Una reforma a la Ley de Migración, aprobada en septiembre, prohibió la detención de infantes y adolescentes migrantes y le quitó la responsabilidad de su trato al Instituto Nacional de Migración, para trasladarlo al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Organizaciones exigen que la ley se aplique en un país donde, pese a pandemia, se siguen deteniendo y encerrando migrantes
Texto Samantha Anaya / Zona Docs Ilustración: Zona Docs
Animal Político
En los primeros ocho meses de este año 7 mil 442 niños, niñas y adolescentes migrantes fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración, pese a la emergencia sanitaria y a las medidas de sana distancia implementadas por el Gobierno mexicano producto de la pandemia.
La situación en la que se encuentra la niñez y adolescencia migrante en su paso por México es compleja y grave.
Durante 2019 fueron detenidas más de 50 mil niñas y niños migrantes, principalmente provenientes de Honduras y Guatemala. Esta cifra no tiene precedentes en los 17 años que la Secretaría de Gobernación publica sus estadísticas sobre detenciones migratorias, dice el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Coalición Internacional contra la Detención.
En comparación con 2018, las detenciones incrementaron un 82 por ciento.
La mayoría provienen de países del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador en territorio mexicano.
Este es el contexto en el cual el pasado 29 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Migración y a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para armonizarlas con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar la no detención de niñez y adolescencia migrante.
Esta reforma busca dar paso a una adecuada implementación de la Ruta de Protección Integral de Niñez y Adolescencia Migrante, que incluye opciones de cuidados.
Infancia atendida, no detenida
Las reformas prohíben la detención de niñas, niños y adolescentes por razones migratorias y otorgan la responsabilidad de garantizar el bienestar de esta población al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, quitándole esa competencia al Instituto Nacional de Migración (INM), y reconociendo los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de su condición migratoria.
Estos actos se llevaron a cabo, incluso, con la orden de un juez federal para eliminar la detención de niñas, niños y adolescentes migrantes en estaciones migratorias.
Una de las consecuencias de la detención de niñas, niños y adolescentes migrantes es la afectación a su desarrollo psicoemocional a corto, mediano y largo plazo.
Por lo que, se necesitan alternativas para erradicar las detenciones migratorias basadas en la criminalización de la migración y así garantizar que niñas, niños y adolescentes migrantes cuenten con opciones diferentes que garanticen su interés superior de acuerdo a sus necesidades específicas.
Atendiendo a esta necesidad, se creó la Comisión de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado, la cual dicta la política nacional de protección para la niñez y adolescencia migrante y solicitante de asilo en el país.
Mientras tanto, la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración, implementará protocolos, procedimientos e instrumentos para atender las necesidades específicas de cada niña, niño y adolescente migrante en México.
No obstante, se requiere el compromiso de autoridades federales, estatales y municipales para: implementar en todo el país esta ruta de protección integral; la publicación de las reformas a la Ley de Migración y Ley de Refugiados en el Diario Oficial de la Federación; así como, la asignación de un presupuesto federal y estatales suficiente para el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los Centros de Asistencia Social, públicos y privados.
Sin importar los riesgos o las políticas migratorias restrictivas de los países, las personas seguirán huyendo de las pandillas, los cárteles, la violencia de género, los conflictos por el territorio, la pobreza y las amenazas contra su vida.
Durante la pandemia por la COVID-19 el tratamiento a esta situación no debe detenerse, pues seguir con una política de criminalización de la migración incrementa los riesgos y vulnera los derechos de la niñez y adolescencia migrante, lo que les vuelve más propensas o propensos, por ejemplo, a contraer coronavirus al ser detenidas o detenidos en estaciones migratorias.
Huir de la pobreza, de la muerte, del odio
Los países de donde huyen los infantes y adolescentes migrantes representan riesgos para ellos.
Honduras, por ejemplo, es uno de los países con la tasa media anual de desempleo más alta en la región con un 6.4 por ciento, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este porcentaje no es del todo certero, dado que sólo representa el total de personas que están en busca de un empleo, pero no se toma en cuenta a las personas que ya han desistido de dicho objetivo
Por otro lado, de acuerdo con Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, el 2020 se posiciona como un año poco alentador para la economía hondureña, por varias razones, como: la desaceleración de la economía global, la caída en el precio del café, entre otros factores internos, incluidos aquellos relacionados con la situación política del país.
Por su parte, Guatemala es el país con la menor tasa de desempleo en la región de Centroamérica, con una tasa que asciende a 2.5% de la población activa, según del trimestre de 2019 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, en Guatemala, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se presentan un total de 13 homicidios violentos diarios en promedio.
El desempleo, el lento o casi nulo crecimiento económico y el clima de violencia en los que viven las personas, son algunos factores que llevan a la población de estos países a migrar a otras naciones con condiciones económicas y sociales menos precarias que en sus comunidades de origen.
Por ello, es importante destacar que, es obligación de cada Estado la protección integral y específica de los derechos de la niñez y la adolescencia en situación de migración, señalaron las organizaciones Coalición Internacional contra la Detención y el Instituto para las Mujeres en la Migración.
Consulta el boletín completo: https://mailchi.mp/imumi.org/implementacin-de-la-ruta-de-proteccin-integral-de-niez-y-adolescencia-migrante
