Pie de Página
PARIS, FRANCIA.– Tras la presentación el pasado 10 de enero en la Asamblea Nacional por parte de la primera ministra, Élisabeth Borne, del proyecto de reforma de pensiones del gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, la primera batalla política y social se ha dado ya en las calles de Francia este jueves 19 de enero, con la exhibición de convocatoria y músculo por parte de los opositores a este proyecto.
La primera jornada de protestas convocada por los sindicatos más representativos de Francia y adherida por partidos de izquierda, ecologistas, asociaciones políticas diversas y hasta por el espectro de la ultraderecha, tuvo una amplia respuesta por todo el país.
La reforma de pensiones que propone elevar la edad de jubilación a los 64 años y acelerar la exigencia de cotizar durante 43 años para cobrar una pensión completa, motivó la realización de más de 200 manifestaciones en toda Francia que reunieron, según estimaciones del propio gobierno, a un millón 120 mil asistentes, mientras que los sindicatos aseguran que se movilizaron dos millones.
Una cantidad de gente superior a las movilizaciones de diciembre de 2019, cuando las protestas fueron generadas por una reforma similar, aunque con un proyecto de pensiones distinto, presentado por Macron en su primer quinquenio (protestas que cesaron ante la llegada de la pandemia del Coronavirus, lo que llevó a Macron a anunciar que desechaba el proyecto).
Las manifestaciones se desarrollaron en todas las medianas y grandes ciudades de Francia, mientras que las huelgas se percibieron en diversa medida en los servicios de trenes, aeropuertos, metro, establecimientos de educación, refinerías, entre otros sitios. Macron, quien se encontraba en Barcelona en una gira de trabajo junto a su homólogo español, Pedro Sánchez, señaló: “Basta con mirar a los países europeos para ver que Francia tienen algo de retrasos, hay que reformar el sistema”. Aseguró que hay «determinación» del ejecutivo para lograr una reforma «justa y responsable».
Tras el éxito de la convocatoria de este jueves 19 de enero, los sindicatos han llamado a una segunda gran movilización para el 31 del mismo mes. A la par, otra gran marcha se desarrollará este sábado 21, ésta convocada por grupos juveniles a los que se sumó el partido de La Francia Insumisa. Mientras tanto, la polémica iniciativa será presentada al Consejo de Ministros el próximo lunes 23 de enero, para posteriormente ser debatida en la Asamblea Nacional a partir del 6 de febrero.
Vale recordar que en su primer quinquenio, Macron intentó pasar una reforma total de la estructura de pensiones, que creaba desde cero un sistema de «puntos». Inscrito en un ambiente de fuerte crispación política al que le antecedió el movimiento de los Chalecos Amarillos y que la crisis sanitaria del Covid-19 terminó por desarticular cuando la misma iniciativa fue eliminada, ese primer proyecto de reforma generó semanas de fuertes parálisis en el transporte público a fines de 2019 e inicios de 2020. Ahora, en este nuevo relanzamiento de reformas a las pensiones aunque con otro proyecto, el ambiente se caracteriza por diversos situaciones en Francia y en el continente: problemas energéticos, la guerra en Ucrania y la inflación.
Los puntos de la reforma
El nuevo proyecto de pensiones propone que los trabajadores franceses apliquen por su retiro más tarde, al retrasar la edad de jubilación de los 62 actuales a los 64 años (en su primer proyecto Macron estipuló 65 años) y cotizar 43 años para cobrar una pensión completa.
El objetivo de la reforma es el «equilibrio» del sistema, pues «hace falta que las cotizaciones de los (trabajadores) activos financien las pensiones de los jubilados», defendió la primera ministra Borne cuando presentó la iniciativa de ley ante los diputados hace unos días.
El gobierno señala que la reforma debe aplicarse para solventar el sistema de reparto (los trabajadores en activo pagan las pensiones de quienes ya no trabajan), que registrará un déficit por el envejecimiento de la población francesa.
Además de la primera ministra, otros miembros del gabinete de Macron han salido en defensa de su iniciativa. El ministro de Trabajo e Inserción, Oliver Dussopt, calificó la reforma como un fruto del «diálogo social constructivo y a veces espinoso». El ministro de Hacienda, Gabriel Attal, fue más categórico: «la reforma o la quiebra» del sistema. Según él, los números rojos del arca francesa crecerán con medio billón de euros más de deuda en los próximos 25 años. Por su parte, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha dicho en defensa de la iniciativa que el desfase entre ingresos y gasto llegaría a 13 mil 500 millones de euros en 2030, pero que con la iniciativa se obtendría un ingreso adicional de 17 mil 700 millones para ese mismo año.
Francia gasta un poco más del 14% de su PIB anualmente en las pensiones de 17 millones de jubilados (más de una cuarta parte de la población), cifra superior a la media de la Unión Europea, que ronda el 12%, según el Instituto de Estadística y Estudios Económicos de Francia. El gasto en pensiones supera los 320 mil millones de euros. Para financiar sus retiros, 30 millones de trabajadores cotizan en la actualidad.
