Sin Embargo
Además de María Eugenia Campos, candidata del PAN al Gobierno de Chihuahua, otros políticos han sido relacionados con el caso de la “nómina secreta”.
Ciudad Juárez, Chihuahua, 16 de abril (La Verdad de Juárez).– María Eugenia Campos Galván (PAN) no es la única candidata chihuahuense que ha sido vinculada a la llamada “nómina secreta” de César Duarte Jáquez, como se conoce al mecanismo que presuntamente usó el exgobernador priista para sobornar a diputados, periodistas, dirigentes partidistas y líderes religiosos.
#ChihuahuaVerifica revisó los antecedentes de distintos candidatos y encontró a otros personajes que han sido señalados e incluso acusados ya formalmente de recibir dinero de forma irregular de parte del Gobierno de Duarte, cuando fue mandatario estatal.
Según la propia Fiscalía del estado, en una conferencia el 4 de diciembre pasado, en la carpeta de investigación de la “nómina secreta” de Duarte hay alrededor de 60 o 70 personas involucradas.
Entre los nombres que figuran, aunque dicen ser inocentes y niegan las acusaciones en su contra, están los de los candidatos Armando Cabada y Cruz Pérez Cuéllar.
Y aunque no es candidato, también ha sido mencionado el nombre de Nicolás Juárez Caraveo, quien actualmente es enlace de medios en la campaña del candidato a Gobernador Alejandro Díaz Villalobos, por el partido Fuerza México. Según un reporte de Reforma, presuntamente recibió de dicha “caja chica” al menos 300 mil pesos.
Entre 2014 y 2015 Nicolás Juárez fungía como director general de Comunicación Social en el Estado. Al respecto Juárez Caraveo dijo que hasta la fecha ninguna autoridad le ha notificado alguna acusación formal en su contra. “Ignoro la fuente, en ningún momento he recibido algún citatorio, no me han llamado para preguntarme. Desconozco de qué se trata”, dijo.
Agregó que el cargo que desempeñaba no tenía en sus facultades el manejo de recursos públicos.
CABADA Y SU “FALLA”
Cabada Alvídrez es candidato a Diputado federal plurinominal por Morena y Alcalde de Juárez con licencia.
De acuerdo con una publicación que hizo el diario Reforma el pasado 21 de enero de 2019, Cabada presuntamente recibió 4.3 millones de pesos de la “nómina secreta” o la llamada “caja chica” de Duarte Jáquez, cuando aún no ocupaba un cargo público y se desempeñaba como empresario y presentador de las noticias de una televisora local (Canal 44), propiedad de su familia.
Tras darse a conocer esto, Cabada Alvídrez dijo que recibió los recursos mediante una “contraprestación”, al vender boletos para conciertos a mitad de precio al gobierno de Duarte, pero que eso no representaba un acto ilícito.
No obstante, La Verdad de Juárez dio a conocer este año que Cabada Alvídrez interpuso el 15 de marzo de 2018 un amparo ante el Juzgado Noveno de distrito, correspondiente al estado de Chihuahua, para impedir que se hiciera pública la investigación abierta en su contra por su probable participación en la nómina secreta, con la que se habrían desviado 542 millones de pesos del erario estatal.
El hoy candidato a Diputado federal por Morena reclamó en el documento 187/2018 la falta de acceso a las carpetas de investigación en su contra, la judicialización de dichas carpetas, la divulgación de la información de las investigaciones a los medios de comunicación y la negativa para declarar dentro de la carpeta de investigación, y los efectos correspondientes.
En el amparo, en donde se demandaba al Fiscal general del Estado de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, se especificó que Cabada Alvídrez tuvo carácter de imputado en la carpeta de investigación iniciada en su contra.
Para el 4 de julio de 2018, el entonces Alcalde de Juárez inició otra demanda de amparo en contra del Juez Cuarto de Distrito en el estado de Chihuahua, para evitar la ejecución de una orden de aprehensión en su contra.
Fue el 16 de octubre del mismo año que Cabada Alvídrez solicitó desistirse del primer amparo por lo que el juicio fue sobreseído, mientras que el segundo juicio de amparo radicado en el Juzgado Sexto de Distrito con el número 437/2018 también se sobreseyó y se negó la suspensión definitiva.
