Excelsior
Las autoridades de El Salvador mantienen una política de tolerancia cero frente a cualquier manifestación que pueda ser interpretada como apoyo o simpatía hacia las pandillas, incluso en el caso de menores de edad. “Nuestra policía ubicó y capturó a José S., quien aparece en un video haciendo señales de pandillas, en un centro escolar junto a otros alumnos.
“Este menor de edad será procesado conforme a la ley. No vamos a permitir que este cáncer vuelva a permear en nuestras comunidades y nuestros jóvenes para amenazar la paz y seguridad que le hemos devuelto a nuestra gente”, compartió en redes sociales Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, tras la detención del menor.
Sobre los niños y adolescentes que suben videos a Instagram y TikTok aludiendo a las pandillas, Villatoro aseguró en conferencia de prensa: “Sepan que ahora un menor de edad entre los 12 y los 18 años va a responder con penas de prisión de hasta 20 años, que es la pena mínima para los delitos de agrupaciones ilícitas y lo que estos jóvenes andan haciendo dentro de las escuelas es actividad relacionada a grupos terroristas”.
El ministro precisó que en lo que va del régimen de excepción se han ubicado a mil 194 menores, de los cuales mil 65 ya fueron condenados por participar o pertenecer a estas estructuras.
El dato
Mala solución
Encarcelar a menores no mejora su desarrollo ni promueve su reintegración social. Afecta a su salud y bienestar, además de aumentar el abandono escolar, según Unicef.
Las reformas a la Ley Penal Juvenil, promulgadas en 2023 por el gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas incluyen penas de cárcel de 10 años para niños y adolescentes menores de 12 años, y sentencias de hasta 20 años de prisión para adolescentes mayores de 16 años.
Asimismo, los cambios legislativos permiten que estos niños, niñas y adolescentes permanezcan detenidos hasta que se dicte sentencia y limitan la posibilidad de que sus sentencias sean modificadas o anuladas.
“Ninguna de estas medidas se ajusta a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte”, aseguró al respecto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
En marzo de 2022, el gobierno de Bukele presionó al congreso para declarar estado de excepción en El Salvador, que suspende los derechos a la libertad de asociación y reunión y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso.
Al respecto, y sobre los menores afectados Unicef expresó que la violencia de pandilla en El Salvador “es inaceptable; daña significativamente a las comunidades y pone a muchos niños, niñas y adolescentes en riesgo de vincularse al mundo del crimen. Sin embargo, encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no es la solución”.
