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Un olor intenso a petróleo despierta cada cierto tiempo de golpe a los pobladores indígenas de la comunidad kichwa 12 de Octubre en la región amazónica de Loreto, en Perú. Cuando salen a corroborar lo que está pasando, se encuentran con la misma escena que se repite desde hace cinco décadas: una mancha oleosa que se va esparciendo por la quebrada en la que pescan, cocinan y se bañan más de cien familias. El 17 de marzo de este año la comunidad denunció un nuevo derrame, uno más de los tantos reportados en el lote petrolero 192.
Los habitantes de las comunidades están hartos: “Nunca mejora la situación, todas las empresas han tenido derrames desde OXY, Pluspetrol y Petroperú. Las tuberías están podridas, tienen años instaladas y por eso se está contaminando constantemente”, dice Natanael Sandi, monitor ambiental indígena que reporta los daños causados por el petróleo.
En Mongabay Latam hemos reportado problemas en este lote al menos una docena de veces en los últimos seis años. Y la cifra se multiplica si incluimos a otros países con influencia de industrias extractivas en la Amazonía. Los temas se repiten: comunidades locales afectadas, empresas sancionadas, conflictos e impunidad. ¿Cuál es la magnitud de esta situación? ¿Cuáles son las empresas más multadas o sancionadas por faltas ambientales?
Para responder a estas preguntas, un equipo periodístico coordinado por Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y Cuestión Pública en Colombia, La Barra Espaciadora en Ecuador y El Deber en Bolivia solicitó información oficial de a las autoridades ambientales de los cuatro países. ¿Qué encontramos? En Perú y Colombia, más de 200 procesos sancionadores por infracciones ambientales contra 72 petroleras en los últimos diez años. En Ecuador y Bolivia, falta de transparencia o información incompleta de parte de las instituciones gubernamentales.
También pudimos detectar que las autoridades de Perú y Colombia han impuesto 169 multas y 14 de estos casos siguen activos. Puede revisar cada uno de los casos en la visualización.
Lamentablemente, los impactos ambientales no son el único problema. Está investigación muestra también cómo la actividad petrolera se ha expandido y se superpone con territorios indígenas y áreas protegidas ubicadas en la Amazonía de estos cuatro países. El análisis geoespacial nos permitió detectar más de 1200 casos en los que existe una superposición entre territorios indígenas y concesiones petroleras que puede llegar hasta el 100 por ciento.
Una década de multas
Diez pedidos de información a ocho oficinas estatales de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia permitieron armar la base de datos del especial ManchadosXelPetróleo. En algunos casos, la información no llegó completa y se insistió en las solicitudes; en otros simplemente no hubo respuesta o no se enviaron los nombres de las empresas sancionadas.
Con la información recibida del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el caso de Perú, y de Corporinoquia y Cormacarena, que supervisan la Orinoquía en Colombia, se estableció que en los últimos 10 años se han abierto 282 procesos sancionadores contra empresas petroleras por infracciones ambientales: 143 casos en Perú que involucran a 17 empresas y 139 en Colombia asociados a 56 compañías.
Hasta el momento las autoridades de ambos países han impuesto 169 multas a 36 petroleras —16 en Perú y 20 en Colombia— por afectar el medio ambiente durante sus operaciones. El monto total de estas sanciones económicas asciende a $55 327 451 dólares. El 98,8 % de este total se aplicó a empresas en Perú.
Según la información entregada por las autoridades ambientales de los dos países, las compañías Pluspetrol Norte (Perú) y Perenco en la Orinoquía colombiana registran el mayor número de procesos sancionadores y son las empresas más multadas entre 2011 y 2021. Una de las entregas de este especial revisa precisamente la operación de Pluspetrol Norte en la Amazonía peruana, una compañía a la que el OEFA le ha impuesto 73 sanciones y que tiene procesos judiciales pendientes con el Estado por intentar recurrir a la liquidación de la empresa y evadir así, según las autoridades, la remediación de las zonas afectadas por el petróleo. El caso de Perenco, la petrolera más sancionada por Corporinoquia, sus multas sobrepasan los US$169 mil dólares e incluyen afectaciones causadas a la población, así como a la flora y fauna principalmente en la región de Casanare, en la Orinoquía.
