Pie de Página
Hay tres hechos que ayudan a tener una idea de cómo le fue a México en 2021 si se habla de medio ambiente.
Cuando el año apenas tomaba impulso, en el sur del país, asesinaron a Fidel Heras, un activo defensor del río verde y presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina. Eso sucedió el 23 de enero. Cuando terminó marzo ya habían asesinado a cuatro habitantes más de esa comunidad de Oaxaca.
En los primeros meses del 2019, al comienzo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, investigadores que realizan trabajo científico en el sureste de México alertaron a las autoridades federales y estatales sobre la presencia de una pista clandestina de aterrizaje en el corazón de la Selva Lacandona. Han pasado tres años y la pista sigue ahí.
El pasado 22 de noviembre, en las páginas del Diario Oficial de la Federación se publicó un acuerdo presidencial con el que se declaran “de interés público y seguridad nacional” los proyectos y obras a cargo del gobierno que se consideren prioritarios y estratégicos, por lo que se instruyó a todas las dependencias a otorgar las autorizaciones necesarias —incluidas las ambientales— en un plazo máximo de cinco días.
A lo largo del 2021 se confirmó lo que científicos y organizaciones no gubernamentales advertían desde finales de 2019: el medio ambiente no está dentro de las prioridades de la cuarta transformación, como llama López Obrador a su periodo presidencial.
Para científicos, especialistas en bosques e integrantes de organizaciones no gubernamentales, México termina el 2021 con un balance negativo si se habla de la situación de sus recursos naturales. Todos coinciden en que el poco presupuesto que se destinó al sector ambiental mostró el desdén gubernamental a un tema estratégico. Además, consideran que se abonó el terreno para que crecieran aún más problemas que el país ya padecía, como la impunidad en los delitos ambientales, el abandono a las comunidades forestales y la violencia contra defensores de ambiente y territorio.
Lo preocupante: desmantelamiento del sector ambiental
Desde que comenzó el actual sexenio, el sector ambiental ha sido uno de los más castigados. En 2021, se destinaron 31 348 millones de pesos para todo el sector, un poco más que los 28 900 millones de pesos (poco más de 1368 millones de dólares) que recibió uno de los principales programas del gobierno: Sembrando Vida.
Dependencias claves para la protección de los recursos naturales y combate a los delitos ambientales recibieron recursos mínimos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) contó con un presupuesto de 866 383 000 pesos (alrededor de 41 millones de dólares), una cantidad que equivale a destinar alrededor de 9.6 pesos (poco menos de medio dólar) a cada una de las 90 millones de hectáreas del territorio nacional que tienen alguna categoría de protección.
Cálculos realizados por integrantes de la Red de Jóvenes Ambientalistas muestran que por cada peso que se deja de invertir en áreas naturales protegidas se pierden entre 100 y 400 metros cuadrados de cobertura forestal. “A partir de que en 2016 (durante el sexenio de Enrique Peña Nieto) se reduce en forma sustancial el presupuesto de la Conanp, la pérdida de cobertura forestal se dispara”, explica Aldo Muller, economista ambiental integrante de la Red.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue otra de las dependencias ambientales más castigadas: contó con 52 millones de pesos menos que en 2019, al recibir 742 103 000 pesos (alrededor de 35 millones de dólares).
El bajo presupuesto destinado a la Conanp y Profepa ha provocado una ausencia institucional en las áreas naturales protegidas, asegura el doctor Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Y con ello se ha colocado en una situación más vulnerable a especies de flora y fauna que ya de por sí tenían problemas. Además, se perjudican los procesos bioculturales de esas áreas: la relación de los ecosistemas con el bienestar de las comunidades locales.
Como ejemplo, Medellín cuenta lo que sucede en el Parque Nacional El Tepozteco, en Morelos, donde está prohibido construir, pero se están edificando casas, algunas de ellas cercanas a la Cueva del Diablo, sitio donde se aparea el murciélago magueyero mayor (Leptonycteris nivalis). Hasta ahora, no se conoce otro lugar de apareamiento de esta especie. Así que el futuro de este murciélago depende, en gran medida, de la conservación de esta cueva. “Se lo hemos dicho a las autoridades federales, a las locales, a la guardia nacional; todos dicen que es muy grave, pero nadie hace nada. Nadie aplica la ley. Hay una impunidad absoluta”, reclama el investigador.
