Se inició una guerra sin precedente en América contra el tráfico armamentístico ilegal // La SRE espera que sus aliados sean ONG globales y gobiernos como el de Canadá, Guatemala, El Salvador y Honduras
Miguel Ángel Velázquez / La Jornada
Encargado de una lucha que no puede tener otro calificativo que el de épica, porque va en contra de una de las industrias más fuertes, intocable, del país más poderoso del mundo: Estados Unidos, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), espera contar con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales más importantes del mundo. La contienda lo amerita.
Es una guerra a largo plazo, “a finales de 2022 culminará apenas una primera etapa cuya escaramuza se desarrollará, principalmente, en los medios de comunicación. Van a tratar de desacreditarnos de cualquier forma, porque así lo acostumbran, y porque saben que si triunfamos –como debe ser porque tenemos la razón de nuestro lado–, se abrirán las puertas a una enorme cantidad de denuncias en contra de los fabricantes de armas, y eso, el que los agraviados cobren justicia, podría llevar a quebrar a esa industria”.
México, puntualiza, demandó a las armerías por 15 mil millones de dólares, cifra que representa por ahí de 2 por ciento del producto interno bruto del país. Sólo México, pero también Guatemala, Honduras y Canadá han sido víctimas del tráfico ilegal de armas que mata a los habitantes de esos países. Un cálculo del número de artefactos ligeros y pequeños, categorías de la industria, pero que van desde un revólver a un lanzagranadas, que han cruzado ilegalmente las fronteras habla de 900 mil unidades traficadas en 2020, de los cuales, más de 70 por ciento se quedan en la República mexicana.
En algún momento de los recientes años, la Secretaría de la Defensa advirtió que cada hora entran ilegalmente al país 22 instrumentos letales de fuego.
Celorio Alcántara asegura tener muy clara la responsabilidad que entraña la demanda que hizo México –la estuvimos preparando durante dos años–, y por ningún motivo baja la guardia.
Se trata de 139 páginas y van en contra de 11 empresas que si bien gozan de inmunidad en Estados Unidos, los hechos que dan pie a la queja sucedieron en territorio mexicano.
“Demandamos en Massachusetts porque ahí están muchos de los jueces liberales, o que al menos son sensibles al control de las armas, y no ven mal que se cuestione la responsabilidad de esa industria, y esa Corte federal depende de un circuito de apelaciones con más apertura que la de otros estados; va a ser una batalla larga que seguramente terminará en la Corte Suprema.
Los armeros le van a meter mucho dinero, a los mejores abogados. Ya vimos que se apresuraron (la semana pasada) en emitir un comunicado para tratar de desvirtuar al que demanda, pero no hablan de los hechos, no dicen que los armeros caen en prácticas irresponsables, que saben que le están vendiendo a quien le distribuye al crimen organizado, y que esas armas son usadas con fines criminales, como instrumentos de guerra.
El abogado advierte que se ha jugado una primera carta demandando como México, porque es más fácil demostrar el daño que se ha hecho al país, y que es enorme, pero afirma que habrá otro recurso legal ya que la idea es hacer justicia.
Aunque podrían contabilizarse muchos más, la denuncia de hechos documenta 17 mil muertos, gente que fue ultimada con armas de fuego que entraron al país de forma ilegal, por eso Celorio Alcántara espera la solidaridad de agrupaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, organismos siempre preocupados por los derechos humanos.
Pero señala que también se pedirá ayuda a la Iglesia, a los comités de base que tienen mucha gente e influencia entre los habitantes de Estados Unidos. Lo dice claro, van con todo por impedir que se sigan importando armas de forma ilegal al país.
El abogado expone que ya se dieron algunos avisos para que Canadá, que ya tiene el impacto negativo de ese comercio furtivo, igual que Guatemala, El Salvador u Honduras, apoye la lucha que se ha emprendido, y advierte que en caso de que no se permita presentar el caso en cortes judiciales, habrá que recurrir a canales diplomáticos con el fin de conseguir que se haga justicia.
El litigio está bien pensado, expresa de manera firme el legista de la cancillería, y manifiesta que uno de los miembros del equipo demandante es un profesional que pidió justicia en un caso en el que un joven mexicano murió por una bala disparada desde el otro lado de la frontera, ya tiene experiencia en estos casos de querella contra los armeros.”
Debe saberse con toda transparencia que las armas pequeñas y ligeras que se venden en Estados Unidos y que son trasladadas a México de forma ilegal sirven para crear pandillas, que son causantes del desplazamiento de miles de mexicanos que huyen de la violencia, y que obligan a confinamientos que se convierten en marginación.
En 1997, la OEA adoptó la convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones explosivos y otros materiales relacionados, que entró en vigor en 1998.
La ONU, en 2000, en la cumbre contra la delincuencia organizada transnacional (Convención de Palermo) presentó sus protocolos, incluyendo uno contra la fabricación y el trasiego ilícito de armas de fuego pequeñas y ligeras, sus piezas, componentes y municiones. Esto entró en vigor en 2005.
Se pretendía evitar que siguiera creciendo el fenómeno de las pandillas armadas, por ejemplo, pero, como ya está claro, no pasó nada y el problema ha aumentado desde aquellos años. Desde luego las recomendaciones de la OEA y la ONU, no hacen eco en Estados Unidos.
En la opinión profesional de Celorio, la demanda debe prosperar Estados Unidos y México no han dejado de hacer cosas para impedir que siga la violencia, pero no ha pasado nada durante años porque no se ha querido ir al fondo del asunto, y uno de los componentes de ese fondo es el trasiego ilegal de armas. Ese es el tema.