Perenco Colombia Limited registra un total de 27 procesos sancionadores y nueve multas que bordean los US$169 633. Le sigue la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A., o simplemente Ecopetrol, con 20 procesos sancionadores y tres multas que suman US$110 167. En tercer lugar está Ingecoleos LTDA con tres procesos sancionadores y dos multas que suman US$68 815.
Es importante destacar que la información incluida en este informe consigna solo los datos enviados por Corporinoquia y Cormacarena. Al cierre de esta publicación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia (ANLA) respondió al pedido de información ingresado en enero de este año sobre las multas y sanciones contra las petroleras que operan en la Amazonía de Colombia. La información entregada no está completa y no figuran los nombres de todas las empresas por lo que se ha ingresado un segundo pedido de información. Según el material entregado por ANLA, Perenco Colombia Limited y Ecopetrol lideran la lista de las empresas más multadas en la Amazonía en los últimos diez años.
En el Perú, Pluspetrol Norte lidera la lista con 73 procesos, que se abrieron en los últimos diez años, y que derivaron en 72 multas que suman US$47 322 662. En segundo lugar está la compañía Maple Gas Corporation con 14 procesos, los cuales derivaron en 14 multas que ascienden a US$685 685 y en tercer lugar Petróleos del Perú – Petroperú, la empresa estatal del país con ocho procesos sancionatorios que terminaron en dos multas que suman US$4 959 033. Esta empresa tiene la multa más alta de toda la base de datos: US$4 956 772. Este monto impuesto por el OEFA en el 2020 fue por contaminación de agua y suelo en el Oleoducto Norperuano de Loreto.
La sanción contra Petroperú, la única petrolera estatal que figura entre las seis empresas más multadas de Perú y Colombia, es por una fuga de petróleo ocurrida en enero del 2019 en la región amazónica de Loreto. Según el expediente de este caso, el problema detectado en la tubería del Oleoducto Norperuano – Tramo II afectó la quebrada Numpatkain y algunos puntos del río Rojo. La OEFA indica que la petrolera estatal fue sancionada por vulnerar la normativa ambiental, pues no adoptó las medidas de prevención necesarias para evitar los impactos ambientales negativos en la flora, fauna y la salud humana. La compañía, según el expediente del caso, ha apelado la resolución sancionatoria y esta debe ser revisada ahora por el Tribunal de Fiscalización Ambiental.
Para el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU, Marcos Orellana, las multas cumplen un rol disuasivo solo si son significativas. “Si las multas son muy bajas, simplemente se transforma en un costo del negocio. El monto debe estar relacionado con la gravedad del problema y con la magnitud de la ganancia de estas empresas”, enfatiza. Asimismo, si estas no son acatadas y se judicializan indefinidamente, no funcionan. “Por eso las demoras no solamente generan pasividad, agravan los impactos y generan pérdida de legitimidad y confianza en el sistema legal. Ese es un gran costo que paga el Estado”, agrega.
Dentro de los 282 procesos sancionadores en Perú y Colombia, logramos detectar que por lo menos dos compañías petroleras operan en más de un país de la región. Perenco, por ejemplo, también está presente en Perú, a través de la empresa Peru Petroleum Limited, y tiene dos multas que suman $88 182 dólares por contaminación de agua, de suelo y afectación a la flora y fauna en el lote 67. Estas multas fueron impuestas en el 2017 y la última de ellas en junio del año pasado. Lo mismo ocurre con la compañía Frontera Energy, que tiene sucursales en Colombia, Ecuador y Guyana, y que hasta el 2021 manejó el lote 192 en Perú. Por esta operación acumuló cinco multas que ascienden a $516 049 dólares.
Vanessa Cueto, vicepresidenta de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señala que en Perú los requisitos para otorgar concesiones a empresas se basan más en las ofertas económicas que en la evaluación de sus buenas prácticas empresariales. “No solo sucede en hidrocarburos, sino en minería o infraestructura. Todavía falta establecer mecanismos para conocer los antecedentes de las compañías. Lo que pasa es que nadie quiere hacerse responsable de los pasivos ambientales”, indica. La información sistematizada por este equipo periodístico, precisa la experta, “da una visión integral del problema de nuestras fuentes energéticas, con miras al uso de energías más limpias”.