El bajo presupuesto no fue el único problema que sacudió al sector ambiental en 2021. Lucía Madrid, maestra en políticas ambientales por la Universidad de Cambridge y especialista en manejo integrado de paisajes, recuerda que desde el 2020 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) comenzó a tener un rediseño que no se ha consolidado y que debilitó aún más a la dependencia.
La Semarnat sufrió recortes de personal, se dejó sin titular a las delegaciones estatales y, hasta diciembre de 2021, no se publicaba su reglamento interior, por lo que las nuevas subsecretarías y direcciones generales no tienen atribuciones claras asignadas. Entre las consecuencias que esto ha provocado está el retraso en la atención de todo tipo de trámites, entre ellos los relacionados con los programas de manejo forestal, “lo cual desincentiva el manejo legal de los bosques y vulnera los derechos de las comunidades forestales”, resalta Madrid.
Lo crítico: pérdida de cobertura forestal
Para el doctor Rodrigo Medellín una de las mayores catástrofes ambientales que hoy vive el país es la pérdida de la cobertura forestal en la Selva Lacandona, al sureste de México.
La expansión de las plantaciones de palma africana y la ganadería, los conflictos agrarios que llevan años sin resolverse, la invasión de áreas naturales protegidas y la presencia del crimen organizado son algunas de las actividades que están terminando con la Lacandona mencionan los investigadores que trabajan en la zona, tratando de salvar a especies como el jaguar.
Aún no hay datos que muestren cuántas hectáreas de cobertura forestal perdió el territorio nacional en 2021. La información hasta ahora disponibles no es alentadora. México se quedó sin 300 mil hectáreas de cobertura arbórea en 2020, de acuerdo con los análisis de imágenes satelitales realizados por la Universidad de Maryland y publicados por la plataforma de Global Forest Watch.
Además, en el país se han identificado 122 zonas críticas, en donde hay tala clandestina, lavado de madera, cambios de uso de suelo, incendios provocados y presencia del crimen organizado, de acuerdo con datos presentados por la propia Semarnat en octubre pasado.
Ante este panorama, María Luisa Albores, titular de la Semarnat, presentó una “estrategia contra deforestación y tala ilegal”, la cual se basa en la “prevención, inspección y verificación de aserraderos, además de un trabajo de inteligencia… con la finalidad de poder ejecutar acciones penales contra los responsables de los ilícitos”.
Lucía Madrid explica que no es posible tener una misma estrategia para abordar tala ilegal y deforestación, porque “son fenómenos distintos, realizados por actores diferentes”. La deforestación, comenta, tiene que ver con cambio de uso de suelo y está relacionada con cadenas productivas industriales como la ganadería, la agricultura industrial, los desarrollos inmobiliarios y los megaproyectos. “En México —insiste— no hay una estrategia concreta para detener la deforestación. Tampoco hay recursos suficientes para la unidad que hace el monitoreo de la deforestación, lo cual no permite tomar decisiones oportunas para atender el fenómeno. Sin embargo, la deforestación es uno de los principales problemas socioambientales del país, que arrasa con alrededor de 250 mil hectáreas de bosques por año”.
En más de una ocasión, la titular de la Semarnat ha presentado como un logro el haber firmado un acuerdo con representantes de las comunidades menonitas de Campeche, en el que se comprometen a detener la deforestación de la selva maya.
Desde hace años, apicultores mayas han presentado denuncias en contra de los menonitas por haber transformado miles de hectáreas de selva maya en campos de soya.
El acuerdo entre la Semarnat y los menonitas “generó mucha molestia en comunidades mayas de Hopelchen”, señala Jorge Fernández, de Equipo Indignación, organización no gubernamental que trabaja en la Península de Yucatán. El enojo, explica, ha sido porque “los menonitas siguen deforestando y sembrando soya transgénica de manera ilegal”.
