Por segundo año consecutivo, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas enfrenta problemas presupuestarios, lo que pone en riesgo la permanencia de las medidas de protección de cientos de periodistas y personas defensoras en México, un país donde de 1992 a 2018 han sido asesinados 45 periodistas.
A la fecha, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas creado a destinar «recursos económicos exclusivamente para la implementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección» dictadas por el Mecanismo ha destinado, según datos oficiales, 503 millones 328 mil 636 pesos. En 2018 ha entregado, 77.8 mdp y hasta el 1 de junio de este año aún contaba con 226 millones 938 mil 527 pesos, con base en la información publicada en www.gob.mx/defensorasyperiodistas.
La falta de presupuesto denunciada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también aplica para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a la cual este año se le otorgó un presupuesto de 17,989,600, menos de lo otorgado en los últimos 5 años, siendo menor año con año desde 2014.
La FEADLE es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio del derecho a la información.
En mayo de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió ante el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) a priorizar el combate a la impunidad en los asesinatos de periodistas durante el resto de su mandato, y declaró que la seguridad y la protección de los periodistas también serían una prioridad.
Lo anterior luego que el CPJ denunciara que, pese a que México cuenta con un fiscal especial para la investigación de delitos contra la libertad de expresión y han establecido un mecanismo de protección de periodistas, «la falta de voluntad política para acabar con la impunidad convierte a México en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo».
Esta misma falta de voluntad política fue denunciada por la CNDH, al presentar el pasado 21 de agosto el Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales de la CNDH en materia de agravios a periodistas, al señalar que la falta de presupuesto para el Mecanismo denota el desdén de las autoridades federales para la atención prioritaria de la violencia contra la prensa.
La impunidad imperante en materia de procuración de justicia en los casos de agresiones a periodistas es reflejo de la falta de compromiso de las fiscalías federal y estatales, así como de las autoridades, especialmente municipales, que además muestran sensible retraso y desdén respecto de las respuestas que deben dar a las Recomendaciones Generales (…) Hasta ahora la divisa ha sido: a más agresión, incipiente atención».CNDH
Tan sólo para 2016, la organización Article 19 hizo un inventario de 426 agresiones a periodistas. Esas agresiones se clasifican de la siguiente manera: Amenazas, 76. Ataques a medios de comunicación, 27. Ataques físicos o materiales, 81. Asesinatos, 11. Hostigamiento y acoso, 43. Intimidaciones, 79. Intervención de comunicaciones, 11. Intrusiones no deseadas, 11. Privación ilegal de la libertad, 58. Violencia institucional, 27. Desplazamiento forzado, 2.
Las agresiones no surgen solamente de autoridades del Estado. Organizaciones sociales, partidos políticos y grupos de interés (entre ellos, desde luego, cárteles y pandillas criminales) llegan a promover acciones violentas contra periodistas.
De esas 426 agresiones registradas por Article 19, 226 (el 53%13) son atribuidas a funcionarios públicos. 91 de ellas fueron cometidas por funcionarios de nivel estatal, 79 por servidores públicos municipales y 56 por funcionarios federales.
Otras 69 agresiones (16%) son imputadas a particulares, 31 (7%) a partidos políticos y únicamente 17 (4%) a grupos del crimen organizado. En 83 de las 426 agresiones inventariadas (el 19%) no había elementos suficientes para identificar al responsable.
De acuerdo con el mismo informe, en 274 de los 426 casos (64%) el periodista agredido fue hombre y en 97 casos (23%) la víctima fue una mujer. En 54 de esos 426 incidentes (13%) la agresión fue en contra de un medio de comunicación o un grupo de periodistas.
La entidad en donde fueron denunciadas más agresiones es la Ciudad de México, con 71 casos. Le siguen Oaxaca con 60, Veracruz con 58, Puebla con 28 casos y Guerrero con 26. Es decir, cinco entidades concentraron el 52% de las denuncias de agresiones a periodistas.
2016 fue, en los ocho recientes, el año en el que ocurrieron más agresiones a informadores. En 2009 fueron 238; 2010, 162; 2011, 172; 2012, 207; 2013, 330; 2014, 326; 2015, 397 y 2016, 426. Se trata, de acuerdo con la información que compiló Article 19, de 2 mil 258 agresiones a periodistas entre 2009 y 2016. Más de la mitad de ellas (el 51%) ocurrieron en los últimos tres años, entre 2014 y 2016.