Aunque en este trabajo se ha podido explorar el problema en Perú y Colombia, quedan pendientes Bolivia y Ecuador. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua en Bolivia no respondió nuestro pedido de información y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador nos envió un listado de los derrames de petróleo registrados en los últimos diez años en la Amazonía del país que suman 1202, pero sin incluir a las empresas detrás de estos casos.
El ministerio del Ecuador precisó que todo operador petrolero está obligado a informar a la autoridad ambiental competente sobre un incidente en un plazo no mayor a las 24 horas de conocido el evento. Tomando esto en cuenta, señala el documento de respuesta, “el 80 % de los derrames reportados corresponden a emergencias menores a cinco barriles y ocurridas dentro de las instalaciones con impermeabilización”, se indica.
En la matriz entregada por el mencionado ministerio se detalla el lote y la fecha de la infracción ambiental, sin embargo no se menciona cuáles son las empresas responsables de estos derrames ni los procesos sancionadores que se les abrieron. No obstante, a partir de la base entregada, se pudo establecer que el lote con más derrames fue el Bloque 57 Libertador operado ahora por PetroEcuador.
En el documento se especifica también que la causa principal de los derrames reportados en este bloque son “por fallas operativas dadas por corrosión interna de tubería”. A su vez indica la autoridad ambiental que “a fin de garantizar que no vuelvan a ocurrir eventos por la misma causa, se ha dispuesto el cumplimiento de los informes de integridad mecánica, cambios de tuberías, análisis preventivo y correctivo en tubería, que garanticen que no sucedan eventos por la misma causa”. No obstante, según la misma base, se registraron treinta derrames durante el 2020 y dos más en la primera mitad del 2021.
Pese a esta entrega parcial o nula de información, tanto La Barra Espaciadora en Ecuador como El Deber en Bolivia reportaron casos importantes que detectamos a partir de la superposición de lotes petroleros con territorios indígenas y ecosistemas sensibles. En el caso de Bolivia, exploramos la situación de las áreas naturales protegidas y hallamos que de 53 áreas protegidas —entre nacionales, departamentales y municipales—, 21 están superpuestas por bloques de hidrocarburos. Y en la Amazonía de Ecuador, viajamos hasta la comunidad de Sinchiurco donde funciona la plataforma Guanta 1. En este territorio indígena kichwa recogimos un historial de daños y negligencias de empresas desde la década de los 80, entre ellas Texaco, Petroamazonas, PDVSA y Petroecuador.
Naturaleza manchada
El análisis de la base de datos nos permitió establecer que el agua, el suelo y la flora fueron los recursos naturales más afectados en estos últimos diez años. En Perú se detectaron 45 casos asociados a daños ambientales al suelo, 24 a la flora y 20 al agua. Mientras que el daño a las fuentes de agua en Colombia está presente en 46 procesos y a la flora y suelo en 26 cada uno.
Los expedientes obtenidos nos permitieron tener detalles más específicos de estos daños al medio ambiente. Es así como en Perú, el rebose de tanques de petróleo, la fuga de crudo en tuberías y la mala disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos causaron los problemas ambientales mencionados.
En Colombia fueron sobre todo los derrames de petróleo los que afectaron ríos, cauces, concesiones de aguas superficiales o subterráneas; además de las irregularidades detectadas en los permisos de vertimiento de aguas residuales.
En toda la región Orinoquía, el punto de encuentro entre el Amazonas y los llanos del río Orinoco, compuesta por los departamentos Arauca, Casanare, Vichada y Meta, se registraron 139 casos, mientras que en Loreto 120.
Lo grave es que también se detectó que algunas de las empresas sancionadas figuran ‘en Liquidación’, como es el caso de Maple Gas Corporation del Peru S.R.L. y Pluspetrol Norte S.A., compañías que operan en territorio peruano. Esto podría convertirse en una vía para eludir sus responsabilidades, sostienen varios expertos.
“El problema es que si el privado no asume el costo, lo termina asumiendo el Estado”, dice Miguel Lévano, oficial de Oxfam Perú. Lévano resalta el caso de Pluspetrol en el Lote 192, donde la empresa no ha aceptado los 2000 puntos de contaminación que el OEFA ha señalado que deben ser remediados.
Para Lissette Vásquez, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo en Perú, “no podemos tolerar como país más casos como el del Lote 192”. La experta añade: “tuvimos una empresa que se retiró sin remediar y con un intento de liquidar la compañía para no hacerse cargo de la remediación”.