En octubre de 2021, las organizaciones Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentaron una denuncia ante Profepa por la siembra de soya y maíz que probablemente es transgénico en comunidades de Hopelchén, Campeche.
Mientras el país pierde bosques, selvas, manglares, pastizales y especies de flora y fauna, las poco más de 2310 comunidades que realizan manejo forestal sustentable tienen cada vez más retos: tramitología, carga fiscal, presencia del crimen organizado en sus territorios, bosques en donde las plagas y las enfermedades se intensifican por el cambio climático y una disminución significativa de los apoyos que recibían de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
“El caos que se ha provocado por la falta de presupuesto y el debilitamiento de la Semarnat trae consigo el avance de la ilegalidad, porque al mismo tiempo en muchas regiones forestales están sufriendo una presión del crimen organizado que busca controlar todo lo relacionado con el aprovechamiento forestal”, explica Lucía Madrid, quien también forma parte del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
José Iván Zúñiga, del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), destaca que la falta de inversión en las comunidades que hacen manejo forestal sustentable abre la puerta a otros problemas: “Si no tienes un manejo del bosque —advierte— no se tienen brechas cortafuegos ni una atención oportuna y capacitada para atender las plagas y enfermedades forestales”.
El tema de incendios ya es evidente. En abril de 2021, el fuego ya había afectado poco más de 127 mil hectáreas, casi el doble de las 69 mil hectáreas dañadas durante todo 2019, de acuerdo con los reportes de la Conafor.
Lo polémico: focos rojos de Sembrando vida
En marzo de 2021, el WRI publicó el informe “Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019” que brindó información relevante sobre posibles consecuencias negativas de uno de los programas sociales insignia del gobierno federal.
Sembrando Vida otorga 5 mil pesos mensuales a cada sembradora o sembrador, como se les llama a quienes adoptan sistemas agroforestales —siembra de maíz, hortalizas, árboles frutales y maderables— en sus parcelas. En más de una ocasión, López Obrador ha dicho que se trata de un programa de reforestación, una calificación que no comparten expertos forestales.
Desde que arrancó Sembrando Vida, en febrero de 2019, se reportó que para poder entrar al programa, algunos sembradores talaban los árboles de sus acahuales, como se conoce a los terrenos que en algún momento se usaron para la agricultura o la ganadería, pero que ahora tienen bosques o selvas en recuperación.
El estudio de WRI documentó que en 2019, como consecuencia de Sembrando Vida, se perdieron 73 mil hectáreas de cobertura forestal. Pero también, encontró que el programa podría lograr que se tuviera una ganancia de árboles maderables en, por lo menos, 300 mil hectáreas que antes tenían usos agropecuarios.
“Con nuestro análisis estimamos que el programa puede tener un resultado positivo en términos de captura de carbono”, explica José Iván Zúñiga, de WRI. Sin embargo, también aclara que para lograr un balance positivo, en términos de captura de carbono y de mitigación de cambio climático, es fundamental que las 400 hectáreas sembradas con árboles maderables se mantengan, por lo menos, durante 30 años.
Zúñiga también advierte que Sembrando Vida tiene varios focos rojos. Por ejemplo, en los predios donde se sembraron árboles maderables no se han implementado programas de manejo, indispensables si en el futuro se quiere aprovechar en forma legal la madera que se produzca en el terreno.
La tenencia de la tierra es otra luz de alerta: “en muchos casos —explica Zúñiga— hemos detectado que las parcelas utilizadas por los sembradores son rentadas, prestadas o las tomaron del área común de la comunidad. Entonces, no hay la garantía de que esas hectáreas sembradas con árboles maderables se vayan a mantener en el tiempo”.
Además, de acuerdo con la ley actual, las plantaciones forestales tienen que registrarse ante la Semarnat y la Conafor para poder hacer el aprovechamiento legal de la madera. Las plantaciones que se realizaron en 2019 no fueron registradas y el plazo para hacerlo venció en 2020.
