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Seis años después del asesinato de la periodista mexicana Miroslava Breach en México, organizaciones civiles han presentado un informe que analiza las fallas que han cometido las autoridades para aclarar este y otros casos. En una comparecencia ante el Senado, este jueves (23.03.2023), Reporteros sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica subrayan que la búsqueda de justicia «representa un camino sinuoso y complejo para víctimas, representantes legales e incluso autoridades.» Según el reporte, hacen falta no solamente técnicas de investigación modernas análogas a las que se usan para casos de crimen organizado, sino también mecanismos de protección para querellantes, testigos y peritos, expuestos a constantes amenazas.
«Justicia a medias es impunidad completa»
«Hemos tenido la oportunidad de acompañar, representar y litigar más de 40 casos a nivel nacional, entre ellos, el de Miroslava Breach y Javier Valdez”, dice a DW Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica. «Hemos logrado sentencias históricas; en cada caso hay dos personas encarceladas, desafortunadamente aún no los autores intelectuales que planearon los asesinatos”, añade Nube Álvarez, de RSF.
«Es decir, aún tanto el caso de Miroslava como de Javierse encuentran en el cajón de la impunidad, porque justicia a medias es impunidad completa”, subraya Mendiola. En el acompañamiento de estos casos, las dos ONG se dieron cuenta de que se requieren diversos cambios en las estructuras del sistema de justicia penal mexicano.
Escalar el muro de la impunidad
Miroslava Breach fue asesinada el 23 de marzo de 2017 en Chihuahua, al salir de su casa para dejar a sus hijos en la escuela. Era periodista investigativa y corresponsal del diario La Jornada. Por su asesinato, fueron encarcelados un sicario y un exalcalde, y hay dos órdenes de aprehensión sin ejecutar.
Javier Valdez fue baleado el 15 de mayo de 2017, al salir del periódico Riodoce en Culiacán, donde trabajaba. En su caso fueron declarados culpables y encarcelados dos sicarios, la autoría material queda sin aclarar. Según un narcotraficante detenido, la orden vino de los hijos del narcotraficante Joaquín «El Chapo” Guzmán, enojados por una entrevista que hizo Valdez a un rival. «En estos casos llegamos a una pared que queremos escalar”, explica Álvarez.
Contexto para encontrar autores materiales
Para llegar a los autores materiales, RSF y Propuesta Cívica proponen implementar herramientas como el análisis de contexto, que se usa en investigaciones contra el crimen organizado para desentrañar redes criminales, el papel de los autores intelectuales y materiales en ellos, y el beneficio obtenido por la comisión del ilícito. También exigen que sea obligatorio que las Fiscalías investiguen la labor periodística como posible motivo. Muchas veces, los investigadores mexicanos suelen descartar esa hipótesis rápidamente para concentrarse en móviles de fuero común, como robo o conflictos vecinales.
Así pasó, por ejemplo, en el caso de la periodista Regina Martínez, reportera investigativa del semanario Proceso, asesinada en 2012 en Veracruz. Su muerte fue catalogada por las autoridades como «crimen pasional”.
Ampliar la protección
Los dos organismos, cuyo trabajo es apoyado por el Ministerio de Cooperación de Alemania (BMZ), documentaron también presiones y amenazas a los familiares, los medios y a organizaciones de la sociedad civil que exigen celeridad a las autoridades para aclarar los casos.
En el caso de Regina Martínez, por ejemplo, los familiares han recibido constantes amenazas para que desistan del caso. Por esto, las organizaciones exigen un protocolo para proteger familiares, pero también a otras personas que deben intervenir en el proceso penal, como testigos, personal pericial y asesores jurídicos, quienes podrían estar en peligro.
Considerar a medios como víctimas
Adicionalmente, RSF y Propuesta Cívica quieren que los medios afectados y los organismos de la sociedad civil encargados de la defensa y protección de la libertad de expresión sean considerados también como víctimas en el caso de asesinatos de periodistas. «No se puede tratar como cualquier asesinato, ya que se afecta el medio y el derecho de información de los ciudadanos”, dice Nube Álvarez. Sin embargo, no son reconocidos en su calidad de víctimas por la Justicia Penal en México, lo que limita su intervención en los procesos judiciales. También les impide llevar los procesos a instancias superiores e internacionales sin el apoyo de los familiares.
México es considerado, junto con Ucrania, el país más peligroso para periodistas. 86% de los casos permanecen impunes, según la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO). Según organismos de derechos humanos, los periodistas mexicanos son permanentemente blancos de amenazas, intimidación, agresiones físicas, secuestros y espionajes.
