DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA
* La modificación a la Ley señala esta acción como delito y propone se imponga prisión de dos a ocho años y multa de 1500 Unidades de Medida y Actualización (UMA)
MISAEL AUTE
La diputada Olga Luz Espinosa Morales, del PRD dio a conocer una Iniciativa por el que se adiciona un Artículo 421 Bis al Código Penal del estado, para establecer sanciones a servidores públicas que de manera indebida revelen o difundan imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite.
Al respecto, la legisladora explicó que se deben instituir agravantes para los casos en los cuales la información difundida o revelada constituya una posible lesión a la dignidad o a la memoria de las víctimas directas o indirectas de un hecho con apariencia de delito.
En su exposición de motivos para aprobar este cambio en la ley, la representabte popular recordó que en la actualidad, con la finalidad de garantizar la debida protección de las víctimas, resulta necesaria la creación de un tipo penal, que proteja a las personas, de la inmediata exposición ante los medios, tanto en su entorno personal como familiar, así como la consecuente revictimización.
«Los avances tecnológicos han acrecentado esta problemática, que va a la par de las redes sociales, a través de las cuales se facilita la captura de diversas imágenes, circunstancias, objetos, instrumentos que se encuentran relacionados con hechos constitutivos de delito, o relacionados con algún procedimiento penal», aclaró.
Aseguró que algunas imágenes son transgresoras de la dignidad de las personas, puesto que contienen situaciones personales que exponen la apariencia física, así como diversas circunstancias bajo las cuales se dan acontecimientos de índole delictivo, las cuales pueden ser obtenidas como una fotografía o videograbación y divulgada por diversos medios, como son redes sociales.
SANCIONES
Espinosa Morales propone que con el cambio, el Artículo 421 BIS quede de la siguiente manera: «Al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de 1500 Unidades de Medida y Actualización».
La diputada perredista asegura que la difusión masiva de dicho material, no solo afecta a las personas implicadas respecto de las cuáles existen imágenes, sino que trasciende al ámbito familiar y aún más, de toda una comunidad, por lo que se requiere de una protección jurídica para que pueda ser ejercida como un derecho.
Insistió que la difusión de un material que exponga imágenes lesivas de la dignidad de las personas que fueron víctimas no sólo constituye una afrenta contra su núcleo familiar, sino además acarrea en el ámbito de la colectividad el miedo al delito, que implica la afectación que este fenómeno tiene en el bienestar de la ciudadanía y en el transcurrir de la vida pública.
Lamentó que esta forma de exposición de la violencia en general y de la que sufren las mujeres asociadas a su condición de género, también sea claramente promovida por personas servidoras públicas que actualizan actos de corrupción y de delitos cometidos en el ámbito de la procuración de justicia.
Recordó también que es de conocimiento público que existen casos en los que se presume que servidoras públicas han sido quienes exhiben hechos de violencia social. «Por ello debe preverse conforme a los instrumentos legales, las sanciones que contengan y sancionen dichas conductas contraías a las leyes y a la ética social», subrayó.
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