En opinión de los empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), México no necesita una nueva legislación electoral y conminaron a los Senadores a no atentar contra los derechos político-electorales de los ciudadanos ante la posible discusión y aprobación de las reformas restantes que integran el Plan B.
Los generadores de empleos en el país hicieron un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, tras la revisión de las acciones de inconstitucionalidad del “Plan B”, se declare que las reformas no se apegan a lo establecido en la Carta Magna mexicana.
«Como empresarios pero, sobre todo, como ciudadanos, insistimos en que -tanto las instituciones que organizan las elecciones como los procesos para hacer posible la participación ciudadana en periodos electorales- funcionan y cumplen su objetivo de brindar certeza a los ciudadanos», señalaron
Enfatizaron que antes de que se retome el proceso legislativo de los decretos que modifican distintas leyes en materia electoral, hacen un último y enérgico llamado al Senado para que atiendan con responsabilidad las implicaciones que, tal como lo señaló el Instituto Nacional Electoral (INE), tendrán estas reformas en la celebración de elecciones libres.
«Los ciudadanos serán los más perjudicados con el Plan B: Se pone en riesgo la posibilidad de tramitar o reponer su Credencial de Elector, se desmantelaría la estructura de Módulos del INE, se despediría a cerca de dos mil funcionarios del INE que organizan las elecciones y capacitan a los ciudadanos para que instalen las casillas y cuenten los votos y muchas otras acciones», resaltan.
Detallan que si bien las normas son perfectibles, éste no es el momento de una nueva ley o legislación electoral, sobre todo, porque de aplicarse las modificaciones propuestas, generarían incertidumbre en todo el proceso electoral de 2024 en el que se tiene prevista la participación de por lo menos 95 millones de mexicanos para renovar la Presidencia de la República, Diputados y Senadores, Congresos Estatales así como nueve gubernaturas.
«Coincidimos con el análisis de los consejeros del INE que señala puntualmente las afectaciones que habría al instituto, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s) y a la democracia debido a la desaparición de vocales en las juntas distritales, lo que tendría como consecuencia la disminución del número de casillas instaladas poniendo en riesgo la elección», enfatizan.
