* El ilícito representa el 5% del PIB a nivel nacional, afirma
MANUEL MONROY
Según el chiapaneco Carlos Méndez, Auditor Certificado en Prevención de Lavado de Dinero, las “lagunas” en las leyes mexicanas para poder castigar el lavado de dinero, provoca que este delito crezca en la entidad, mismo que tiene una de sus modalidades en la contratación de seguros de vida.
En entrevista, el experto detalló que este servicio es regularmente usado en tres etapas para blanquear capitales. “Se hace en la colocación, estratificación e integración. La primera se da con la asignación de una póliza, la cual puede ser de gran valor o varias de montos bajos”, detalló.
Respecto a la segunda, refirió que puede hacerse con numerosas cuentas para recibir dinero ilegal mediante métodos de pago en efectivo, cheques o giros, lo cual se hace para borrar el rastro de los recursos y, el tercero, es donde los fondos son mezclados con la economía legal para que se pierda el rastro de la ilegalidad.
Aseguró que este ilícito se registra muchas veces por la no aplicación de una debida diligencia y porque la aseguradora conoce a sus clientes. “La empresa en estos casos ignora la actividad del cliente, su fuente de ingresos, el lugar dónde reside y la actividad a la que se dedica”, señaló.
Interrogado sobre si en Chiapas el riesgo de que se cometa este delito es mayor, el experto refirió que siempre ha sido vulnerado. “Ante una medida de prevención que no se aplique, el riesgo aumenta. En muchos casos, por no usar estos procedimientos, las empresas de seguros son usadas para lavar dinero”.
En cuanto a si existen sanciones para este delito, recordó que hay dos tipos: la monetaria, que se hace con el pago de una multa y la penal que lleva un castigo de cinco a 15 años de prisión. “Irónicamente el Grupo de Acción Financiera Internacional asegura que México tiene un régimen maduro en esta materia”, aseveró.
Sin embargo, la corrupción ha permitido que los castigos se apliquen de manera ejemplar y así inhibir la comisión de este tipo de ilícitos. “En otros casos sólo son investigados, por lo que no se llega a una incautación o decomiso y se les da el carpetazo”, informó y añadió que este problema llega a representar, según algunos estudios, hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