“No hay que criminalizar al programa. Tienen que solucionarse esos focos rojos para que pueda garantizarse la permanencia en el tiempo de los sistemas agroforestales maderables y Sembrando Vida pueda tener un impacto en la captura de carbono”, señala Zúñiga.
Lo grave: la imparable violencia contra defensores
El asesinato de Fidel Heras, presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina, en Oaxaca, ocurrido en enero de 2021, fue el anuncio de que no se detendría la violencia contra los defensores ambientales y de territorio, que ya se venía dando desde años atrás.
Tan solo en 2020 se registraron 30 asesinatos de personas defensoras de ambiente en México, de acuerdo con el informe anual de Global Witness, lo que significó un aumento del 67 % si se compara con 2019 y colocó al país en el segundo lugar de esa lamentable lista, después de Colombia.
El 2021, la violencia siguió imparable. En Paso de la Reina, se registraron cinco asesinatos, el de Fidel y otros cuatro habitantes de la comunidad que desde 2007 se organizaron para defender el río verde y evitar que ahí se instalara una hidroeléctrica. Semanas antes de que lo mataran, Heras denunció la extracción ilegal de arena del río.
En la sierra de Guerrero, al sur de México, Carlos Márquez Oyorzábal fue asesinado el 3 de abril de 2021. Tenía 43 años, cuatro hijos y era el comisario municipal de Las Conchitas, en el municipio de San Miguel Totolapan, región en donde grupos del crimen organizado —que controlan la siembra de amapola y la tala ilegal— incrementaron su presencia y han provocado el desplazamiento de varias comunidades.
Hasta septiembre de 2021, el Cetro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) tenía registradas a 13 personas defensoras de ambiente y territorio asesinadas en México. La organización, que en marzo próximo publicará su informe anual sobre el tema, ha detectado que en 2021 “crecieron el número de agresiones en contra de quienes se oponen al Tren Maya, así como aquellas donde se denuncia tala ilegal o la presencia del crimen organizado en zonas forestales”, señala Margarita Campuzano, del Cemda.
Los opositores al llamado Tren Maya no sólo han tenido que enfrentar amenazas, también han visto cómo se violan las normas ambientales sin que existan consecuencias. Este año, por ejemplo, en tribunales demostraron que las obras arrancaron sin la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Eso les permitió obtener cuatro amparos para detener los trabajos. Pero, “Fonatur y Semarnat no están cumpliendo con las suspensiones. Y eso implica una violación al estado de derecho, pero también la certeza de que la actual administración va ir con todo para la implementación de este megaproyecto”, explica Jorge Fernández, de Equipo Indignación.
Para Fernández, lo que sucede con las obras del llamado Tren Maya muestra que la administración actual no tiene interés por establecer mecanismos de diálogo para escuchar a las comunidades que se oponen al proyecto ni a quienes, desde diversas disciplinas científicas, han advertido sobre las consecuencias que puede tener un proyecto de estas dimensiones para un ecosistema tan frágil como lo es la Selva Maya.
El Tren Maya no es el único megaproyecto que el gobierno federal impulsa. En Oaxaca y Veracruz se contempla el Corredor del Istmo de Tehuantepec, el cual prevé la instalación de, por lo menos, diez parques industriales.
Para acelerar estos y otros megaproyectos de infraestructura y turísticos, el pasado 22 de noviembre se publicó un acuerdo presidencial con el que se declaran de “interés público y seguridad nacional” las obras a cargo del gobierno que se consideren prioritarias y estratégicas. Además, se instruye a todas las dependencias a otorgar una “autorización provisional”, en un plazo máximo de cinco días.
Si bien, la Suprema Corte admitió una demanda del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a Datos Personales (INAI) y suspendió la parte del acuerdo que daba herramientas a los funcionarios para negar información pública sobre los proyectos gubernamentales, bajo el argumento de que son considerados de seguridad nacional, aún sigue vigente la instrucción de otorgar autorizaciones provisionales para acelerar las obras.
