elaboró un informe donde constató que las niñas y adolescentes recibían comida en mal estado y no acorde a sus edades, lo que les provocaba enfermedades estomacales. Según los reportes a los que Ocote tuvo acceso, varios jóvenes señalaron que después de la comida, los monitores les entregaban una píldora blanca para supuestamente evitar que les diera diarrea.
Además, las niñas vivían en condiciones antihigiénicas. No tenían suficiente ropa, se prestaban prendas íntimas y dormían entre sábanas que no eran lavadas de forma adecuada. Esto provocó, según la PDH, brotes de sarcoptosis, dermatitis y piojos que también se registrarían en otros hogares de la SBS.
Todo ocurría en un ambiente con poca seguridad. Las cámaras de vigilancia eran insuficientes y muchas de las que estaban instaladas no funcionaban. Los portones eran poco vigilados, por lo que había descontrol entre quienes salían e ingresaban al lugar.
Los niños y los adolescentes reportaron que eran sujetos a medidas disciplinarias más severas porque las autoridades presumían que por ser hombres era más probable que tuvieran vínculos con pandillas, lo cual, denunció la PDH, reflejó el estigma y criminalización de los adolescentes.
“Los casos constantes de abandono del proceso, así como los repetidos intentos de salir del hogar era una clara manifestación de las situaciones de maltrato que enfrentaban, no obstante a esto, ni las autoridades encargadas del hogar ni de la Secretaría de Bienestar Social tomaron acciones para evitar dichas situaciones de violencia”, denunció la PDH en el 2014, cuando por segunda ocasión declaró violados los derechos humanos de las y los internos.
Al menos desde el 2013, tres años antes del incendio, estaban encendidas las alarmas y el gobierno guatemalteco decidió no escuchar. Pese a que existieron denuncias, los gritos de ayuda de las niñas y adolescentes fueron ignorados y su testimonio del maltrato y el abuso permanece entre papeles y expedientes.
Mientras tanto, la situación para la niñez no ha cambiado. En 2018, 2020 y 2021 se han reportado protestas en hogares de la Secretaría de Bienestar Social. Las niñas y adolescentes han escapado por las mismas situaciones que las víctimas del incendio del 8 de marzo denunciaron: hacinamiento, abusos y mala alimentación.