Aunque Vásquez resalta el hecho que se pudo interponer una medida cautelar para evitar esta falta de responsabilidad, señala que “en la medida que el Estado cumpla y haga cumplir la ley, la población irá recuperando la confianza en este tipo de actividad extractiva como el petróleo”.
Tierra tomada por el petróleo
El análisis geoespacial realizado en la Amazonía de los cuatro países, en base a la información de la Red Amazónica de Información Socioambiental (RAISG), detectó que 1647 territorios indígenas —entre comunidades, resguardos y reservas— son afectados por bloques de hidrocarburos. En el caso de las áreas protegidas son 52 —entre nacionales, departamentales y municipales— en Perú, Ecuador y Bolivia. En el caso de Colombia, si bien no tiene áreas protegidas que se superponen con lotes petroleros, sí se ven afectadas 70 reservas forestales en la Amazonía.
Asimismo, más del 76 % de las comunidades indígenas superpuestas tienen un traslape con bloques petroleros que llega al 100% en los cuatro países. Y en el caso de las áreas protegidas en Perú, Ecuador y Bolivia, este asciende a un 30,7 %.
Observar esta información en un mapa permite tener una idea más clara de cómo los lotes petroleros se expanden sobre el verde intenso de la selva. Y esta situación se vuelve más compleja cuando se recogen los testimonios en campo: muchas comunidades y resguardos indígenas denuncian que no tuvieron procesos de consulta previa antes de realizar actividades sobre sus tierras y muchos menos se socializó la demarcación de estos bloques con estos pueblos.
Aunque en todos los países esta superposición es legal, los expertos consultados señalan que sienta un mal inicio en la relación entre el Estado, la empresa y las comunidades. Lissette Vásquez, adjunta de la Defensoría del Pueblo en Perú, comenta que el 20 % de los conflictos sociales en el país corresponden a actividades de hidrocarburos. “Si solo consideramos los conflictos que están activos, esta cifra asciende a 24 % y la mayoría se encuentra en la Amazonía”, agrega.
Para Pedro Tipula, geógrafo del Instituto del Bien Común (IBC), las normas son claras. “La ley (de consulta previa) es concreta y cuando vas a afectar derechos no solo territoriales, sino humanos, tiene que hacerse la consulta a las poblaciones”, enfatiza. Vásquez indica que el problema comienza cuando se observa que la consulta es solo “una barrera burocrática más que superar”. Laura Montaño, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, comenta que, aunque la totalidad del bloque petrolero no será explotado —y por ende no implicaría una afectación directa a los pueblos indígenas—, los proyectos de hidrocarburos se han desarrollado a 200 o 300 metros de distancia de las coordenadas de los territorios indígenas. “De esa forma, cuando piden ante el Ministerio del Interior la resolución que indica la presencia de comunidades indígenas, no se registra nada y no es necesario hacer un proceso de consulta previa”, señala. Pero cuando las fallas operativas suceden sobre fuentes de agua, inevitablemente, el petróleo los afecta.
Esta investigación transfronteriza es coordinada por Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia; La Barra Espaciadora de Ecuador y el diario El Deber de Bolivia.
Edición general: Alexa Vélez. Editores: María Isabel Torres y Antonio Paz. Coordinación: Vanessa Romo. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo y Vanessa Romo. Análisis geoespacial: Juan Julca. Equipo periodístico: Gloria Alvitres, Enrique Vera, Cristina Fernández, Yvette Sierra, Vanessa Romo y Alexa Vélez (Mongabay Latam); David Tarazona, Angie Garay, Valeria Báez, Andrea Rincón y Nicolás Sánchez Cuestión Pública en Colombia; Pilar Puentes, Catalina Sanabria de Rutas del Conflicto en Colombia); Diego Cazar Baquero y Ana Cristina Alvarado de La Barra Espaciadora en Ecuador) e Iván Paredes y Nelfi Fernández de El Deber en Bolivia. Visualización de datos y diseño: Rocío Arias, Daniel Gómez, Carlos Mazabanda de Todos los Ojos de la Amazonía y Eduardo Mota García. Producción audiovisual: Estudio Androide y Christian Ugarte. Historias gráficas: Kipu Visual. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero.
