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El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, emprenderá cinco medidas para atender la situación que enfrentan las personas privadas de la libertad en México.
A siete días de conversar con internas del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, Arturo Zaldívar revisó los documentos de 550 mujeres en el penal.
Del total, 200 de ellas recibirán una defensa efectiva, inmediata y de calidad por parte de integrantes del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a partir del jueves.
Durante su conferencia mensual, el ministro presidente explicó que, una de las características que tienen estos asuntos, son personas de escasos recursos sin defensores públicos.
No obstante, dejó fuera el caso de Rosario “R”, exsecretaria de Desarrollo Social.
“El día de mañana acudirán nuestras defensoras y defensores públicos encabezados por Netzaí Sandoval, titular del Instituto de la Defensoría Pública Federal, para que podamos tomar la defensa, si así lo deciden las mujeres. De 200 asuntos en que pensamos que por las características podemos lograr resultados favorables”.
Revisar la prisión preventiva
El presidente de la Corte también aclaró que todos los asuntos a cargo de los defensores públicos promoverán la apertura de incidentes.
El propósito es revisar la prisión preventiva de cualquier persona que llevé más de dos años privada de su libertad.
Para ello, el Poder Judicial colaborará con el Instituto de la Defensoría de Ciudad de México para que también pueda aplicar en Santa Martha Acatitla.
Arturo Zaldívar recordó que, en febrero pasado, la Primera Sala de la Corte resolvió que esta figura podría ser revertida después de dos años.
Concentración de amparos
La tercera medida está relacionada con la emisión de un acuerdo para concentrar en dos o tres juzgados de distrito, los amparos indirectos en contra de la determinación de prisión preventiva justificada.
El propósito es establecer las reglas y lineamientos que no son claros en la ley para que las y los jueces decreten esta medida.
Además, el ministro Zaldívar agregó que el Poder Judicial continuará con el litigio estratégico para analizar todas las pruebas con perspectiva de género.
La última acción es el inicio del programa piloto en Oaxaca y Chiapas para determinar cuál es la situación de las personas indígenas en prisión.
“Además, estamos haciendo un programa piloto en los estados de Oaxaca y Chiapas para determinar cuál es la situación de procesos locales”
