La Jornada
Guadalajara, Jal. Claudia Delgadillo y José María Martínez, ex candidatos a gobernadora de Jalisco y alcalde de Guadalajara por la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentaron sendos juicios de inconformidad contra el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco en busca de anular las respectivas elecciones ante lo que consideraron un cúmulo de irregularidades e injerencia del gobierno estatal.
En el caso de Delgadillo, se interpuso juicio de inconformidad en contra del cómputo estatal y la calificación de la elección de gubernatura, la declaratoria de validez de la elección y la constancia de mayoría entregada por el IEPC a Pablo Lemus, del partido Movimiento Ciudadano.
“El trámite nos obliga a todos a ir primero al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, posteriormente nos obliga a ir a la Sala Regional y luego, que es donde nosotros estamos ciertos que terminará este proceso, al Tribunal Electoral Federal”, dijo Eduardo Almaguer, representante de Morena ante el IEPC.
Delgadillo dijo que específicamente se pide que se haga un recuento voto por voto o bien la elección sea anulada y se realice una nueva elección que “verdaderamente refleje la voluntad del pueblo de Jalisco”.
Según los cómputos que dio a conocer el IEPC, Lemus ganó la elección para gobernador con 1 millón 626 mil 941 votos contra 1 millón 441 mil 161 votos para Delgadillo.
“Con las pruebas que se han ofrecido es suficiente para que haya un recuento voto por voto, pero a la par esta caminando este juicio de inconformidad por la violación a los prinicipios de certeza, legalidad, imparcialidad e independencia”, agregó Almaguer.
Enumeró que hubo un traslado caótico de votos en bolsas de basura, no se computaron más de 350 paquetes electorales de la elección a gobernador “que equivalen a poco más de 300 mil votos”; además en cada cómputo distrital “hubo anomalías” como la no entrega de actas de escrutinio porque no eran legibles, no aceptar que se recontaran todas las casillas porque no había actas, recibir actas sin el paquete electoral, tenerlas en un lugar aparte y luego sólo leerlas sin permitir que se pudiera observar la captura de dichos datos.
“Cada una de estas afirmaciones tiene su debida probanza, la hostigación de la fuerza pública municipal y estatal, cada vez que se quería hacer valer la ley inmediatamente ingresaban elementos de seguridad pública y los retiraban o los detenían. No ha parado el hostigamiento para quienes afirmamos y sostenemos que hubo un fraude en el estado, pero no nos van a detener hasta que se haga respetar la voluntad del pueblo”, dijo el representante morenista.
Señalaron la parcialidad absoluta de la presidenta del IEPC, Paula Ramírez, a favor de MC desde la etapa de campañas cuando se evitó sancionar a Lemus pese a que tres veces se le denunció por presunta violencia política de género, además que recordaron el “tijerazo” a la transmisión del tercer debate en el canal del IEPC, justo en el momento en que Lemus llamó a sus adversarias “hijas de Alito”.
Almaguer también acusó que la presencia y accionar del director de organización electoral del IEPC, Aldo Alonso Salazar Ruiz (ex subdirector de la policía de Zapopan y ex coordinador de Transporte Público de Jalisco), fue definitiva para establecer una logística a favor de MC.
Por su parte quien fuera candidato de la coalición morenista para la presidencia municipal de Guadalajara, José María Martínez, presentó juicio de inconformidad ante el IEPC, señalando anomalías que involucran a dicho órgano electoral y al presidente del Consejo Municipal Electoral de Guadalajara, José Andrés Orendáin, hermano del actual coordinador de Desarrollo Económico del gobierno estatal, Francisco Xavier.
«Se plantearon cinco agravios para efectos de la pretensión de la nulidad (de la elección). Se plantea un agravio con motivo de la imparcialidad y de la injerencia indebida que tuvo el gobierno estatal; hace unos meses entregó 229 millones de pesos al IEPC vestidos de un convenio supuestamente en la entrega de cómputo y de camionetas», señaló Martínez.
Los otros agravios son la injerencia indebida del Gobierno de Guadalajara y funcionarios en los comicios, fallas en cadena de custodia de paquetes electorales, anomalías en cómputo de votos, y la injerencia del cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, quien pidió evitar el voto por partidos que están “contra la vida”.