“El acuerdo pretende eliminar obligaciones a las que el Estado mexicano se ha comprometido y debe cumplir antes de otorgar cualquier tipo de autorización para megaproyectos, tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada con relación a dichos proyectos”, señaló la organización Fundar, una de las tantas voces que se manifestaron en contra del polémico acuerdo.
Lo que se ignora: cambio climático
En años pasados, México firmó el Acuerdo de París donde se comprometió, entre otras cosas, a no tener deforestación para el 2030. Ahora, en la más reciente Cumbre sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP26), el país se unió a la Declaración para revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra también para 2030.
Pero en el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, publicado en noviembre pasado, se prevé una pérdida de un millón 300 mil hectáreas de bosques hasta el final del sexenio; es decir, alrededor de 216 mil hectáreas al año.
“¿Cómo vas a llegar a la meta de cero deforestación para 2030 si en 2024 planeas perder alrededor de 216 mil hectáreas? Semarnat no puso una meta más ambiciosa para combatir deforestación porque no puede, no tiene una estrategia para hacerlo”, señala Lucía Madrid, del CCMSS.
Además, los compromisos para cumplir con la reducción de gases de efecto invernadero, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), que el país presentó en 2020 eran los mismos que se tenían en 2015. Eso llevó a que la organización Greenpeace presentara una solicitud de amparo y que en octubre pasado un juez decidiera suspender de manera definitiva las NDC del 2020.
“Sin unas NDC más ambiciosas no vamos a avanzar. El país también tiene el compromiso de generar energía a partir de fuentes limpias, a partir de 2024, y estamos muy lejos de eso. La actual administración está tratando de meter como energía limpia el gas natural y las hidroeléctricas, pero desde nuestra óptica, esas no son fuentes renovables”, explica Margarita Campuzano, del Cemda.
En la COP26, además, México no se sumó a la Declaración global de transición del Carbón, la cual plantea acelerar el uso de energías renovables y dejar de usar carbón en la generación de energía. La administración de López Obrador apuesta por el uso de energías fósiles y como muestra está la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, justo en terrenos donde antes había manglar, una zona muy vulnerable a los efectos del cambio climático.
Lo bueno: arranque de Escazú
El 22 de abril entró en vigor el Acuerdo de Escazú, el innovador tratado para América Latina y el Caribe que nace para garantizar el acceso a los derechos de información, participación y justicia ambiental. Además, obliga a los Estados a proteger a los defensores de derechos humanos en temas ambientales. México fue uno de los doce países que ratificó el tratado y con ello impulsó su entrada en vigor.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y el INAI organizaron grupos de trabajo para difundir el contenido del tratado y trabajar en aquello con lo que debe cumplir México. La Semarnat, por su parte, no tuvo ningún acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en llevar a terreno lo escrito en el acuerdo.
“Con la actual administración no hemos podido entablar un diálogo. Por desgracia, el tema ambiental no es una prioridad, no se considera un tema estratégico”, menciona Tomás Severino, director de Cultura Ecológica, una de las organizaciones que impulsa el tratado regional.
Quienes lograron ser escuchados, después de varios meses de insistencia, fueron las comunidades y organizaciones que forman parte de la Asamblea Nacional de Afectadas/os Ambientales. En julio se firmó un convenio entre varias dependencias del gobierno federal —Secretaría de Salud, Semarnat y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)— para trabajar en la atención de las zonas en donde la contaminación industrial ha provocado una emergencia sanitaria y ambiental.
“Es un avance el que las secretarías acepten y reconozcan que hay un problema ambiental ocasionado por la contaminación industrial y que se debe actuar”, dice Alejandra Méndez, del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, organización que trabaja en Tlaxcala, con las comunidades afectadas por la contaminación del Río Atoyac.
Un tema en donde Semarnat sí ha estado muy activa es en la prohibición del glifosato. En diciembre de 2020, se publicó un decreto en el que se ordenó la prohibición del agroquímico para el 2024. La industria agroquímica no se quedó con los brazos cruzados: Monsanto presentó un recurso legal en contra del decreto. Así que la batalla legal continúa.