La balanza la jugarán los republicanos
Con gran parte de los actores políticos en contra, la balanza legislativa que Macron necesitaría para pasar su proyecto de ley recae en el grupo de Los Republicanos, el partido de la derecha tradicional, quienes junto a la bancada de Renacimiento, el partido del presidente, podrían obtener los escaños necesarios.
Si el presidente Macron logra pasar la reforma, ella entraría en vigor en cosa de meses: a partir del 1 de septiembre de 2023 y hasta 2030, la edad legal de jubilación pasará de 62 a 64 años, a razón de tres meses por año. Al mismo tiempo, el período de cotización necesario para tener derecho a una pensión “completa” aumentará a un ritmo más rápido: será necesario haber cotizado 43 años a partir de 2027 (frente a los 42 años actuales).
Por el contrario, si no consiguiese el número de votos necesario, grandes sectores de la oposición francesa temen que el gobierno opte nuevamente por el uso del artículo 49.3, un mecanismo constitucional que permite al gobierno suspender las discusiones de un proyecto en la asamblea para validarlo sin someterlo a votación.
Este precepto legal ha sido utilizado ya diez veces desde que el presidente Macron comenzó su segundo periodo para aprobar varias medidas que en votación se le rechazaban, ante la falta de mayoría de sus fuerzas políticas al interior de la Asamblea. Medida de por sí ya muy antipopular, pasar la iniciativa de pensiones bajo estas características encendería aún más las protestas y el enojo, a decir de diversas voces en este país.
En contra
En los últimos casi 30 años, Francia ha sido testigo de cuatro movimientos masivos relativos a reformas de pensiones. En 1995, con el “plan Juppé”, se buscó alargar la duración de los años de cotización de 37.5 a 40 anualidades. No obstante contar con una cómoda mayoría en el legislativo, el gobierno del presidente Jacques Chirac retiró su iniciativa ante las fuertes manifestaciones callejeras.
En 2010, la llamada “ley Fillon”, en el gobierno de Nicolas Sarkozy, propuso alargar la edad de retiro de 60 a 62 años. Las manifestaciones fueron constantes durante todo el año, sin embargo, la ley se aprobó en octubre de ese mismo año. La tercera se dio en 2019, en el primer gobierno de Macron, cuando se propuso un sistema universal de jubilación por puntos, con una salida a retiro a los 65 años. Fuertes protestas pero, sobre todo, la aparición de la pandemia de Covid-19, hicieron que la reforma fuera postergada.
Es hoy, 2023, que se presenta la cuarta iniciativa de pensiones con fuertes protestas. Según sondeos, un 65% de los franceses apoya los movimientos sociales contra esta reforma, según una encuesta de Ipsos/Sopra-Steria.
Los ocho más grandes sindicatos franceses (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) lograron unirse en una amplia alianza. Para ellos, esta reforma significa pérdidas de poder adquisitivo, de derechos laborales adquiridos y sobre todo una afrenta a los trabajadores más pobres y aquellos que desempeñan trabajos más duros.
«Nada justifica una reforma tan brutal», dijo el líder de la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), Laurent Berger, en los días previos a la primera jornada de protestas. Para él, la serie de manifestaciones que vendrán tienen como objetivo que la reforma «no entre en vigor» y que el «gobierno recule».
Para Philippe Martinez, secretario nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT), la reforma “golpeará duramente a todos los trabajadores, especialmente a los que empezaron a trabajar pronto, a los más precarios, cuya esperanza de vida es inferior a la del resto de la población, y a aquellos cuyos trabajos no son reconocidos como duros. (…) Esta medida no está justificada: el informe del Consejo de Orientación de Jubilaciones indica claramente que el sistema de pensiones no está en peligro. No hay emergencia financiera”.
En efecto, un informe del Consejo de Orientación de Pensiones (COR), un organismo plural que depende de la oficina del Primer Ministro compuesto por 41 miembros (entre ellos, miembros del Parlamento, del Estado, representantes sindicales y patronales, representantes de los pensionados y expertos), emitió en septiembre del año pasado un reporte donde indica que los gastos de las pensiones están bajo control y que el sistema no corre ningún peligro, a pesar de déficit pequeños, y que incluso a la larga se presentan ganancias.
El líder izquierdista y ex candidato presidencial, Jean-Luc Mélechon, se ha sustentado también en este reporte técnico para las diversas entrevistas que ha dado donde señala que la reforma no tiene sentido. Y ha ido más allá en su análisis:
En una entrevista para el canal televisivo France 2, Mélenchon señaló que lo ideal es que “todos trabajen, para que todos puedan cotizar. Que se trabaje con la mejor calidad, para tener un mejor trabajo, pero la llave de todo, por encima de todo, es saber compartir. Porque la llave de todo está en compartir el pastel. El pastel está considerablemente ampliado pero la llave no ha cambiado: unos toman todo y el resto las migajas. Ahora hay beneficios gigantescos que en Francia jamás se habían visto, pero van a los bolsillos de algunos mientras que otros estiran la lengua para debatir por qué se debe trabajar dos años más.”
En efecto. La actual reforma a la ley de jubilaciones en Francia no se puede leer fuera de otros contextos: concentración de dinero, fortunas millonarias, exención de impuestos a las grandes fortunas, etc. Y más cuando para querer hacer pasar la ley se habla de “cuidar las finanzas”.