La Verdad Juárez citó a un informante de la Fiscalía General del Estado (FGE) que aseguró que dos de las ocho personas que fueron precandidatos a la gubernatura de Chihuahua por el partido Morena se encontraban en la “nómina secreta”.
El informante aseguró al medio digital que se trataba del Senador Cruz Pérez Cuéllar y Cabada Alvídrez, a quienes la FGE les ofreció un “criterio de oportunidad” para evitar los cargos en su contra. Solo Cabada Alvídrez habría aceptado la propuesta, por lo que tuvo que regresar los 4.3 millones de pesos.
En diciembre el propio Cabada Alvídrez, todavía como Presidente municipal de Juárez, confirmó ante medios que sí había recibido dinero por parte del exgobernador de Chihuahua, y que se había apegado al criterio de oportunidad, aunque dijo que había cometido un “error” y que no era parte de la “nómina secreta” ni había recibido un pago frecuente de parte del priista.
“Nos apegamos a un ejercicio legal al que tenemos derecho, que se llama criterio de oportunidad, por un tema en el que cuando yo era empresario me vi involucrado porque le vendí boletos a Gobierno del Estado para varios conciertos que yo realicé, tres conciertos para ser precisos, en donde se me hizo una compra de boletos a la mitad de precio… Entregamos los boletos que se nos compraron y nos pagó Gobierno del Estado”, aclaró.
Cabada Alvídrez reconoció que la “falla” se dio al no formalizar la prestación del servicio con un contrato, hecho que declaró ante la FGE para colaborar con la institución y así resarcir el “probable” daño que se pudo generar a las arcas del Estado.
“Sí, lo digo con toda claridad, fue un servicio que le prestamos al Estado, que hubo una contraprestación. En mi caso no se da un pago frecuente o un pago mensual como en otros casos y es muy distinto, muy diferente, yo lo he dicho así porque no nos pueden meter en la misma canasta”, enfatizó.
El candidato a Diputado federal por Morena también externó que regresar los 4.3 millones de pesos afectó su patrimonio ya que solicitó un crédito, por ello espera en algún momento recuperar el recurso.
Se buscó a Cabada por medio de su cuenta de Facebook, para ver si tenía una postura adicional, pero hasta la publicación de esta nota no había respondido.
¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD?
El criterio de oportunidad, del que se habla en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un mecanismo otorgado por los Ministerios Públicos que permite no ejercer una acción penal en contra de la persona que se apega a dicho criterio.
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley”.
Por su parte, el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que “iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido”.
De acuerdo con la abogada experta en lo penal y seguridad pública, Guadalupe Mancha, con la información que han difundido medios de comunicación de Chihuahua sobre el apego al criterio de oportunidad de Cabada Alvídrez se podría inferir que se sometió al supuesto quinto del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual será procedente cuando “el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.
Además, comentó que “la persona deberá reparar el daño que cometió al realizar la conducta ilícita, por eso se menciona que él devolvió lo que aparentemente le dio el exgobernador César Duarte Jáquez”.
La abogada explicó que el criterio de oportunidad no se puede otorgar en delitos fiscales ni graves, como en caso de homicidio o delincuencia organizada. En total son seis supuestos en los que puede proceder el criterio de oportunidad y que están establecidos en el artículo 256.
Finalmente, Mancha puntualizó que al apegarse al criterio de oportunidad “no define que sea inocente como tal, simplemente él acepta su responsabilidad al no poder comprobar que ese dinero fue de procedencia lícita. Entonces se apega a ese mecanismo para que declare en contra de otras personas implicadas”.
Lo anterior debido a que el supuesto quinto requiere que la persona señalada comparezca en juicio y, al no cumplir con esta especificación, el criterio de oportunidad podría quedar sin efecto.
EL CASO DE PÉREZ CUÉLLAR
El pasado 12 de abril la Asamblea Municipal Electoral de Juárez del Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó el registro de la candidatura de Cruz Pérez Cuéllar para la Presidencia municipal de Ciudad Juárez por el partido Morena. Actualmente es Senador por Chihuahua por el mismo partido.
