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El tema ha causado impacto y polémica días después de que hubiera sido desvelado por un diputada durante una reunión en el Parlamento para hablar sobre un brote de leishmaniasis infantil en una comunidad indígena.
Una diputada panameña reveló que recibió varios testimonios de mujeres indígenas sobre supuestas esterilizaciones sin consentimiento en una zona rural de ese país. Hasta ahora, la vicepresidenta del Parlamento presentó una denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo anunciaron que investigarán el caso.
Durante una reunión de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia para hablar sobre la leishmaniasis infantil en la comunidad indígena de Charco La Pava, en la provincia de Bocas del Toro (noroeste), la legisladora suplente Walkiria Chandler se refirió a la visita que había hecho a ese lugar junto a otros colegas en octubre de 2021.
La diputada independiente dijo que en esa oportunidad le había llamado «poderosamente la atención» que «mujeres denunciaban que, al momento de dar a luz, tuvieron que trasladarse a un hospital bastante lejano y, cuando despertaban, habían sido esterilizadas sin su consentimiento».
Según explicó, en la cosmovisión de ese pueblo originario, el número de hijos les otorga a las madres una posición en la comunidad. «Al ser esterilizadas, pierden ese activo, ese lugar en la sociedad, porque se entiende que parte de la función primaria dentro de su comunidad es la reproducción», argumentó Chandler.
El registro de uno de los testimonios
En un video publicado hace tres meses por la presidenta de la Comisión de la Mujer, Zulay Rodríguez, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), se recogía el recorrido de los diputados en Charco La Pava y parte de los testimonios de sus habitantes.
Mientras la comunidad exponía a los parlamentarios su compleja situación sanitaria, un hombre pidió la palabra en nombre de una mujer que se encontraba a su lado para manifestar que los médicos de esa zona no permitían que las mujeres tuvieran más de tres hijos y que después del segundo embarazo, las operaban para esterilizarlas. «¿Por qué ellos hacen eso si no es su trabajo tomar esa decisión sin consulta a la madre o a la familia?», se preguntó.
Tras esta visita de los asambleístas, según afirmó Chandler a La Estrella, se elaboró un informe y se solicitó dos veces la comparecencia del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, para darle detalles de lo expuesto por las mujeres, lo que no ocurrió, según sostiene la diputada.
¿Cuáles medidas se han tomado?
Lo manifestado en esa comunidad indígena ha generado conmoción y una serie de tensiones entre diputadas de la Asamblea que se recriminan el no haber actuado antes frente a la gravedad de lo denunciado.
En cuanto a las acciones anunciadas para esclarecer lo ocurrido, ya se han manifestado el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo. Además, una denuncia fue introducida ante el Ministerio Público por la vicepresidenta del Parlamento, Kayra Harding, del PRD.
El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, informó sobre la creación de una comisión de derechos humanos para investigar y dijo que el próximo lunes se desplazará a Bocas del Toro junto a un equipo interdisciplinario.
Por su parte, el Ministerio de Salud aseveró que inició una investigación sobre los supuestos procedimientos quirúrgicos sin la autorización de las pacientes y pidió informes en las Regiones de Salud de las comarcas de Ngäbe-Buglé y de Bocas del Toro, recoge El Siglo.
Una polémica
Este tema ha generado fuertes tensiones entre las parlamentarias Chandler y Harding debido a que durante la sesión de la Comisión para hablar sobre los casos de leishmaniasis con la viceministra de Salud, Ivette Berrio, la parlamentaria independiente abordó el tema de las esterilizaciones, a pesar de que no estaba contemplado en agenda.
La vicepresidenta de la Asamblea dijo que no debatiría al respecto, que debía cumplir otros compromisos y, visiblemente molesta, dio por finalizada la sesión.
Tras la difusión del video donde quedó registrado el ‘impasse’, Harding acudió al Ministerio Público a «presentar una noticia criminis» de la supuesta comisión de un «hecho delictivo o criminal» sobre el que había tenido noticias dos días atrás, aseverando que su colega había violado el reglamento interno al tratar de abordar ese tema no pautado y que busca notoriedad.
Por su parte, Chandler, en una entrevista a La Estrella, refutó a la vicepresidenta del Parlamento y dijo que esta había podido conocer la denuncia cuando se discutió en la Comisión en octubre y a través del informe posterior a la visita.
¿Qué piden las organizaciones?
La organización feminista Espacio de Encuentro de Mujeres publicó en su cuenta de Twitter que además de las investigaciones que le corresponderían abrir al Ministerio Público y la Procuraduría, deben tomarse medidas «para que esto no ocurra más» y para el «resarcimiento del daño, reparación histórica y acompañamiento a las víctimas».
Según Espacio de Encuentro de Mujeres, la esterilización no consentida viola varias leyes panameñas, entre ellas la 68 de 2003 sobre los derechos y responsabilidades del paciente; la 82 de 2013 que adopta medidas de prevención contra la violencia de género y la 4 de 1999 sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres.
En Panamá está permitida la esterilización en mujeres, a partir de los 23 años, y al tener dos o más hijos. Según la Ley 5 de 2013, donde se establece el marco para su práctica, es un «derecho personalísimo y voluntario de la mujer» y no procederá «cuando hay desistimiento aún antes de que concluya la intervención médica» o cuando «no se presente prueba de que la mujer ha sido informada sobre métodos alternativos anticonceptivos por el personal de salud».
Del mismo modo, el consentimiento debe estar firmado por el paciente en un escrito donde haya constancia de que recibió información previa sobre ese tipo de intervención y sus consecuencias.
