La Jornada
Buenos Aires. En la llamada lista negra de los anuncios del gobierno ultraderechista del presidente Javier Milei, ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mediante un comunicado, calificado de intimidación pública, ratificó que quitará los apoyos sociales a quienes participen en bloqueos de calles y movilizaciones sintetizando la advertencia en una frase: el que corta (bloquea) no cobra, en un mensaje dirigido a quienes asistan a la marcha convocada para este miércoles.
El mensaje amenazante fue difundido en las redes sociales de ese ministerio. Advirtió que se auditarán a todas las organizaciones que entreguen planes sociales para eliminar la intermediación, y se eliminarán los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales
Directamente se refirió a la manifestación convocada para recordar el 20 de diciembre de 2001 por los dirigentes de la Unidad Piquetera, que si bien tienen derecho a manifestarse, también lo es respetar el derecho a las personas a circular libremente para ir a sus trabajos, al manifestar que el gobierno se preocupa por las madres que concurren con sus hijos a las marchas, es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones, a pesar de que se movilizan de manera pacífica.
El diputado del Frente de Izquierda y dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, sostuvo que esta medida es anticonstitucional e ilegal, y agregó que la ministra de Capital Humano se suma así a los actos de intimidación pública ejercidos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El gobierno ajusta a los que menos tienen desde el momento en que anuncian la liquidación de los planes sociales que quedan congelados y atados al presupuesto 2023, cuando hay una crisis inflacionaria que superará 300 por ciento anual. Y lo peor es que la medida se conoce el mismo día que el gobierno decide no aplicar retenciones a muchos productos de exportación, cuyos productores ya se vieron beneficiados con un aumento del dólar de 118 por ciento, dijo.
Agregó que este 20 de diciembre vamos a movilizarnos contra el plan motosierra de Milei y también por el derecho constitucional a marchar, aunque a Bullrich y Pettovello no les guste.
A su vez, Bullrich confirmó que se implementará su nuevo protocolo represivo el miércoles e insistió: tienen toda la posibilidad de hacer la marcha, la tienen que hacer por la vereda (banqueta), lo que desde todo punto de vista es imposible.
Precisó que las fuerzas federales van a estar en las áreas federales de todo el país y la ciudad de Buenos Aires tiene que cumplir el protocolo para liberar las vías de circulación. El nuevo protocolo instruye a las “fuerzas federales a hacerse cargo de garantizar el orden público y lograr que tanto piquetes como bloqueos se terminen”, afirmó Bullrich, en entrevista radial como advertencia, y añadió que mañana miércoles habrá una prueba de trabajo para las fuerzas de seguridad.
Por su parte, el dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Economía y el Frente Patria Grande, Juan Grabois, aseveró que marcharán como lo hicimos cuando estaban (Mauricio) Macri y Alberto Fernández, y adelantó que celebrarán la Navidad de los pobres frente al Congreso, a manera de protesta y en rechazo, por anticonstitucional, al protocolo anunciado por Bullrich, el cual ha sido cuestionado por organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos en un detallado informe de juristas presentado ante la Organización de Naciones Unidas.
Dirigentes sociales también se refirieron a cómo el gobierno de Milei se endeudó el pasado viernes con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por 960 millones de dólares, que ahora recibirá Argentina con el objetivo de cubrir pagos de servicio de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), señala la revista Contexto.
Se recordó que al mejor estilo del pasado gobierno del derechista Macri (2015-2019), cuando el actual ministro de Economía, Luis Toto Caputo, estaba al frente de Finanzas y endeudó al país por más 100 mil millones de dólares, la mayoría fugados al exterior, incluido el préstamo ilegal de 54 mil millones de dólares del FMI, de lo cual se entregaron 45 mil millones de dólares que también fueron fugados.
En tanto, el decreto firmado por Milei que declara la emergencia del sector energético nacional hasta finales de 2024 para los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad, así como para el transporte y distribución de gas natural, confirma que el gobierno extiende las intervenciones de los entes reguladores del sector (ENRE y Enargas), debido a la demora en los nombramientos, y ordena el inicio de la revisión del esquema tarifario para que entre en vigencia en 2024.
Si bien Milei menciona la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras de estos servicios públicos, el decreto no apunta a las empresas, sino que ordena el inicio de una revisión tarifaria de estas prestadoras, cuyas tarifas resultantes deben entrar en vigencia antes del 31 de diciembre de 2024.
La gestión económica cerró la pasada semana con incremento de deuda apenas días después del anuncio de Caputo sobre el paquete de medidas de ajuste, que ya empezó a tener efecto en los gobiernos provinciales.