En diciembre de 2020 la Fiscalía General del Estado presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia o desafuero en contra del legislador, para que permita al Ministerio Público ejercer acción penal en su contra por las investigaciones que lo vinculan a la llamada “nómina secreta” del exgobernador César Duarte.
De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía y declaraciones de un testigo protegido, además de presuntamente recibir sobornos, presuntamente se desviaron más de 15 millones de pesos a la campaña de Cruz Pérez Cuéllar en 2016, cuando contendió por la gubernatura de Chihuahua por el partido Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, para avanzar en las investigaciones, fue necesario solicitar ante la Secretaría General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados el desafuero del senador, explicó el Fiscal general César Augusto Peniche Espejel.
El fuero, dicho en palabras simples, es la inmunidad que adquieren quienes se desempeñen como senadores o diputados mientras ocupan el cargo. Esto significa que no pueden ser detenidos pese a cometer un delito o un crimen. Esta protección puede ser retirada mediante una declaración de procedencia, acto que le compete únicamente a la Cámara de Diputados.
La declaración de procedencia busca retirar esa inmunidad procesal a los legisladores para ponerlos a disposición de la autoridad para ser juzgados por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su cargo.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio a conocer a través de un comunicado que recibió la solicitud de la Fiscalía de Chihuahua en contra del Senador por los delitos de encubrimiento por receptación y promoción de conductas ilícitas, previstos en el Código Penal del Estado de Chihuahua.
El 8 de diciembre de 2020 el Fiscal César Peniche informó que la Cámara de Diputados admitió la solicitud de declaración de procedencia del Senador Cruz Pérez Cuéllar.
El siguiente paso fue notificar al legislador para dar respuesta a la Sección Instructora de los actos que se le imputan y posteriormente se llevará a cabo una comparecencia entre el Senador, Ministerio Público y la Sección Instructora, la cual todavía no se lleva a cabo.
Sobre las acusaciones en su contra, el Senador niega su presunta participación en la “nómina secreta” durante el mandato de César Duarte.
En conferencia de prensa virtual transmitida en vivo el 1 de diciembre de 2020 a través de su página de Facebook, Pérez Cuéllar aseguró que se trata de un tema meramente “electorero” del Gobernador Javier Corral, porque solo lo persigue cuando tiene aspiraciones políticas.
El 13 de marzo de 2021 la Cámara de Diputados informó que quedaba cerrado el plazo para presentar pruebas relativas a la solicitud de desafuero de Cruz Pérez Cuéllar, cuyo caso está asentado en el expediente SI/LXIV/DP/01/2020.
En conferencia de prensa el 5 de abril en Ciudad Juárez, el gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado declaró que respecto a las acciones penales en contra de quienes participaron en la “nómina secreta” faltaba por desahogar la audiencia de imputación de Cruz Pérez Cuéllar y César Jáuregui Moreno, este último secretario del Ayuntamiento en el municipio de Chihuahua.
“Él (Pérez Cuéllar) se está escudando en el fuero y no ha querido pedir licencia para no ir a la audiencia de imputación, pero está totalmente acreditado. Si se desahoga la audiencia se verá prueba por prueba”, señaló.
Respecto a la aprobación de su candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Juárez y el cargo que representa en el Senado de la República, Cruz Pérez Cuéllar señaló que la solicitud de licencia aún se está evaluando, cuya decisión final se notificará entre el 27 y 28 de abril.
De acuerdo con el IEE, el periodo de campaña para diputaciones, Ayuntamientos y Sindicaturas inicia el 29 de abril y concluye el 2 de junio de 2021.
“Está claro que en caso de no pedir licencia no recibiré un solo centavo del Senado”, mencionó.
Agregó que además debe esperar la resolución de la Cámara de Diputados sobre la solicitud de desafuero en su contra que presentó la Fiscalía.
Sobre este tema refirió que la Sección Instructora está por notificar cuáles pruebas se admitieron, tanto de su defensa como las presentadas por el Gobierno del Estado de Chihuahua, y una vez que ocurra se llevará a cabo la comparecencia.
