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El gobierno de Daniel Ortega trata a los opositores políticos como «enemigos» y violenta sus derechos más elementales, según una investigación divulgada el viernes (28.04.2023) por el Colectivo de Derechos Humanos «Nicaragua Nunca Más”, que documentó 40 formas de tortura contra 158 personas detenidas desde las protestas de 2018, 113 de las cuales fueron víctimas de violencia sexual por parte de oficiales penitenciarios y altos mandos policiales.
El documento, presentado en Costa Rica por Juan Carlos Arce, abogado de esa ONG con sede en San José, fue elaborado a partir de la recopilación durante dos años de testimonios de víctimas y familiares de encarcelados. También incluye fotografías, videos, denuncias públicas y expedientes judiciales.
«Desde abril de 2018 hasta la actualidad se ha instaurado un sistema de terror de Estado y una política de detenciones arbitrarias y tortura contra personas consideradas como ‘opositoras’ y tratadas como enemigas y sin derechos», denunció el Colectivo, fundado en Costa Rica por defensores de derechos humanos nicaragüenses forzados al exilio.
Según la investigación, de las 158 víctimas de torturas 153 participaron en las protestas de 2018 y 123 fueron amenazadas, asediadas u hostigadas antes de su detención. Se trata de 130 hombres -incluidos dos menores de edad- y 28 mujeres procedentes de 14 de los 16 departamentos del país.
El informe documenta 40 tipos de torturas, entre las cuales destaca la violencia sexual que fue perpetrada contra 113 de los 158 detenidos incluidos en la investigación. Siete de las 28 mujeres fueron victimas de violación y las restantes de otro tipo de abusos. En el caso de los hombres el documento registró dos casos de violación y 88 abusos sexuales.
Según el texto, otras torturas aplicadas a los reos políticos son: condiciones extremas e inhumanas de detención, golpizas, amenazas de muerte, desaparición forzada temporal, quemaduras, choques eléctricos, colgamientos, simulación de ejecución o asesinato y desprendimiento de uñas.
Asimismo se menciona la privación del sueño y del sol, la disminución de la ingesta de agua y de alimentos, la privación del contacto con familiares y la denegación de atención médica.
La aplicación de la tortura en Nicaragua fue documentada también por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas (GHREN) que en un informe divulgado en marzo denunció al gobierno de Ortega por «crímenes de lesa humanidad”.
El informe del Colectivo identificó además un patrón de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la Policía Nacional y fuerzas parapoliciales afines al gobierno, que actuaron «de forma coordinada” para reprimir y capturar a los manifestantes civiles.
El documento también identifica a los responsables de la tortura ya que revela «158 nombres de perpetradores, incluyendo altos mandos de la policía y del sistema penitenciario”, destacó Arce.
«El informe deja en evidencia que estamos ante un Estado que practica la tortura de manera sistemática y generalizada, ya que no quedó un sólo lugar de Nicaragua sin víctimas”, afirmó el jurista.
El gobierno de Ortega rechaza todas las denuncias y alega que la rebelión social de 2018 fue un «fallido golpe de Estado” financiado por Estados Unidos y países europeos.
