Eran los primeros días de octubre en Chihuahua, capital del estado homónimo, y Javier Corral apenas se acomodaba en el despacho de gobernador. Ahí llegó en 2016 por su mayoría en las urnas, apenas el segundo ganador del Partido Acción Nacional ( PAN) en la historia de la entidad, pero cuando aún no terminaba de organizar su escritorio, se percató de que los números en las arcas del estado no cuadraban.
Antes de convertirse en prófugo de la justicia, acusado de desviar millones de pesos de la administración chihuahuense hacia las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el exgobernador César Duarte le había dejado una cuenta de más de 10 mil millones de pesos (mdp) públicos sin comprobar. Apenas una tajada de los miles de millones que brotarían después gracias a las auditorías.
Una situación similar se repitió en el puerto de Veracruz, también con gobernantes tricolores y blanquiazules involucrados. Con la marea política todavía agitada por la aprehensión de Javier Duarte, un gobernador interino fue quien entregó las llaves del ejecutivo local al panista Miguel Ángel Yunes. La alegría del nuevo gobernador por ser la primera figura de la alternancia jarocha debió crispar en cuanto vio las deudas del estado y una suma de 7 mil 400 millones de pesos públicos que hasta el momento no se han podido comprobar.
En el convulsionado estado de Tamaulipas la historia no fue muy distinta, y de nuevo tuvo como protagonista a un gobernador saliente del PRI y uno del PAN que llegaba con la responsabilidad de limpiar el desastre. En la entidad fronteriza, donde los escándalos políticos se volvieron tan comunes como las balaceras del narco,Egidio Torre Cantú, investigado por Auditoria Superior del Estado debido a irregularidades en las cuentas públicas, le dejó a su sucesor blanquiazul, Francisco García Cabeza de Vaca, una factura de mil 500 millones de pesos del erario sin probar en qué se gastaron.
Y aún hay más
El mismo guión de gobernadores priístas que no saben en qué gastaron millones de las arcas públicas, fue interpretado por los exgobernadores de Aguascalientes, Carlos Lozano, y Durango, Jorge Herrera. Los montos que faltan por comprobarse son de 25 y 190 millones, en detrimento de los gobiernos ahora liderados por los panistas Martín Orozco y José Rosas Aispuro, respectivamente.
La película de los tricolores opacos incluso llegó hasta las costas caribeñas deQuintana Roo, aunque en este caso fue el perredista Carlos Manuel Gonzálezquien tuvo que cargar con el muerto de 2 mil millones de pesos que le dejó el exgobernador Roberto Borge, recientemente extraditado desde Panamá para cumplir un proceso legal en su contra por lavado de dinero.
Al otro extremo del país, el oaxaqueño Alejandro Murat Hinojosa fue el único priísta al que un gobernador de otro partido le endosó los fondos públicos sin comprobar. En total, Gabino Cué Monteagudo, quien llegó al poder de la mano de Movimiento Ciudadano (MC), se fue sin decir dónde pararon o en qué se gastaron 900 millones del erario oaxaqueño, de acuerdo con un análisis a las cuentas públicas realizado por el colectivo FuisteTú? .
Tomando como base el trabajo de la auditoría pública realizado en 2016, el colectivo integrado por organizaciones como Oxfam México, Data Cívica, Transparencia Mexicana, Incorruptible, Horizontal, Borde, Causa en Común e Integraliadesarrollaron un algoritmo para sistematizar los resultados de las auditorías públicas, el cual ayuda a detectar dónde hay fallas con el uso de los recursos públicos.
Aunque los perredistas tienen su alta cuota de opacidad financiera, ya que acumulan mil 600 millones de pesos de dinero público sin comprobar entre cuatro gobernadores implicados, y los gobiernos del PAN acumularon 900 millones que nadie parece saber dónde terminaron, los gobernadores del PRI son los más opacos, puesto que han dejado más de 29 mil millones de pesos sin comprobar, a pesar de que están obligados por ley, como parte de las tareas financieras de las administraciones estatales.
De acuerdo con un cálculo realizado por VICE, basado en información de las auditorías estudiadas por FuisteTú?, el dinero que no han podido comprobar los gobernadores del PRI, PRD y PAN desde 2016 asciende a más de 38 mil millonesde pesos provenientes del erario, con lo cual alcanzaría para cubrir más del 88 por ciento del presupuesto aprobado este año por la UNAM, el cual asciende a más de 43 mil mdp.
Opacidad tricolor
Si bien los casos de los Duarte y ‘El Pirata’ Borge son los que más han estremecido la vida política de México, no son los únicos priístas que tienen cuentas pendientes. Hay otros como el sinaloense Mario López Valdez ( Malova), que igualmente destacan de forma negativa. Sus mil 800 millones sin comprobar, presuntos vínculos con el narco y una decena de excolaboradores investigados por la Fiscalía Estatal, no le impidieron dejar la gubernatura con tranquilidad. Mientras tanto, el dinero sigue sin comprobarse.
El mexiquense Eruviel Ávila es otro que ha librado cualquier intento de zancadilla política a fin de salir impune. A pesar de los altos índices de violencia que dejó en la entidad antes de dar paso a su correligionario, Alfredo del Mazo, el originario deEcatepec se fue sin notificar qué había pasado con mil 200 millones de pesos. En la casa de gobierno ubicada en Toluca todavía se lo siguen preguntando.
De acuerdo con el reporte del colectivo FuisteTú?, los mandatarios de Guerrero yYucatán también causaron estragos en las finanzas de los estados donde fueron elegidos con la intención de mejorar las condiciones. Por un lado, Héctor Flores Astudillo no ha transparentado el uso de 850 millones, que bien podrían servir para mejorar las condiciones de seguridad en Acapulco, la joya turística y económica del estado. Mientras que, en la península, el yucateco Rolando Zapata Bello tiene pendiente la comprobación de 800 millones en gastos ejercidos durante su gobierno, el cual concluye en menos de 24 horas.
A la lista de gobernadores surgidos del PRI con un finazas fallidas, hay que sumar al zacatecano Miguel Alonso Reyes, quien no dudó en aventar el paquete de los 420 mdp sin comprobar a su compañero de partido, Alejandro Tello, en pleno año de la auditoría. La misma estrategia fue copiada por Francisco Olvera en Hidalgo, aunque la ‘víctima’ en la tierra de la barbacoa fue Omar Fayad, famoso por presentar una ley que buscaba censurar internet y quien ahora debe lidiar con un lastre financiero.
Artículo publicado por VICE México
