Óscar Gómez
San Cristóbal de Las Casas.– Integrantes de Colectiva Cereza se manifestaron a las afueras de Palacio de Justicia de esta ciudad por el feminicidio de la niña Liliana Guadalupe, quien fue víctima de negligencia y falta de acción por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En conferencia de prensa, aseguraron que durante cinco días, la FGE no activó los protocolos de búsqueda inmediata, como el uso de cámaras del C4 o el rastreo de datos telefónicos, acciones que pudieron haber salvado su vida en las primeras 24 horas.
«A pesar de contar con herramientas legales como el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que les permite realizar investigaciones urgentes, la Fiscalía tardó en actuar, lo que resultó en la huida del feminicida», sentenciaron.
Asimismo, dijeron que el colectivo Madres en Resistencia ha denunciado estas omisiones y ha acompañado a la familia de Liliana Guadalupe en su búsqueda. «Durante los días, la familia colocó carteles y rastreó posibles ubicaciones, mientras las autoridades se mostraban desinteresadas en ayudar. Finalmente, la Fiscalía llevó a cabo un cateo, pero para entonces, el peligroso responsable ya se había escapado. Este caso refleja la falta de compromiso de las autoridades para proteger a las mujeres».
«La indignación también se extiende a otros casos de injusticia en Chiapas, donde se acusa a la FGE de fabricar pruebas en contra de personas inocentes, muchas de ellas indígenas. En la causa de Juana y Ernesto, se han presentado pruebas falsas y violaciones a los derechos humanos, incluyendo entrevistas manipuladas a sus hijos adolescentes, quienes fueron amenazados por la Fiscalía para declarar en su contra. Este modus operandi de construir casos con pruebas ilegales y prejuicios raciales es una constante en los procesos judiciales de la región».
Aseguran también que el sistema de justicia en Chiapas enfrenta una creciente presión social por cambios radicales. La corrupción, las alianzas entre fiscales y jueces, y las violaciones a los derechos humanos en los procedimientos judiciales son temas urgentes que deben abordarse. «Las recientes audiencias relacionadas con el caso de Juana y Ernesto han sido diferidas debido a la presión pública, lo que genera esperanzas de que se logre una revisión justa de los casos planteados».
«La falta de transparencia y la impunidad en estos casos han dejado un amargo sabor en las familias afectadas y en las organizaciones que luchan por la justicia. Las autoridades deben rendir cuentas por su negligencia y garantizar que las víctimas y sus familias reciban un trato digno y justo. El futuro de la justicia en Chiapas depende de que se tomen acciones contundentes contra la corrupción y el racismo que prevalece en el sistema penal», concluyeron.
